Buscan blindar proyectos en Presupuesto Participativo

El Congreso de la capital y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) buscan blindar la dictaminación de los proyectos del Presupuesto Participativo de cualquier injerencia política, un mal que ha frustrado planes vecinales en años anteriores.

Aunque la nueva Ley de Participación Ciudadana le resta facultades a las alcaldías para validar las propuestas en esta clase de proyectos para la mejora de las comunidades, las preocupaciones se mantienen

Esto en vista de algunos de los perfiles señalados por el IECM para formar parte de los órganos dictaminadores tienen claras inclinaciones partidistas.

Las comisiones en cada una de las 16 alcaldías se integran de nueve personas; tres funcionarios de la administración local, un concejal y cinco especialistas. Estos últimos, definidos por el IECM.

El órgano electoral, designó a través del método aleatorio e imparcial de insaculación a cinco ciudadanos con conocimientos académicos en urbanismo, arquitectura, paisajismo o materias afines para cada demarcación política.

Sin embargo, algunos perfiles hicieron que desde el Congreso se cuestionara al IECM por dichos nombramientos.

Como integrante de la comisión dictaminadora de Xochimilco, figuró Martha Delgado Monzón, prima del exdelegado perredista Uriel González Monzón.

Funcionaria quien también laboró como subdirectora de Programas Comunitarios de la delegación Xochimilco del 2009 al 2012 cuando Manuel González González era el titular del Gobierno de la demarcación.

Otra que fue propuesta y puesta en duda fue Greta Lucero Ríos Téllez Sill, miembro de diversas asociaciones civiles vecinales y habitante de la alcaldía Cuauhtémoc. De quien se dijo, no tiene experiencia en materias afines al urbanismo o arquitectura ya que cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey.

Un tercer perfil, observado por Reporte Índigo en una revisión a las listas de los integrantes de los órganos dictaminadores es el de Alfa Eliana González Magallanes, quien está en la comisión que definirá los proyectos ciudadanos a realizar este año en la alcaldía de Tlalpan.

Durante las últimas elecciones locales y federales de 2018, González Magallanes fue candidata a alcaldesa por la coalición Por México al Frente conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.

Ante esta situación de dos personas con filiación política y una más que presuntamente –de acuerdo con integrantes del legislativo local– no tiene la experiencia requerida, este 10 de enero la diputada local Donají Olivera, presentó un punto de acuerdo para que el Instituto revisara sus nombramientos.

Solicitud que de parte del IECM se respondió a través de la promesa de evitar cualquier clase de sesgo político en la validación de propuestas.

Este año se registraron 43 mil proyectos vecinales, cifra que triplica a los 17 mil recibidos para la consulta del Presupuesto Participativo del 2019.

Prometen imparcialidad en Presupuesto Participativo

Un ejemplo de problemáticas por cuestiones políticas se dio en 2018, cuando el ciudadano Sergio González en la colonia Juárez, Cuauhtémoc, ganó la Consulta de Presupuesto Participativo de su localidad para realizar una aplicación digital para fomentar la cultura cívica.

Iniciativa rechazada por las autoridades de la alcaldía argumentando una falta de viabilidad, por lo que el tema actualmente se encuentra en litigio.

La validación de las propuestas vecinales es la etapa de la Consulta del Presupuesto Participativo durante la cual, las autoridades definen si las ideas de los colonos de la ciudad se pueden realizar y ser votadas posteriormente.

Para el diputado local y presidente de la comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la CDMX, José Martín Padilla, anteriormente los órganos dictaminadores eran conformados en su mayoría por personal de la alcaldía.

No obstante, explica que con la entrada en vigor en 2019 de la Ley de Participación Ciudadana, este proceso de validación se equilibra.

“La diferencia es que la mayoría era personal de las alcaldías, eran cinco funcionarios del gobierno local en los organismos dictaminadores, ahora la mayoría son expertos”, indica en entrevista con Reporte Índigo.

El legislador detalla que la ratificación de proyectos –que serán votados en la próxima Consulta de Presupuesto Participativo en el mes de marzo– se hace por la mayoría de integrantes del órgano y no por unanimidad.

Lo cual, permite que una idea que tenga cinco sufragios a favor y cuatro en contra –es decir, sólo uno de diferencia– sea validado.

Añade que si durante el proceso de ratificación, faltó uno de los integrantes del órgano y una propuesta vecinal está en un empate de cuatro a favor y cuatro en contra, se deja al final de la sesión la resolución de ese proyecto.

Si aún así se vuelve a declarar un empate, se convocará a otra sesión para definir si se avala o no, explica el titular de la comisión.

Es por ello, que Padilla Sánchez considera que los proyectos validados no se verán afectados por ningún tipo de interés detrás que no sea el ciudadano.

Mientras que el consejero electoral, Mauricio Huesca, coincide en que el sesgo político o de interés, queda anulado.

Explica que si algún ciudadano considera que tras la dictaminación –cuya fecha límite fue el 20 de enero– su proyecto fue rechazado de manera arbitraria, del 27 al 29 de enero tiene la posibilidad de solicitar una revisión por parte del órgano encargado.

Durante ese periodo, se tendría que volver a emitir un dictamen positivo o negativo.

Si aún así el promovente no quedara satisfecho, tiene la opción de acudir a impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).

Será el próximo 3 de febrero cuando se conozcan los proyectos específicos que serán sometidos a consulta en marzo en las más de mil 700 colonias de la ciudad.

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