Buscan con ‘porros’ adueñarse de casino

Por segunda ocasión arman una jugada para tratar de apropiarse del casino La Fortuna.

Cerca de 50 supuestos agremiados de la CTM, acompañados de un grupo armado de encapuchados, irrumpió en la casa de apuestas para tomar a la fuerza la posesión del inmueble.

A las 11:00 horas de ayer, la actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Nancy Idalia Pérez Vargas llegó al establecimiento e informó a los dueños de una orden para emplazar una huelga de supuestos trabajadores de Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.

Esta empresa no tiene la posesión de La Fortuna, ni cuenta con trabajadores sindicalizados después de que los dueños del casino sufrieron un primer intento de despojo en mayo de este año.

Según los casineros, Doblecaras S.A. de C.V. es la sociedad que tiene la posesión del negocio desde el pasado 1 de octubre, cuando firmaron un contrato de arrendamiento del local.

La actuaria fue acompañada de Érick Garza, un supuesto representante legal de la empresa demandada quien tenía la intención de demostrar que la poseedora del inmueble era Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.

“(El representante) llegó con un documento apócrifo. Es un documento que contiene firmas falsas y que ni siquiera está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio”, dice el abogado de La Fortuna, Rodrigo Alejandro Villarreal.

“Ese documento no tiene valor y ese documento no les da ningún derecho para ir a exigir algo que no les corresponde”.

El emplazamiento de huelga fue supuestamente promovido por un líder sindical identificado como Juan Enrique Contreras Cortés.

Pérez Vargas no pudo al final cumplir con su diligencia, pero informó a los casineros de una audiencia del caso para el próximo 2 de noviembre, que tiene el objetivo de desahogar pruebas y alegatos.

Al retirarse la funcionaria, un grupo de alrededor de cinco personas armadas y encapuchadas entró al casino para desalojar a los clientes y a los cerca de 150 trabajadores que laboraban en ese turno.

Uno de ellos se identificó en un principio como agente del Ministerio Público Federal, pero nunca acreditó su cargo, de acuerdo con el abogado Villarreal.

“Venían varias personas cubiertas del rostro, inclusive intimidaron a algunos de los empleados, en lo personal a mí también me amenazaron”.

Desconcertados, los dueños se pusieron en comunicación con Fuerza Civil, el Ejército, y las policías Federal y regiomontana, que no tenían conocimiento de un operativo en el casino.

La situación se prolongó hasta las 14:30 horas, mientras afuera de la casa de apuestas la confusión crecía entre los militares y las corporaciones locales de Seguridad que habían asegurado el área.

Finalmente las autoridades desalojaron a los sindicalizados y a los encapuchados cuando los dueños legítimos acreditaron la posesión del inmueble.

Un acoso incesante

El juez federal Luis Armando Jerezano Treviño fue acusado en mayo pasado de formar parte de un grupo del crimen organizado que se dedica a extorsionar a empresarios de casinos en Monterrey.

Jerezano Treviño, quien está suspendido desde agosto de 2011 bajo sospecha de corrupción por el caso del casino Royale, fue señalado en una denuncia penal como el responsable de la privación ilegal de la libertad que sufrió el propietario del centro de apuestas La Fortuna.

El presunto secuestro del casinero Arturo Cardona Calderón, cometido el pasado 14 de mayo en el municipio de San Pedro, se habría llevado a cabo por órdenes de Jerezano Treviño.

Según la denuncia, la intención fue despojarlo de sus acciones en la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V.

Esta empresa que hasta antes del intento de secuestro era propietaria del casino La Fortuna, comenzó sus operaciones el año pasado al norte de Monterrey.

El socio del casino denunció a Jerezano Treviño y a otras cuatro personas por los delitos de robo, privación ilegal de la libertad, extorsión y delincuencia organizada.

Entre los denunciados aparece también Manuel Balderas Ramírez, ex alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas, y su hijo Antonio Balderas Martínez.

Según la querella presentada en aquel mes, e1 14 de mayo pasado y cerca de las 14:40 horas, un grupo de cinco hombres arribó a las oficinas que Cardona Calderón y sus socios del casino La Fortuna tienen en la Torre Vértice en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con la denuncia y los videos de vigilancia de este edificio, los hombres subieron al noveno piso y entraron a la suite número 906 de este inmueble, ubicado en el sector de Valle Oriente.

El grupo era encabezado por el ex munícipe Manuel Balderas Ramírez, quien en los videos de vigilancia aparece con pelo cano y camisa blanca.

En tono amenazador, Balderas Ramírez se dirigió al casinero: “Vas a venir conmigo cabrón, quieras o no, y vas a hacer lo que yo te diga o se van a morir tus hijos. Nomás dime sí o no, para llamar al otro grupo que está ahí abajo”.

Los hombres se retiraron con Cardona Calderón y lo llevaron a la Notaría Pública Número 35, localizada en la avenida Gonzalitos, donde el titular es Ricardo Efraín Vargas Güemes.

El plan era concretar una operación de compra-venta y despojar al empresario de sus acciones que tenía en la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V., operadora del casino La Fortuna.

En la notaría el ex edil de Miguel Alemán también le ordenó a Cardona Calderón que se comunicara con sus socios, Sergio Jiménez Escobar y Jesús Andrés González, y les informara sobre los nuevos socios.

Las firmas de los socios eran necesarias para concretar la operación, pero uno de ellos estaba fuera de la ciudad, así que no firmó y el despojo no pudo concretarse.

Una de las dos denuncias está radicada ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, y la otra fue penal ante la Procuraduría de Nuevo León que encabeza el procurador Adrián de la Garza.

La querella fue presentada el pasado 24 de mayo en la Agencia del Ministerio Público Número 2, adscrita a la Unidad Especializada Antisecuestros y quedó registrada bajo el expediente 1742/2012.

Pero la Procuraduría de Nuevo León exoneró al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño.
El Ministerio Público no otorgó valor probatorio a los audios y videos que implicaban al juez federal suspendido hace un año por el caso del casino Royale y al ex alcalde de Miguel Alemán, Manuel Balderas Ramírez.

Y en el Consejo de la Judicatura Federal la denuncia sigue congelada, aunque esta instancia suspendió a Jerezano Treviño temporalmente, desde el 20 de septiembre de 2011, por los amparos que éste concedió a la empresa operadora del casino Royale.

El mismo centro de apuestas donde murieron 52 personas, incluidas dos mujeres embarazadas, tras el ataque que perpetró la organización delictiva Los Zetas el 25 de agosto de 2011.