Al revelarse que se deben 190 mil millones de pesos por la administración de penales federales privados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que en caso de que no se llegue a un acuerdo se presentará una denuncia para terminar con contratos de 8 penales, concesionados durante la gestión de Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.
En la conferencia de prensa matutina, señaló que la instrucción que tiene Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, es dialogar con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo —porque se considera un “abuso” el costo- en beneficio de la hacienda pública.
“Lo siguiente, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo”, advirtió.
Dijo que se reservó los nombres de los proveedores, pero son empresas vinculadas a políticos.
Esto es lo que ya no queremos que no vuelva a suceder en el país y es un botón de muestra. Se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a sacar en todo el gobierno federal.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el sexenio de Felipe Calderón y cuando García Luna era secretario de Seguridad se firmaron contratos para ocho penales federales por 20 años por un monto de 266 mil 300 millones de peso, de los cuales se han pagado en 9 años 75 mil 661 millones de pesos.
Detalló que el monto pendiente por pagar es de 190 mil 638 millones de pesos y de los 22 mil 776 millones de pesos ejercicios por Prevención y Readaptación Social en 2020 68.3 por ciento fue para pagar a las empresas privadas, es decir, 15 mil 562 millones de pesos.
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Explicó que por cada persona privada de su libertad se paga diariamente 3 mil 819 pesos.
El primer mandatario lo comparó con un hotel de lujo, e incluso dijo que es similar a lo que gana diariamente como presidente.
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, indicó que los contratos fueron por asignación directa, no hubo licitación.
Señaló que aunque no haya internos “se tiene que dar el pago como si estuviera lleno el reclusorio”.
Explicó que la vigencia del contrato es por 22 años y no será de menor de 20 años, a menos que se tenga la terminación del mismo.
