Debido a que es uno de los mecanismos más utilizados para desviar recursos a las campañas electorales, Waldo Fernández, diputado local de Morena, presentó una iniciativa de ley para que quienes incurran en la utilización de ‘empresas fantasma’ sean inelegibles para cargos de elección popular.
El legislador presentó la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, con la que se plantea modificar dos artículos de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.
Fernández comentó que este tipo de delitos son acciones que, en definitiva, lesionan los intereses de la sociedad al viciar los procesos electorales del país.
“Es necesario que los procesos electorales estén libres de recursos que provengan de empresas simuladas, razón por la cual esta iniciativa propone que esa acción sea causante de inhabilitación para poder ser elegible para cualquier cargo de elección popular en el estado de Nuevo León”, comentó.
La iniciativa de Fernández es contemporánea a las presuntas anomalías en las que han incurrido exfuncionarios del Gobierno de Nuevo león, concretamente a través de una empresa que ha realizado operaciones por más de 25 millones de pesos con otras compañías que, en conjunto, integran una presunta red de 100 factureras.
¿Qué propone la iniciativa?
La iniciativa adiciona el segundo párrafo al artículo 9 y una fracción IV Bis al artículo 97 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
Artículo 9. (…)
Asimismo, serán inelegibles para los cargos de Diputados, Gobernador y para ser miembro de un Ayuntamiento, aquellos ciudadanos que a nombre propio o siendo dueños o accionistas de empresas, hayan celebrado en los tres años previos a la elección operaciones, negocios o relaciones comerciales con personas físicas o morales que se encuentren en la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes emitida por la autoridad fiscal.
Artículo 97. Son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal Electoral:
I. a IV. (…)
IV. Bis. Integrar en colaboración con la autoridad fiscal un registro de ciudadanos que, a nombre propio o siendo dueños o accionistas de empresas, hayan celebrado por un monto superior a los diez millones de pesos operaciones, negocios o relaciones comerciales con personas físicas o morales que se encuentren en la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes emitida por la autoridad fiscal.
V. a XXXV. (…)
