SUSCRÍBETE
Cuando la ASF analizó los bonos concluyó que Hacienda fue incapaz de demostrar que los recursos obtenidos fueron invertidos en proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Foto: Especial

Bonos verdes mexicanos, pero también opacos

La ASF advierte que los bonos sustentables que ha emitido el Gobierno de México, carecen de mecanismos que permitan corroborar que los recursos captados se están invirtiendo realmente en proyectos de esa naturaleza

Los llamados bonos sustentables que ha emitido el Gobierno de México con el objetivo de captar recursos que permitan financiar proyectos de índole social y ambiental, particularmente para el combate del cambio climático, presentan deficiencias que impiden corroborar que los fondos obtenidos fueron destinados verdaderamente hacia ese tipo de acciones.

Así lo concluye la Auditoría Superior de la Federación tras analizar la colocación de bonos que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de la Cuenta Pública 2022, y donde descubrió estas fallas alrededor de los Bonos ODS, es decir, vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), derivados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

“Al respecto, se identificó que, con la revisión de los contratos de los cinco bonos emitidos en yenes para el financiamiento del gasto público del país, en el título del documento se enuncia Bonos ODS, sin embargo, no se incluyó algún apartado en el que se especificara con qué objetivo y metas de desarrollo sostenible se vinculó, ni se indicó cómo, con la emisión del bono, contribuye a su cumplimiento.

“Asimismo, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del tercer trimestre de 2022, se señaló que los recursos obtenidos de dicha transacción se destinarán para proyectos alineados al Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, y que se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, que son los gastos elegibles para 2022”, reportó la ASF.

Durante el año 2022, la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal emitió sus bonos sustentables denominados BONDES G, los cuales, según lo expuso la propia dependencia el 21 de julio de 2022, tenían por finalidad la captación de fondos que le permitieran al país avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

“Los BONDES G se emiten bajo el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), elaborado por la Secretaría de Hacienda, que tiene el propósito de definir los mecanismos adecuados para apoyar el seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030 por medio del presupuesto del Gobierno federal”.

No obstante, cuando la Auditoría Superior analizó los bonos sostenibles que se emitieron en el año 2022, concluyó que la Secretaría de Hacienda fue incapaz de demostrar que, en efecto, los recursos obtenidos con estos instrumentos fueron invertidos en proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Finalmente, respecto del bono emitido en agosto, se identificó en el documento contractual que éste se relacionó con un bono sostenible, pero no se especificó con qué objetivo y metas de desarrollo se vinculó, ni se indicó cómo, con la emisión del bono, contribuyó a su cumplimiento.

“En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del tercer trimestre de 2022, se recalcó que, si bien los recursos obtenidos de la emisión se utilizaron 100 por ciento para fines de refinanciamiento, el Gobierno federal se comprometió a destinar un monto equivalente a 2 mil 203.0 millones de dólares a proyectos sostenibles alineados al Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, sin embargo, la secretaría no se acreditó el destino ni la trazabilidad de los recursos para esos fines“.

Bonos colocados

De acuerdo con información que proporcionó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía transparencia, durante el año 2022 realizó tres emisiones de sus BONDES G, por un monto total de 45 mil millones de pesos. Así lo puntualizó su Dirección General de Deuda Pública:

“La primera emisión de Bondes G se realizó el 2 de mayo de 2022, por un monto de 20 mil millones de pesos; la segunda emisión se realizó el 20 de julio de 2022 por un monto de 15 mil millones de pesos y la tercera emisión se realizó el 30 de noviembre de 2022 por un monto de 10 mil millones de pesos (Recurso de Revisión RRA 4177/23)”.

El 21 de julio de 2022, cuando la dependencia reportó la segunda emisión de estos bonos sustentables, se enfatizaron los rubros sociales y medioambientales que, según se afirmó entonces, serían apoyados con estos recursos; destinos que ahora, por ende, se han puesto en duda por la Auditoría Superior y sus hallazgos.

“La emisión de los BONDES G contribuye al desarrollo del sistema financiero sustentable en México, que busca movilizar los recursos de la economía a acciones y proyectos que disminuyan las brechas sociales y combatan el cambio climático. (…) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la segunda colocación del Bono de Desarrollo del Gobierno federal alineado a criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), BONDES G”.

La Recomendación

Derivado de estas fallas que la Auditoría identificó en los bonos sustentables que ha emitido la Secretaría de Hacienda, y las cuales impiden verificar que los recursos captados sí se están utilizando para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, el órgano fiscalizador generó esta recomendación justo para corregir las deficiencias detectadas.

“Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la Cuenta de la Hacienda Pública federal y en los documentos de rendición de cuentas que considere pertinentes, el registro de la fuente de financiamiento de los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos en los mercados internacionales de capital, con el objetivo de garantizar y transparentar que estos recursos se utilizan para los fines autorizados en la Constitución (…) y fomente una estructura sostenible de costos y nivel de la deuda que minimicen los riesgos en el mediano y largo plazo, mediante el manejo integral de la deuda externa, a fin de prever posibles escenarios adversos y garantizar la estabilidad económica”.

Síguenos en Google News para estar al día
Te puede interesar