Justo cuando la discusión sobre la reforma constitucional que tuvo a bien prolongar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez –de dos a cinco años– parecía llegar a su fin, nuevas complicaciones e incertidumbres se presentaron en el panorama político del estado de Baja California.
Este 2 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una declaratoria de validez de los resultados del proceso electoral 2019, precisando que la victoria del hoy gobernador electo del estado fronterizo tenía únicamente un periodo de dos años.
“La resolución avala un periodo para la gubernatura de dos años como señala la Constitución local. El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior”, explicó el órgano de justicia a través de un comunicado.
El próximo 1 de noviembre, Jaime Bonilla Valdez tomará protesta como gobernador por un periodo –de conformidad con la publicación de la reforma constitucional– de cinco años
Esta resolución, de inmediato fue interpretada como un punto final en el capítulo electoral y las controversias constitucionales que desde el 8 de julio rodearon la polémica “Ley Bonilla”. Sin embargo, desde los cuarteles generales de Morena en la entidad todavía existe una resistencia, pues para los integrantes del gobierno en transición es claro que Bonilla Valdez va por los cinco años en el cargo.
“Lo que el TEPJF realizó el miércoles fue resolver un recurso que impugnaba la validez de la constancia de Jaime Bonilla, alegando que no reunía los requisitos de elegibilidad. Entonces lo que hizo el tribunal fue decir ‘se deshecha el recurso y se reconoce que la constancia que tiene Jaime Bonilla es legal y legítima’. Hasta ahí la resolución”, explica Amador Rodríguez Lozano, coordinador de la transición y próximo secretario general de Gobierno de Baja California.
En entrevista para Reporte Índigo, Rodríguez Lozano afirma que el boletín generado por el Tribunal generó malas interpretaciones porque por un lado explican que se atendió el tema de las impugnaciones promovidas por el PRD, Movimiento Ciudadano y el partido local Transformemos, quienes alegaban que Bonilla Valdez era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia. Pero que por el otro, la precisión sobre el periodo de gobierno no venía al caso de la discusión de la Sala Superior.
“Nunca se habló o analizó el periodo porque ese no era el tema de la controversia jurídica. Ciertamente el boletín ya dice otra cosa. No entiendo la mala fe o la razón de generar esa confusión”, dijo.
El próximo secretario de Gobierno de la entidad, reconoció que en la actualidad el artículo 8o transitorio de la Constitución de Baja California indica que la próxima administración finalizará su periodo en 2021. No obstante, añade un detalle significativo: la Ley Bonilla aún no ha sido publicada en el Periódico Oficial del estado y por lo tanto todavía no tiene efectos legales.
“La reforma constitucional que amplió de 2 a 5 años todavía no ha sido publicada y por lo tanto no es vigente. Pero en cuanto este mes se publique, en ese momento será vigente y entonces el periodo de gobierno en Baja California será de cinco años. Por eso he dicho que Jaime Bonilla va a tomar protesta como gobernador de Baja California el próximo 1 de noviembre por un periodo de cinco años”, afirma.
Bonilla tomará protesta por cinco años
De acuerdo con Amador Rodríguez, la probabilidad de que el próximo gobernador asuma el cargo por cinco años es alta, y prácticamente todo el gabinete entrante tiene perfiladas sus estrategias de trabajo hasta el 2024.
Esto en consideración de que la publicación de la reforma al artículo 8 aún no se publica y, por lo tanto, las impugnaciones que presenten los actores inconformes no entrarán a discusión en los tribunales federales. Todo esto a menos de un mes de distancia de la toma de protesta de Bonilla Valdez.
“A partir de ahí, quien crea que no es correcto y tenga derecho a impugnarlo, irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad.
Al final de cuentas, lo que tendrá que evaluar la corte es el daño que le va a generar a Baja California, porque lo que ha demostrado Veracruz y Puebla entre otros es que los gobiernos de dos años solamente generan caos, arbitrariedades y sufrimiento a los estados
Rechazo e incertidumbre
Cuatro meses después de que los integrantes de la XXII Legislatura local –de mayoría panista– resolvieran ampliar el periodo de gestión del próximo gobernador, las quejas por la medida se siguen presentando no sólo en el ámbito local, sino a nivel federal.
Este 3 de octubre, el senador Manuel Añorve Baños reiteró su rechazo hacia la Ley Bonilla, reconociendo la resolución del TEPJF como una decisión “de justicia para la ciudadanía que votó por dos años, no por cinco” a su mandatario estatal.
“No tengo la menor duda que las impugnaciones y prácticamente todo lo que se presentó para hacerle frente a esta torcedura de la ley ha quedado atrás”, dijo.
El también presidente de la comisión de Estudios Legislativos recordó que durante las sesiones de la Comisión Permanente a mediados de agosto, todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras mostraron su rechazo hacia la reforma constitucional de Baja California.
No obstante, reconoció que aunque los argumentos son sólidos, el grupo cercano a Bonilla Valdez no se quedará “con los brazos cruzados”, aunque eso signifique atentar contra la ley.
En tanto, para el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, José Luis Ovando Patrón, con la actual legislatura local de mayoría morenista, la publicación de la reforma constitucional ha sufrido retrasos que hacen imposible que se presenten las debidas acciones legales.
Impugnaciones que el sector blanquiazul tiene preparadas desde hace un par de meses y que requieren de la entrada en vigor de la reforma al artículo 8. Asimismo, para Ovando Patrón, señales como la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora generan incertidumbre, pues demuestran un intento de control de los órganos judiciales que en nada beneficiará a la resolución de la Ley Bonilla.
“Es preocupante la señal de la salida del ministro Medina Mora porque nada más se ratifica la presión que está ejerciendo Morena y el Gobierno federal para controlar al poder Judicial. Lo cual se torna complicado de interpretar ante hechos como la Ley Bonilla, en donde se comete un acto ilegal e inconstitucional en el estado.
“Y si el ente que debiera regularlo va a ser presionado o agredido por el Gobierno, pues entonces estamos en aprietos quienes buscamos que se mantenga la constitucionalidad de nuestras leyes”.
