El profesor dijo que “podíamos prostituirnos para conseguirlos”

En un salón de secundaria en la Ciudad de México un profesor de Matemáticas le pide a sus alumnos 25 pesos para sacar una fotocopias. No totodos tienen esa cantidad.

A conseguirlos como puedan. El profesor le dijo a un alumno que vendiera besos o se dejara dar de cachetadas, pero que obtuviera el dinero.

Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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En un salón de secundaria en la Ciudad de México un profesor de Matemáticas le pide a sus alumnos 25 pesos para sacar una fotocopias. No totodos tienen esa cantidad.

A conseguirlos como puedan. El profesor le dijo a un alumno que vendiera besos o se dejara dar de cachetadas, pero que obtuviera el dinero.

El adolescente decidió “vender cachetadas” para completar el dinero; consiguió 10 pesos más, de los que “ocho pesos se los pagaron por cachetadas”, “un peso por golpe” y otro peso porque “le torcieran los pezones”, lo cual ocurrió en presencia del profesor.

Al enterarse del hecho, la madre del alumno de 15 años inició en 2013 una serie de quejas ante las autoridades educativas.

Este miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que emiti8ó una recomendación a la Secretaría de Educación Pública por el maltrato y violencia escolar cometidos en agravio de dos estudiantes en una Escuela Secundaria de la Ciudad de México.

El relato de outra alumna refuerza el testimonio de maltrato por el joven. En el mismo escenario en el que les pidió dinero para sacar copias, les dijo a las niñas que si no conseguían los 25 pesos, dijo que “podíamos prostituirnos para conseguirlos”.

Todo esto se lo comenté a la asesora de la escuela para que diera aviso a los papás de mi compañero y ella no hizo nada”, indica el testimonio.

En la época en que ocurrieron los hechos, el adolescente fue diagnosticado con depresión y cuadro clínico compatible con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), emitido por la Unidad de Especialidades Médicas del Hospital General Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, del cual es derechohabiente.

Un psicólogo de la CNDH también constató que el adolescente sufrió una afectación psicológica, al ser expuesto ante sus compañeros, quienes lo denigraron y humillaron.

La directora de la Secundaria instrumentó, el 4 de julio de 2013, un acta de hechos en contra del profesor, por incurrir en “faltas a la probidad y honradez” en el desempeño de sus labores; sin embargo, al día siguiente otro servidor público de esa escuela convocó a padres de familia para solicitarles escritos y firmas en apoyo del profesor. El 26 de agosto la directora fue sustituida de su cargo.

El profesor fue suspendido siete días sin goce de sueldo y el 20 de noviembre el profesor fue asignado a otro plantel escolar. En 2014 fue reincorporado a la secundaria donde ocurrieron los hechos.

El profesor incurrió en actos de maltrato escolar de tipo físico, verbal y psicológico, al iniciar, alentar, permitir e incluso participar en las agresiones que recibieron la víctima y su compañera de clases, con lo que incumplió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por no otorgarles trato con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud.

La CNDH recomendó al Secretario de Educación Pública se repare el daño a la alumna y alumno, en términos de la Ley General de Víctimas, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los beneficios que conforme a derecho les corresponden”, informó en un comunicado.

Se imparta un programa de educación, formación y capacitación al personal de las escuelas de educación básica, incluida la Secundaria, que se enfoque en la atención y trato que debe brindarse a alumnos con TDAH, para evitar todo tipo de discriminación y exclusión.

También, se investiguen de manera imparcial y exhaustiva las conductas de maltrato escolar en que probablemente incurrieron otros dos servidores públicos del plantel,

Las escuelas de educación básica de la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México deberán evaluar y actualizar sus protocolos para eliminar cualquier forma de violencia escolar en un plazo de seis meses.

 

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