Pese a las repercusiones del túnel mal construido, la Contraloría sólo destituyó e inhabilitó a un supervisor de obra
La Contraloría de Jalisco posee una “lista negra” con los nombres de funcionarios estatales con antecedentes de sanciones por actos irregulares y casos de corrupción, como el de la falla que presentó el túnel vehicular construido en 2008 en el cruce de las avenidas López Mateos y Las Rosas, en Guadalajara, de la que poca información había salido a la luz.
Durante la gestión del exgobernador panista, Emilio González Márquez, la labor de la Contraloría se vio obstruida desde la Procuraduría General de Justicia, que encabezaba Tomás Coronado Olmos, donde fueron archivadas todas las denuncias que se presentaron por delitos como enriquecimiento ilícito y peculado, que Reporte Indigo publicó en Exprocurador archivó denuncias de corrupción.
En decenas de expedientes, la Contraloría estatal tuvo que imponer castigos. Entre 2007 y 2012 la dependencia emitió sanciones por observaciones de auditoría contra 33 funcionarios, las cuales fueron desde simples amonestaciones (en 11 casos), suspensiones no mayores a 30 días (10), pecuniarias o pago de multas económicas (cinco), hasta siete inhabilitaciones de servidores públicos por seis meses a tres años.
La “lista negra” de la Contraloría revela además casos de corrupción, como el de la obra multimillonaria del túnel vehicular de las avenidas López Mateos y Las Rosas, que a muy poco de ser inaugurado fue cerrado por deficiencias, lo que generó en ese tiempo un impacto en la opinión pública.
El 28 de junio del 2006, aún siendo gobernador de Jalisco el panista Francisco Ramírez Acuña, el túnel fue abierto a la circulación vehicular. La obra tuvo una inversión de 140 millones de pesos.
Dos años después, el 10 de junio de 2008, una de las primeras lluvias del temporal causó una inundación casi espontánea de hasta 1.5 metros de altura en el interior de la infraestructura.
El agua provocó fracturas en 220 de los 350 metros del colector de la obra.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) había advertido antes a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), en manos de Claudio Sainz David, la necesidad de reforzar el colector como parte de la obra, pero el exsecretario ignoró el aviso.
El túnel, construido en una de las arterias más importantes de Guadalajara, tuvo que ser clausurado por tres meses, y la reparación demandó una nueva inversión estimada en 50 millones de pesos, pero que al final costó 70 millones de pesos.
Pese a las repercusiones, la Contraloría –según se aprecia en sus archivos–, cortó el hilo por lo más delgado: sólo destituyó e inhabilitó por un año a Artemio Jorge Navarro Contreras, un funcionario de muy bajo rango en la Sedeur; un supervisor de obra que ganaba 10 mil 40 pesos mensuales.
En cambio, para lo alto de la jerarquía de la Sedeur apenas y hubo amonestaciones y todas llegaron tres años después, en 2011. Raúl Crescencio Navarro Venegas, David Zárate Weber y Martín Rubén Corona González, que fungían como directores de Obras Públicas, Construcción, y Proyectos de Infraestructura, respectivamente, sólo recibieron una llamada de atención.
El 30 de junio del 2008, una nota del periodista Rubén Martín, en el extinto diario Público, mostró que los avisos del SIAPA databan desde enero del 2006, y que hubo oficios directos a Sainz David, titular de Sedeur entonces, como uno con fecha del 6 de julio del 2006:
“Es importante resaltar que es de suma importancia el reforzamiento del COLECTOR LÓPEZ MATEOS en el tramo dentro del túnel vehicular (…) es imprescindible aplicar un refuerzo eficaz y de calidad para garantizar que en el futuro inmediato se presente una falla de graves consecuencias en el interior del túnel (sic)”.
Sainz David no actuó, sin embargo, fue absuelto por la Contraloría y no fue merecedor siquiera de una amonestación; además quedó fuera de la “lista negra”. Por el contrario, para fines del 2008, ya en el ámbito privado, el exfuncionario recibió contratos del Ayuntamiento de Guadalajara para proyectos públicos por 2.9 MDP a llevarse a cabo en áreas de la avenida Chapultepec y en Los Arcos.
El nombre de uno de los sancionados por el túnel Las Rosas, Martín Rubén Corona González, salió a relucir el 16 de octubre del 2013, cuando los diputados locales fincaron cargos a la cuenta pública 2008 del SIAPA, por varias irregularidades que ascienden a 706.4 MDP y 236 mil 657 dólares.
Los legisladores solicitaron a la Auditoría Superior del Estado que procediera contra los exintegrantes del Consejo del SIAPA en ese año, entre los que figuraba Corona González.
Llama la atención que este funcionario forma parte de la actual administración priista. En el organigrama del Instituto de Movilidad y Transporte aparece con el puesto de coordinador de Proyectos de Transporte. 
Personajes de alta jerarquía en el gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña, señalados en actos de corrupción, han sido exonerados por la Contraloría estatal. Es el caso del túnel Las Rosas, cuyas fallas costaron 70 millones de pesos a los ciudadanos en el 2008, según un informe interno
Pese a las repercusiones del túnel mal construido, la Contraloría sólo destituyó e inhabilitó a un supervisor de obra
Las sanciones pecuniarias impuestas por la Contraloría en el sexenio pasado suman 723 mil 854 pesos, lo que contrasta con los 7 mil 573 millones de pesos que esa dependencia –ya en manos del PRI–, dijo haber hallado por malos manejos tan sólo en el gasto público del 2012, el último año del exgobernador Emilio González Márquez.
El monto más alto fue para Ignacio Vallejo Aceves, exdirector administrativo del Instituto Cultural Cabañas, en el 2007, por 440 mil 916 pesos. En segundo lugar está Luis Carlos Rodríguez Sancho, protagonista del escándalo del 2008 por el cobro de cuotas irregulares de hasta 800 mil pesos para ser beneficiario del programa de trasplantes del Hospital Civil.
Al médico se le cobraron 145 mil 940 pesos. Ambos fueron inhabilitados por tres años.
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Las sanciones pecuniarias impuestas por la Contraloría en el sexenio pasado suman 723 mil 854 pesos, lo que contrasta con los 7 mil 573 millones de pesos que esa dependencia –ya en manos del PRI–, dijo haber hallado por malos manejos tan sólo en el gasto público del 2012, el último año del exgobernador Emilio González Márquez.
El monto más alto fue para Ignacio Vallejo Aceves, exdirector administrativo del Instituto Cultural Cabañas, en el 2007, por 440 mil 916 pesos. En segundo lugar está Luis Carlos Rodríguez Sancho, protagonista del escándalo del 2008 por el cobro de cuotas irregulares de hasta 800 mil pesos para ser beneficiario del programa de trasplantes del Hospital Civil.
Al médico se le cobraron 145 mil 940 pesos. Ambos fueron inhabilitados por tres años.
