En caso de que el Congreso rechace la propuesta, o no logre los votos suficientes, tendrá que proponer a otra persona en un plazo de 10 días
El principal candidato del gobernador Jaime Rodríguez para ocupar la Procuraduría del Estado, Bernardo González Garza, acumula denuncias penales en su contra por los delitos de abuso de confianza, fraude y privación ilegal de la libertad.
El nombre de González Garza –quien actualmente se desempeña como encargado del despacho de la Procuraduría del Estado y ayer fue propuesto como relevo del exprocurador Roberto Flores- aparece en tres denuncias distintas interpuestas por particulares en la época en que ejercía como abogado privado.
Reporte Indigo tiene en su poder los expedientes de las denuncias donde aparece González Garza como querellado junto con otros litigantes que formaban parte de su despacho.
La acusación por abuso de confianza contra González Garza está asentada en la averiguación 576/2007-II-I.
En este caso en uno de los cateos realizados se encontró documentación falsa y un detrimento por 165 mil pesos, según el expediente al que se tuvo acceso.
La investigación contra González Garza estuvo a cargo de la Agencia del Ministerio Público Investigador No. 2, del segundo Distrito Judicial con sede en Guadalupe, Nuevo León. El expediente data del 2007.
La denuncia fue presentada por Sergio Arturo Guerra Guerra en contra del ahora encargado del despacho de la Procuraduría estatal.
Además de González Garza, fue denunciado Ricardo Iván Montalvo Castro, Blanca Lilia Aguilar Salazar y Pedro Alberto Bocanegra Colegio.
González Garza fue citado a declarar como acusado en el proceso el 12 de marzo del 2009.
La investigación fue suspendida por falta de elementos para acreditar el cuerpo del delito.
El candidato a la Procuraduría de Nuevo León también fue acusado por fraude, según consta en la carpeta 554/2010-I-4. González Garza fue señalado por un particular, Ramiro Israel Ríos Vera. En este proceso González Garza fue citado a declarar en la acusación que terminó con el perdón otorgado por el querellante a favor del ahora funcionario público.
Además de las denuncias por fraude y abuso de confianza, González Garza aparece involucrado en una demanda donde se le acusa del delito de privación ilegal de la libertad.
La denuncia, interpuesta por tres trabajadores que alegaron que fueron forzados a firmar una renuncia voluntaria, está asentada en el expediente 207/2009-II-3.
Ninguna de las tres acusaciones contra de González Garza se resolvieron con una sentencia condenatoria en contra del ahora funcionario público.
Sin embargo, las imputaciones podrían considerarse que dañan la buena reputación de González Garza, requisito para ocupar el cargo de procurador de Nuevo León.
Entre los requisitos para ocupar el cargo de procurador de Nuevo León que establece la Constitución Política de Nuevo León está el gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión.
“Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u otro que lastime seriamente la buena en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, advierte el artículo 89 de la Constitución Política de Nuevo León.
El día de ayer Manuel González, secretario general de Gobierno, acudió al Congreso del Estado para proponer a González Garza como procurador del Estado, en sustitución de Roberto Flores, quien renunció la semana pasada al cargo luego de protagonizar varios escándalos.
González calificó al encargado de la Procuraduría como un profesionista capaz y con experiencia a pesar de contar con 35 años de edad.
“Nada más vamos a dejar esta (propuesta de Bernardo González), porque es nuestra opción ‘A’, ‘B’, y ‘C’, por ahora”, apuntó González.
“Creo que él (Bernardo González) que es un joven abogado, una gente que se ha formado aquí en Nuevo León, sabrá establecer con precisión los cumplimientos a toda la reglamentación que existe alrededor de la Procuraduría, de sus leyes internas y de lo que establece la Constitución y las leyes penales”.
En los próximos días González Garza tendrá que comparecer ante el Congreso. El gobernador Jaime Rodríguez necesita cuando menos que su propuesta sea apoyada cuando menos por dos terceras partes de los diputados.
En caso de que el Congreso rechace la propuesta, o no logre los votos suficientes, el Ejecutivo tendrá que proponer a otra persona en un plazo de 10 días.
“El Congreso tiene cinco días hábiles para darnos respuesta, ojalá y sea favorable”, refirió González Flores.
“Nosotros haremos una segunda propuesta si ellos (Diputados) nos la rechazan.
“Si la rechazan nosotros haremos una segunda propuesta, ellos tienen 10 días; si al rechazan, nosotros designamos, el gobernador designa”.
