La decisión del IEPC de declarar una lista plurinominal a modo de los intereses de algunos grupos de poder, alimentó la codicia de los partidos políticos
En este año electoral se registraron 337 casos de juicios cuyo propósito es defender los derechos político-electorales del ciudadano
La composición final de la próxima legislatura de Jalisco no depende de la decisión ciudadana.
La legitimidad de quienes fungirán como diputados locales queda ahora en manos de cinco magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal).
La judicialización del proceso era el paso obvio después de los comicios del primero de julio, pero tratándose de la defensa de los plurinominales y los diputados de mayoría, la actuación de los magistrados debe ser observada con lupa.
Y es que, legalmente, los magistrados son nombrados por el Congreso, así que la ratificación de todo el cuerpo colegiado del Tribunal, que tuvo lugar en mayo, podría cobrar factura en las próximas semanas.
El Triejal tiene hasta el próximo 30 de septiembre para resolver las impugnaciones que se presentaron durante el proceso electoral.
El riesgo es que los magistrados tomen sus decisiones en función de las presiones que ejerzan los partidos mayoritarios.
Cuando llegó la hora de luchar por los plurinominales, que son los diputados que ocuparán las curules ganadas con base en los resultados de la elección, todos acudieron a la arena judicial.
Cada partido está defendiendo su derecho de obtener un espacio más de poder.
Jaloneo partidista
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de declarar una lista plurinominal a modo de los intereses de algunos grupos de poder, alimentó la codicia de los partidos políticos, que ahora buscan hacerse de más diputados mediante la disputa legal.
El IEPC determinó ganador de mayoría relativa al PRI en 13 distritos, el PAN se quedó con cinco y el Movimiento Ciudadano con uno.
Los resultados fueron impugnados por el PRI y el Movimiento Ciudadano, partido que argumenta que el pleno del IEPC interpretó “mañosamente” la ley y ahora crea “mayorías artificiales” en favor del tricolor.
Y es que según Clemente Castañeda –el primero en la lista de plurinominales de Movimiento Ciudadano– el PRI debió obtener 14 diputaciones de mayoría relativa.
Con ese resultado, aunque con un diputado más de mayoría relativa que el PRI dice pertenece al Partido Verde Ecologista, el tricolor no puede aspirar a más plurinominales.
Pero si se queda con 13 tendría argumentos para pelear por otro curul de representación proporcional.
Por lo tanto, el PRI podría acomodar un diputado plurinominal adicional. Si lo logra, contaría con una bancada de 18 legisladores, en lugar de los 17 que tiene asegurados.
La defensa tricolor afirma que el conteo de votos que hizo el IEPC al repartir las curules fue incorrecto porque, según sus cálculos, debió otorgarles 10 espacios plurinominales, no cuatro.
El PRI argumenta que por ser el partido que recibió la votación más alta, tiene derecho a más escaños.
El PAN recibió un total de nueve diputaciones plurinominales; sin embargo, en el acuerdo del IEPC se eliminó el nombre del panista que ocupaba el noveno lugar en la lista: Alberto Esquer Gutiérrez, quien fue sustituido por Faviola Martínez por razones de equidad de género.
Esquer Gutiérrez acusa al IEPC de ceder a las presiones del senador electo José María Martínez, hermano de Faviola Martínez, quien supuestamente tiene buenas relaciones con funcionarios del Poder Judicial del Estado.
La cuestionada determinación del árbitro electoral es hoy discutida en el Triejal, órgano que tendrá que emitir su resolución antes del 30 de septiembre.
Autoridad electoral limitada
Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), afirma que el Tribunal Electoral está más acotado que antes, por lo que será muy difícil que se anulen elecciones.
Y es que con las modificaciones derivadas de la reforma electoral de 2007, ahora el Triejal se tiene que limitar a revisar los resultados de la elección. No tiene incumbencia en el proceso.
Con respecto a las diputaciones plurinominales, el especialista en argumentación jurídica cuestiona las formas del Instituto Electoral y señala que es incongruente el acuerdo de repartición de curules.
Advierte que la cantidad de impugnaciones tiene una vinculación directa con la ineficiencia de la autoridad electoral, que no ofreció certeza sobre la limpieza e imparcialidad del proceso.
Los magistrados del Triejal aseguran que los recursos de impugnación serán resueltos a tiempo, pese a que aumentó la carga de trabajo.
Y es que en este año electoral se registraron 337 casos de juicios cuyo propósito es defender los derechos político-electorales del ciudadano.
En cuanto a las impugnaciones del resultado de los comicios, el Tribunal tiene 92 juicios.
Trece fueron promovidos para defender las curules plurinominales y 15 para protestar por el resultado de la elección de diputados de mayoría relativa.
Por eso, queda claro que la conformación del Congreso está en manos del Triejal.
Jesús Reynoso Loza, presidente del Tribunal, aclara que sus resoluciones no están condicionadas a las presiones de los partidos, sino que se apegan estrictamente a derecho.
Y agrega que los partidos tienen la opción de irse a una segunda instancia en caso de que la decisión de los magistrados no los favorezca.
Por lo pronto, asegura que las resoluciones se emitirán en tiempo y forma.
