Integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y sus representantes estatales, así como distintas organizaciones de la sociedad civil, instituciones internacionales y de la academia, acordaron implementar acciones en contra de la venta de niñas, niños y adolescentes con fines de matrimonio forzado o unión temprana.
En la reunión se reconocieron carencias para un abordaje integral y la necesidad de generar datos estadísticos actualizados para un diagnóstico nacional y un marco jurídico adecuado.
La Secretaría de Gobernación, a través del SIPINNA, informó que en esta ocasión se estableció un terreno común del que puedan partir acciones urgentes para enfrentar el problema.
“Que la capacitación exhaustiva tendente a la erradicación de estas prácticas, el fomento a la denuncia y a estudios enfocados de lo individual a lo social, con base en el reconocimiento de que la niñez es la etapa más importante en el desarrollo del ser humano”, manifestó la Secretaría de Gobierno de Hidalgo.
En tanto, la Secretaría de Gobierno de Chiapas señaló que se debe comenzar por el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, “donde no se pueden admitir usos y costumbres que permiten la venta de niñas para matrimonios tempranos”.
Representantes del SIPINNA en Oaxaca subrayaron que cualquier propuesta de intervención para atender la problemática debe tener un diagnóstico con enfoque multidisciplinario en el que participen comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes.
Este ejercicio podría introducirse en espacios intersectoriales como el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo en Adolescentes.
También se propuso impulsar el conocimiento de los derechos de los menores de edad mediante campañas dirigidas a familias y comunidades, lo que implica promover su participación comunitaria contra el matrimonio forzado.
La Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer de Guerrero recalcó la importancia de prevenir, atender y sancionar la violencia contra los sectores más vulnerables, además de fortalecer a los municipios para que asuman sus obligaciones.
