Que ironía, pero en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no respetan su razón de ser.
Audios en poder de Reporte Indigo exhiben a la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, cuando amenaza a un exempleado a degradarlo de su puesto, reducirle su salario y finalmente despedirlo del organismo.
Las grabaciones forman parte de la queja 16/2013/1500/00, presentada el pasado 28 de febrero ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el exdirector de Seguimiento y Conclusión de Recomendaciones, Gustavo Meraz Rodríguez.
El quejoso que trabajó en el organismo por 10 años denuncia que fue objeto de discriminación, violaciones a sus derechos laborales y acoso por parte de la titular de la Comisión Estatal.
Este recurso fue turnado a la Sexta Visitaduría General de la CNDH.
Según la queja, el hostigamiento inició el 12 de febrero de este año, cuando el exdirector fue informado por parte de la ombudsman que le disminuiría su sueldo y lo cambiaría de categoría.
Esta decisión, según Martínez Garza, formaba parte del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado.
“Vamos a bajarte el sueldo, me parece una medida que justifica el cambiarte el sueldo, el cambiarte de categoría, es para adaptarte a lo que pidió Gobierno del Estado”, se escucha en un audio.
“Mi propuesta final es que ganes lo mismo que ganan los demás directores y que te quedes bien, convencido, echándole ganas, de buenos modos, todavía con el nombramiento de director”.
Y sentenció: “Esa es una propuesta. Las otras son que te vayas o que te quedes, pero sí voy a estar molesta”.
En esta conversación la titular de la CEDH admitió que el exdirector era un buen elemento y que por esa razón le había aumentado el sueldo en dos ocasiones, pero después cambió de opinión con respecto a él.
“No tienes la capacidad de hacerlo (el trabajo), lo tengo que decir de esa manera tan cruel”, le dijo.
Meraz Rodríguez asegura en su queja que este comentario fue: ”una forma por demás humillante y violatoria de derechos humanos, ya que atenta mi dignidad como persona”.
El quejoso señala que ante la negativa de aceptar ese acuerdo, la ombudsman le refirió con un tono “amenazante” lo siguiente:
“¿Cómo puedes durar así, molesto? El desgaste, más que para mí, es para tí, porque yo he sobrevivido aquí cinco años a gente que me molesta bastante, nada más que me olvido 364 días de ellos.
“Y eso que aquí no hay bullying. ¿Tú solo como te vas a sentir? No te quedan muchas opciones, en el sentido de que piénsale para mañana, la propuesta final es que te quedes con tu cargo de director con el sueldo de los demás directores”.
El exempleado menciona que la presidenta de la CEDH violó sus garantías laborales y su derecho a la igualdad, porque fue objeto de discriminaciones.
Lo incluyen en ‘la lista’
Dos días después de ese encuentro, el 15 de febrero, el extrabajador fue notificado por la secretaria particular de la ombudsman, Laura Nelly García Barbosa, que sería degradado de su cargo.
Por órdenes de ella, se le informó que a partir del 18 de febrero el titular de la Secretaría Ejecutiva, Ricardo Morales Tamez, se haría cargo de las gestiones con las autoridades para el seguimiento de las recomendaciones.
“Lo anterior significa que el suscrito ya no realizaría ningún enlace con las autoridades del Estado y de los municipios, parte fundamental de mi trabajo como director de Seguimiento y Conclusión”, comenta Meraz Rodríguez en su queja.
También fue enterado que Victor Hugo Palacios Garza, funcionario adscrito a la Segunda Visitaduría, lo apoyaría en la operación.
El 19 de febrero, el secretario ejecutivo le informó que se encargaría de su trabajo, pero que no perdería su nombramiento como director.
“No entregas la Dirección de Seguimiento, entregas el control de los expedientes, va a ser Víctor el operativo y yo hacía el exterior le voy a dar seguimiento, esa fue la instrucción”, se escucha a Morales Tamez en una de las pruebas.
El hostigamiento se agravó un día después, el 20 de febrero, cuando el extrabajador fue informado de su liquidación.
“Entraste a un programa de ordenamiento del Gobierno del Estado, más tarde o mañana te van a llamar de Recursos Humanos de Gobierno del Estado.
“Es como un tipo de despido voluntario, lo propone la institución, entonces, la licenciada (Martínez Garza) te puso en la lista”, se oye en otra grabación la directora de Administración, Maricela González Sosa.
Meraz Rodríguez asegura que en ningún momento fue consultado sobre su deseo de ser incluido en el programa y que nunca fue notificado por escrito de esa situación.
El gobernador ‘lo pidió’
El 21 de febrero, el quejoso se presentó ante el director de Recursos Humanos del Gobierno estatal, Marco Arangua Morales, quien supuestamente se iba a encargar de su liquidación.
Sin embargo, en el audio presentado como evidencia se escucha al funcionario confundido y desconcertado por la noticia.
“La licenciada Minerva me comentó que ibas a venir, pero no me dio detalles. Es para baja, te despidieron, ¿tú que puesto tienes? Bueno, yo necesito analizar tu caso, me pescas frío, nomás me dijeron que venías, pero no me dijeron para qué”.
Ante la incertidumbre laboral, Meraz Rodríguez pidió una audiencia con la ombusman que le fue concedida el 25 de febrero.
Ahí, la titular de la CEDH expresó que “el gobernador nos pidió” que el organismo se sumara al programa de reordenamiento y que cómo el exdirector no había aceptado la reducción de su sueldo, no tuvo más opción que incluirlo en éste.
“Eres el primero que está en esta lista del programa, yo te dije las palabras que para mí fueron claves: ‘échame la mano’, la echada de mano era el sueldo”, expresó.
Finalmente, el 26 de febrero, Martínez Garza le dijo en otra conversación grabada: “Yo quiero que ya no estés es la oficina, porque tú ya estás puesto a disposición del Gobierno del Estado, ¿qué necesidad tienes de que te desgastes, Gustavo?”.
Después de este último encuentro, el exdirector solicitó a la CNDH medidas cautelares por el temor de que no le pagaran su sueldo a partir de la segunda quincena de febrero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió que Meraz Rodríguez debía comparecer ante el Consejo Consultivo de la CEDH y los tribunales laborales para resolver su situación.
Esta resolución lo dejó insatisfecho y su defensa estudia la posibilidad de ampararse ante la justifica federal para que el organismo nacional lo proteja.
Sin embargo, también interpuso una demanda ante Conciliación y Arbitraje, que concluyó en un convenio a su favor.
