Las mujeres del Bordo

Ya tiene más de tres años de que un operativo interinstitucional llegó al basurero del Bordo de Xochiaca y se llevó a nueve personas, entre trabajadores, vendedores y pepenadores, hasta un funcionario público municipal.

Están acusados de delincuencia organizada por el supuesto secuestro de dos víctimas que, a decir de sus familiares, no se han presentado para refrendar las acusaciones. Ocho de ellos permanecen en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Otro, quien padece de sus facultades mentales, fue trasladado a un penal regional.

Era un 17 de mayo de 2013 cuando el operativo mixto, denominado BOM, llegó al basurero y levantó a los trabajadores que ahí estaban.

Las esposas y parientes cercanos de estos hombres tienen que sostener a sus hijos y además 

dedicar tiempo para la defensa legal de sus esposos.

 “Es difícil. La verdad, es muy difícil, ya que uno como mujer tiene que hacer el trabajo de los dos. 

Tiene que sacar a los hijos adelante, se tienen que hacer muchos gastos. Sin la pareja. 

“Cuesta trabajo porque hay que cuidarlos, asistir al trabajo, es una situación muy pesada, muy triste además, porque sabemos que son inocentes y que están pagando por algo que no hicieron”, dice Selena Zárate.

La mujer afirma que no les han podido demostrar su culpabilidad, pero no les han dictado sentencia ni los absuelven. El proceso está estancado. Nada se mueve, sólo el tiempo.

“Lo que pedimos son unos ojos que vean la realidad, que vean las injusticias que hay en todo este caso desde un principio hasta la fecha.

“Es lo que queremos, unos ojos que vean eso y personas que nos ayuden, pues estamos un poco a ciegas y se puede decir que nos atacan todas las autoridades. Nos atacan y no sabemos cómo defendernos”, expresa la esposa de Mauricio Fuentes Cantero, detenido en ese operativo.

‘Todo está muy mal’

Martha Fuentes Cantero es hermana de Mauricio, el esposo de Selene, y dice que ha visto cómo su 

cuñada tuvo que volver a trabajar como policía para llevar el sustento para sus hijos. También lavó ropa ajena.

“Todo está muy mal, desde que quiere la licenciada meter una prueba, una pregunta, no se la permiten. Se están como encubriendo entre ellos mismos.

“Está habiendo otra injusticia más. Queremos que alguien nos apoye, ya estamos hartos de ver cómo se ríen de nosotros, de cómo los elementos aprehensores llegan y se burlan porque miran al Ministerio Público, entre ellos mismos se dicen qué decir y qué no decir.

“Terrible. Terrible. El (vivir) diario para mí es como si hubiera sido ayer. No puede uno comer de estar pensando en esta situación tan injusta. No es justo. No es justo. Pedimos ayuda. A gritos, pedimos ayuda”, asegura Martha.

Dice que se siente insegura porque en este país no hay justicia para las personas de bajos recursos. 

Sus familiares están encarcelados y ellas no tienen dinero para pagar una defensa y el abogado de oficio tiene muchas trabas para la posible liberación.

“Necesitamos a alguien que de verdad tenga compasión y revise el caso. Está más que obvio, tenemos bastantes pruebas, pero ¿quién?”, piensa.

Tratados como un cártel

En septiembre del 2015, Reporte Indigo publicó que pepenadores del basurero en el Bordo de Xochiaca, fueron detenidos y acusados de formar parte de una banda que se dedicaba al secuestro y tráfico de drogas. 

‘Siento mucho dolor’

Ana Palacios Vargas es esposa de José Manuel Rico Hernández, presunto jefe del supuesto “Cártel del Bordo”.

Su marido trabajaba como funcionario municipal y llegó al sitio de la detención para tratar de interceder por sus vecinos.

Alegó con los efectivos encargados del operativo y les dijo que los hombres que se llevaban eran honrados. Los uniformados se lo llevaron en uno de los vehículos. Las mujeres y otros familiares pensaron que era un problema menor, que saldrían con una fianza. Pero no. Ya llevan tres años acusados de ser una banda del crimen organizado.

“(Siento) mucho dolor. Aparte de eso, pues mucha inseguridad porque ya no podemos estar tranquilos en nuestra casa porque en cualquier momento, tanto militares como federales y estatales se pueden meter y llevarse a los familiares de uno sin que ellos hayan hecho nada”, afirma.

Ana quiere que el juicio avance porque sabe que su esposo es inocente.

“No se vale que nada más porque ellos digan ‘a estos porque estos son los que lo hicieron’ y se les siembren las cosas. Cuando son ciertas las cosas no tienen por qué estar hablando por teléfono que qué pasó con las armas, porque se los va a cargar la chingada, que si siempre los van a apoyar con eso o no, porque si no se los va a cargar la chingada”, dice.

Los efectivos policiacos y militares hablaban por teléfono el día de la detención: “Ellos hacen llamada telefónica, no sé a quién llaman, pero ellos llaman y hacen esa mención. Las armas, la droga y los secuestrados se los ponen a nuestros familiares”, recuerda.

Los detenidos

Ocho de los nueve detenidos están en Puente Grande, un penal de máxima seguridad ubicado en Jalisco. Casi no pueden ir a verlos, hablan con ellos una vez al mes y si pueden les mandan algo de dinero para que compren papel de baño o comida en el penal.

Ana dice que la historia de las aprehensiones en el Bordo de Xochiaca, una de las zonas más marginadas del Estado de México, es “triste, amarga e injusta”, con muchas irregularidades.

Por eso pide la ayuda de grupos de derechos humanos o de cualquier persona que le pueda ayudar a demostrar que su marido es inocente y no un jefe de secuestradores, como lo presentaron en un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las mujeres esposas de los miembros del presunto “Cártel del Bordo” viven todavía cerca del basurero en espera de que un día la justicia llegue. 

Pero también es probable que los sentencien. Si eso pasa sabrán al menos cuántos años durará el suplicio y no tendrán que levantarse cada día con la esperanza de que en cualquier momento regresen.