Bosques amenazados por tráfico de madera y carbón

Los delitos forestales están a la alza en los últimos años en el país y durante 2019 se llegó a 220 casos. Las estadísticas indican que la persecución de transporte y comercio de madera y carbón llegó a 220 procedimientos, en tanto que los años anteriores se presentaron 193, en 2018, y 131 en el 2017.

En los últimos tres años completos, la Fiscalía General de la República —entidad que averigua los delitos federales vinculados con delincuencia organizada— ha iniciado 544 carpetas de investigación por hechos que inciden en la violación del artículo 419 del Código Penal Federal, refente al traslado y comercio, entre otros, de madera aserrada, madera en rollo (troncos), astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos.

“Jalisco no es una potencia forestal en el país, pero tampoco podemos pensar que esas 34 carpetas de investigación son de árboles nativos o de bosques. La ley detiene a camiones que llevan madera en las carreteras”, explica el investigador Miguel Magaña Virgen, profesor investigador especialista en impacto ambiental.

El profesor criticó que si bien las cifras son de la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad que tiene que revisar estas conductas principalmente es la Profepa y tiene pocos inspectores.

“Profepa tendrá en el estado cuando mucho cuatro inspectores para 125 municipios o para todo el territorio del estado”, explicó el profesor de la Universidad de Guadalajara en entrevista con Reporte Índigo.

En el tema es importante destacar que si bien esta compilación se trata de tráfico de madera ilegal, hay todo un universo de destrucción de madera que está avalado por las autoridades y que carecen de estudios serios. Estas conductas impactan en el ecosistema y alteran la vida de aves y plantas de las zonas.

“Hay madera que es legal, pero es inmoral. Cuando se hacen los cambios de uso de suelo en la aplicación normativa que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y hay derribo de árboles porque se va a cambiar el uso de suelo para meter cultivos, aguacates, otra cosa. Esa madera se corta con autorización, pero si el cambio de uso de suelo se hizo sin los requisitos correspondientes, es como lavar madera”, explica Miguel Magaña Virgen al comparar el delito con el lavado de dinero.

Critica que en estos procedimientos las autoridades otorgan los permisos para las construcciones y se pierde una gran cantidad importante de árboles.

“En Los Altos (de Jalisco) están abriendo carreteras y el criterio de abrir una carretera, un camino, entre más directo sea es más económica la construcción, pero esa economía tarde que temprano sale muy costosa porque los caminos se tienen que hacer en función de la vegetación, en función del impacto ambiental que vayan a atender”, detalla.

Otra realidad es que la ley contempla la revisión de estas conductas, pero ante la carencia de inspectores y el poco margen de acción que tienen resulta muy difícil la aplicación de las normas.

El investigador ejemplificó que en el municipio jalisciense de Zacoalco de Torres el propio Ayuntamiento realiza obras en las que se tiraron muchos árboles importantes para el ecosistema.

“Fueron árboles que son activos, que de alguna manera tienen 20 o 30 años y dicen que hay que quitarlo porque la obra va por delante. En ese municipio la gente se está inconformando por las actividades del Ayuntamiento. No es el único municipio que hace eso, la mayor parte de los municipios, en nombre de la modernidad, dejan atrás los criterios ambientales”, expresa.

El experto explica que el avance de la humanidad tiene que ir de la mano con los procesos de reciclaje para la reutilización del producto. De otra manera, el progreso no servirá de nada.

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