La descentralización de las dependencias del gobierno federal ya prendió las alertas en el gremio de los burócratas que ha pedido garantías al gobierno electo.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) ha pedido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que quienes trabajen en una de las dependencias que saldrán de la Ciudad de México tengan asegurado el acceso a la vivienda, a servicios médicos y a escuelas de todos los niveles.
Desde la campaña electoral, el hoy presidente electo planteó como una de sus propuestas la descentralización de las dependencias gubernamentales.
López Obrador anunció en su campaña que Turismo irá a Quintana Roo, Medio Ambiente a Yucatán, Pemex a Campeche, Energía a Tabasco, CFE a Chiapas, Conagua a Veracruz, Desarrollo Social a Oaxaca, Oaxaca, la SEP a Puebla, Economía a Nuevo León y el SAT a Baja California, entre otras reparticiones.
En la Ciudad de México quedarían solamente la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que para llevar a cabo el proceso de descentralización de las dependencias federales se debe incluir a todos los involucrados en la planeación del movimiento, pues no hacerlo puede acarrear resistencias que se traducirían en un conflicto para el gobierno.
Piden garantías
Los trabajadores al servicio del Estado llamaron a Andrés Manuel López Obrador a no imponer “nada, nada por la fuerza” en el tema de la descentralización de las dependencias.
En una carta enviada al presidente electo por el líder del FSTSE, el priista Joel Ayala Almeida, llamó a que en el proceso prive la planeación y se considere siempre el mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores gubernamentales
Para ello, pidieron a López Obrador que se consideren tres elementos básicos para que los burócratas tengan garantizado el mejoramiento de sus condiciones de vida.
En primer lugar, acceso a la vivienda, segura en su construcción, amplia, de calidad, con áreas de esparcimiento y espacios deportivos.
Han pedido también acceso a instalaciones de Educación Pública que abarque todos los niveles educativos, desde el nivel básico hasta la educación superior.
Asimismo, acceso a servicios médicos de calidad, con todos los soportes necesarios: médicos, enfermeras radiólogos y paramédicos; además de laboratorios, instrumental quirúrgico y equipamiento médico.
Una vez cumplidos estos requerimientos, se deberá hacer el llamado a los trabajadores que voluntariamente quieran tomar parte del cambio en la dependencia a la que están adscritos.
“Significamos que, al llevarse acabo el presente propósito, será gradual, parcial, durante el próximo sexenio basados en la capacidad presupuestal y otros condicionamientos que puedan aportar la posibilidad de llevarse a cabo”, pidió la FSTSE.
Todo esto, señalan los burócratas, ayudará al proceso de paz social y reconciliación nacional, pues se garantiza la integridad del seno familiar.
Dos casos exitosos
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez afirma que es posible hacer el proceso de descentralización, siempre y cuando participen todos los actores involucrados —gobierno federal, estatal, sindicatos—, se garanticen las condiciones de vida de los trabajadores y la operatividad de las dependencias.
El estudio hace referencia a los dos casos de descentralización que ya se han hecho en el pasado y que resultaron exitosos: el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que se mudó de la Ciudad de México a Aguascalientes; y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), que se cambió de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos.
En ambos casos, su mudanza hacia fuera de la capital del país ocurrió después del sismo del 19 de septiembre de 1985, por los daños que sufrieron las sedes de sus oficinas.
En el caso del INEGI, primero se aplicó una encuesta entre los trabajadores para saber si estaban dispuestos a cambiar de residencia y se les mantuvo informados todo el tiempo sobre el proceso.
En la planeación, se analizó qué implicaciones financieras tendría el proceso, cuáles serían los requerimientos de infraestructura urbana necesaria, de vivienda y de apoyo para el traslado de los trabajadores.
Se construyeron 2 mil viviendas en fraccionamientos que fueron asignados por el gobierno estatal y se dio acceso a créditos con varias instituciones para que los trabajadores pudieran adquirir esas viviendas.
Además, el gobierno federal colaboró en todo momento con las autoridades estatales para coadyuvar en la provisión de los servicios a los nuevos habitantes de la ciudad de Aguascalientes.
En el caso de CAPUFE, la mudanza involucró a mil 400 empleados. El 60 por ciento de todos los trabajadores aceptaron el traslado.
El sindicato y el organismo negociaron tomar algunas medidas para convencer a los trabajadores, por lo que se concedieron liquidaciones extraordinarias para quienes rechazaran la mudanza a Cuernavaca; se contempló la posibilidad de contratar a las parejas de los trabajadores para que no se desmembrara a las familias y aumentaran sus ingresos familiares; y se apoyó con recursos para la adquisición de viviendas y para inscribir a sus hijos en las escuelas.
El proceso de CAPUFE, señala el análisis, tuvo aspectos positivos y negativos.
“Por un lado, los trabajadores que se establecieron en Cuernavaca viven ahora en mejores condiciones que en la Ciudad de México, esto relacionado con una reducción en sus tiempos de traslado; por otro, el costo fue elevado, pues se calcula que, en pesos actuales, éste fue de aproximadamente 5 mil millones de pesos”, comenta el estudio.
Tomando como base estos dos casos exitosos, el Instituto Belisario Domínguez señala que para que un proceso de ese tipo tenga éxito, lo fundamental es la planeación en dos vertientes, contemplando las necesidades de la organización y de la comunidad que se reestablecerá en otra ciudad.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez asegura que es posible la descentralización de dependencias. Puso como ejemplo al INEGI y a CAPUFE
Además, el proceso debe hacerse en constante comunicación con los trabajadores y con los gobiernos locales para dar las condiciones a los empleados, respetando siempre sus derechos laborales y dándoles facilidades para tener acceso a la vivienda, traslados y condiciones de adaptación a las nuevas comunidades; sin olvidar que quienes no deseen reubicarse deben tener alguna compensación por parte del Gobierno federal.
