“Barbaridad jurídica” que la SCJN declare procedente controversia contra reforma judicial: Ricardo Monreal
Es inconstitucional y el INE no tiene que acatar la determinación, dice el morenista
Yvonne ReyesEl coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, consideró que es una “barbaridad jurídica” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado procedentes las controversias presentadas por jueces y magistrados para impugnar la reforma al Poder Judicial.
Afirmó que es una actitud inconstitucional por parte de la Corte. “No hay recurso alguno que proceda contra el poder reformador de la Constitución, de ninguna parte, y obviamente no son competentes.
Monreal afirmó que los ministros están violando el principio de legalidad y la Constitución con este proceso.
“Nunca en la historia de la Corte hubo una intromisión tan grave de querer sustituir o interrumpir el trabajo del Poder Legislativo. No hay necesidad de alterarse, hay que tomarlo con calma y entender la situación. Nosotros vamos a continuar. No hay forma de que ellos puedan detener el proceso en marcha”, advirtió.
Cuestionado sobre si Morena promoverá juicios políticos contra las ministras y los ministros que aprobaron esta determinación, el legislador dijo que, como grupo parlamentario, no se prevén ese tipo de acciones y se continuará con la preparación para la elección de jueces, ministros y magistrados.
Recordó que en los próximos días se concluirán las iniciativas sobre las reformas a la legislación secundaria, a fin de que puedan precisarse las reglas de la elección y las normas que regularán a las nuevas instituciones que surgen de la reforma.
“Como grupo parlamentario, en este momento, no hay ninguna intención de accionar un juicio político contra la Suprema Corte y sus ministros. Entiendo que su propia desesperación los lleva a cometer barbaridades jurídicas, lo que nos lleva a situarnos en este tipo de atrocidades constitucionales”, subrayó.
Además, insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene por qué acatar esa determinación, ya que es inconstitucional y “no está obligado a acatar resoluciones que tengan origen en la violación de la Constitución y el principio de legalidad. Ellos deben continuar con su trabajo, preparando lo que la Ley Orgánica y la Constitución ya vigente les faculta”.