Burocracia millonaria sin resultados

La Alerta de Violencia contra las Mujeres en 8 municipios de Jalisco emitida por el gobierno estatal a inicios del 2016 no ha rendido los frutos suficientes para proteger la vida de este sector de la población.

Organizaciones feministas como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) han puesto la mira en esta entidad por las cifras de violencia y la falta de políticas públicas contundentes que mejoren la situación de seguridad para las mujeres.

En noviembre de 2016 organizaciones pidieron que fuera declarada la alerta de género por la Secretaría de Gobernación, pero a dos años no ha habido una respuesta al respecto, por lo que el ONCF lanzó una petición en change.org en la que exigen su declaratoria.

“A casi dos años de dicha solicitud vemos con preocupación el contexto por el que fue solicitada, prevalece e incluso se agudiza e incrementa”, señala la petición.

“Las propias estadísticas del gobierno evidencian una realidad grave, y los indicadores buscan probar avances para que la Declaratoria no sea decretada, no son representativos de la realidad”.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que en Jalisco sólo han ocurrido 22 feminicidios en lo que va del año, con ningún registro entre los meses agosto, septiembre y octubre, según el corte más reciente.

Sin embargo durante enero y noviembre de este año se han registrado cerca de 197 homicidios dolosos en donde la víctima ha sido una mujer, según conteos de la Fiscalía General del Estado.

El mismo contraste ocurre con la violencia familiar, donde Jalisco suma 7 mil 736 casos de enero a octubre, según el SESNSP. Pero no hay ningún registro bajo de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, como se cataloga en este instrumento nacional.

Aún con los escasos registros oficiales, Jalisco es el octavo lugar en feminicidios, según el registro mencionado.

Tan importante es el tema de violencia contra las mujeres en Jalisco que incluso este tema destacó en la polémica del llamado ‘tráiler de la muerte’. Como lo detalló Reporte Indigo el pasado 9 de noviembre, de los 44 cadáveres sin registro e inhumación adecuada, 17 eran derivados de casos de feminicidios.

Alto presupuesto

Los resultados para combatir la violencia contra la mujer son pocos, el presupuesto que se ha ejercido para los temas de la alerta a nivel estatal es millonario. De acuerdo con registros del Instituto Jalisciense de las Mujeres, entregados a reporte Indigo vía transparencia, en los tres años de este mecanismo se han gastado 59 millones 149 mil 353 pesos.

Los recursos corresponden al Presupuesto Federal de Transversalidad, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a los Centros de Desarrollo para las Mujeres y el Presupuesto Estatal Extraordinario.

La mayor parte de este total se ejerció en 2017, con un total de 26 millones 779 mil 878 pesos. Mientras que en lo que va del 2018 se han ejercido 10 millones 938 mil pesos de 27 millones 692 que se autorizaron para este año fiscal.

En el desglose presupuestal, la mayoría de los recursos queda en los entramados burocráticos que se han visto involucrados en las políticas públicas de la alerta de violencia.

Un ejemplo de ello es lo que en este 2018 se ha ejercido por parte del Presupuesto Estatal Extraordinario. De los 10.9 millones de pesos utilizados este año, 7 millones 787 mil 446 han sido utilizados para pagar recursos materiales y humanos.

Por otro lado, 545 mil 443 pesos ejercidos del Presupuesto Federal de Transversalidad, del millón 965 mil 200 que se autorizó para Jalisco, han sido gastados en tareas de profesionalización de los funcionarios públicos y capacitaciones, ya sea para quienes atienden a las mujeres en situación de violencia o en temas como el Protocolo Alba para el Estado de Jalisco.

En tanto que el PAIMEF señala el fortalecimiento o creación de ciertas instancias de apoyo a mujeres en situación de violencia, como el Módulo de Orientación Itinerante o el Centro de Atención Externa, el mejoramiento de la asistencia y la protección, pero enfocado en talleres y la contratación de servicio profesionales.

Como explicación a este engrosamiento de la burocracia en las tareas que están enfocadas a la violencia contra las mujeres, expertos como Francisco Jiménez Reynoso, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, han expresado que para reducir los delitos se deben incrementar los presupuestos que sean necesarios en virtud de que esto atraiga un personal más capacitado.

Sin embargo, aún cuando se cuenta con un amplio presupuesto para llevar a cabo las acciones de la alerta, el IJM ha señalado que esta entidad se coloca en una posición de mínima protección presupuestal, como lo señala en el Estudio sobre las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que afectan a niñas y mujeres en el estado de Jalisco.

Este estudio, publicado en octubre de este año, da cuenta de una disparidad presupuestal en la asignación y una baja proporción de los recursos que se obtienen para realizar las tareas de combate a la violencia de género.

Esto con referencia a otros programas como el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), que no hacen distinción de la violencia contra las mujeres y dan un enfoque general a las tareas de seguridad.

“Jalisco se ubica entre los estados con menor proporción de recursos PAIMEF con relación a otros recursos asignados para prevención de la violencia y el delito (SUBSEMUN y PRONAPRED), la entidad recibe menos del cinco por ciento, lo que lo coloca en una posición con mínima protección presupuestal”, se lee en el documento del IJM.

En este contexto, el gobierno estatal señala en su último informe de gobierno a la alerta como un logro gracias a la construcción de un segundo Centro de Justicia para las Mujeres y la capacitación a los servidores públicos.