Los fraccionamientos Pontevedra, Provenza, Zotogrande y Villa Verona, son solo algunos de los negocios que los Sánchez Garza administraron en la última década
¿En qué momento permitió la sociedad tapatía que el narco formara parte fundamental del desarrollo económico de esta urbe?
En una sociedad conmocionada por el secuestro y asesinato de dos menores por “molestar” al hijo de un capo, cabe el cuestionamiento sobre la permisividad a la entrada de grupos criminales a la inversión en grandes proyectos inmobiliarios y empresas.
El lavado de dinero es un delito que permite el financiamiento del negocio del narcotráfico.
¿En qué momento permitió la sociedad tapatía que el narco formara parte fundamental del desarrollo económico de esta urbe?
La historia se remonta a los años 80, cuando grandes capos como Rafael Caro Quintero invirtieron fuertes sumas de dinero en Guadalajara.
Se asociaron con familias tapatías y algunos de estos prestanombres llegaron a estar en los círculos cercanos del poder y la alta sociedad de Jalisco.
Y es que detrás del lujo y el aparente buen prestigio ganado en la sociedad jalisciense a través de las fotos en revistas de sociales, se esconde el verdadero negocio de la familia Sánchez Garza: el desarrollo inmobiliario con dinero lavado del narco, lo que ha sido advertido por autoridades de Estados Unidos.
El modelo de ciudad fortificada en cientos de fraccionamientos para todo tipo de presupuesto, fue una de las salidas que dicho grupo implementó en su esquema de lavado de dinero en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Estas operaciones, según el departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA, están ligadas directamente con Rafael Caro Quintero, capo del antiguo Cártel de Guadalajara, actualmente recluido en una prisión de Jalisco y relacionado con el capo sinaloense Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”.
Los fraccionamientos Pontevedra, Provenza, Zotogrande, Villa Fontana y Villa Verona, son solo algunos de los negocios que los Sánchez Garza administraron en la última década.
Esta familia creció su poderío en terrenos que hace 10 años eran inhóspitos y que hoy forman parte de grandes complejos inmobiliarios de alto prestigio y/o rentabilidad.
Los Sánchez Garza especularon a futuro y adquirieron grandes extensiones de terrenos en los ejidos de San Juan de Ocotán y General Lázaro Cárdenas (cerca de San Isidro), los dos en el municipio de Zapopan.
Su próximo proyecto se ubicaría al norte de Zapopan, específicamente en terrenos que antes pertenecieron al ejido de la Mesa de San Juan, por todo lo largo de la carretera a Colotlán.
En este sitio el crecimiento inmoderado de fraccionamientos y comercios han comenzado a ganarle espacio al campo para integrarlos a la gran mancha urbana, sin ningún miramiento al daño ecológico de la zona, que ya padecen los habitantes de la Barranca del Río Santiago.
Desarrollo y lavado
En Zapopan los desarrollos Pontevedra, Zotogrande y Villa Verona comenzaron a erigirse a partir del 2003 y hasta el 2009, cuando quedaron fijas las actas constitutivas de las empresas Grupo Fracsa, S.A. de C.V.; Grupo Constructor Segundo Milenio S.A. de C.V. y Desarrolladora Patria S.A de C.V., quienes se encargaron de la construcción de complejos habitacionales.
Pontevedra se construyó en la avenida Acueducto 5151, sobre un terreno de 4 mil 669 metros cuadrados que compró José de Jesús Sánchez Garza y su primo Javier Sánchez González –apoderados de Fracsa– el 19 de julio del 2000 a la empresa D’Bardi S.A. de C.V.
Ambas empresas y sus apoderados son señalados por el Departamento del Tesoro de EU como parte de la red de lavado de dinero de Caro Quintero.
Reporte Indigo (véase “El triángulo del lavado” de la edición 285 del 13 de junio de 2013) publicó que Agustín Espinoza Ron, suegro del secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez –asesinado el pasado 9 de marzo–, fue nombrado “apoderado general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración” de la empresa Fracsa S.A de C.V para una compra de terreno efectuada en 2004.
Zotogrande se ubica en Acueducto 5300 y fue construido por la empresa Grupo Constructor Segundo Milenio S.A de C.V., cuyo presidente del consejo es Luis Cortés Villaseñor, también señalado por el Departamento del Tesoro americano como parte del triángulo de lavado y prestanombres de los Sánchez Garza.
Originalmente fue parte del rancho El Gorupo, en Zapopan, con una superficie de 187 mil metros cuadrados.
Tanto Pontevedra como Zotogrande son condominios de alta plusvalía y renombre, pues se ubican muy cerca de la Plaza Andares y el Fraccionamiento Puerta de Hierro, donde la clase política y empresarial de Jalisco tiene sus propiedades.
Entre el emporio de los Sánchez Garza se ubica también el Fraccionamiento Villa Verona, cuyo mercado va enfocado a un presupuesto ligeramente más austero que Pontevedra y Zotogrande, y se encuentra en la prolongación de la Avenida Naciones Unidas a escasos metros del Periférico, una zona nueva en Zapopan a la que los desarrolladores inmobiliarios le han sabido sacar provecho.
Fue construido sobre terrenos del antiguo ejido de San Juan de Ocotán y algunos consultados refieren problemas legales para la entrega de escrituras, debido a fallas en la certificación de los terrenos.
Los empresarios Caro Quintero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una alerta internacional en la que dejó en claro que existe una red de lavado de dinero que opera en Jalisco a nombre de los familiares, hijos y amigos del capo Rafael Caro Quintero.
Las empresas ECE Energéticos, S.A. de C.V. (gasolinera), El Baño de María, S. de R.L. de C.V. (productos de baño y belleza), Pronto Shoes, S.A. de C.V. (CX-Shoes), Piscilanea S.A. de C.V. (Albercas y Tinas Barcelona).
Y también Hacienda las Limas, S.A. de C.V. (centro turístico y spa) son algunos de los corporativos señalados por la autoridad estadounidense.
El Departamento del Tesoro identifica a la familia Sánchez Garza como el vínculo clave para el blanqueo de fondos.
Por lo anterior la dependencia norteamericana decidió cancelar 15 cuentas bancarias en Estados Unidos y prohibir a los estadounidenses la relación comercial con 18 personas, entre ellos la esposa de Caro Quintero, María Elizabeth Elenes Lerma y sus hijos: Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibran Caro Elenes.
Así como a su nuera Denisse Buenrostro Villa, quien administraba las tiendas del Baño de María, y Humberto Vargas Correa, otro prestanombres.
La información de la agencia estadounidense también arroja que los Sánchez Garza colaboraron con la familia del capo sinaloense, Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
Se puede aplicar Ley Antilavado
En Jalisco el gobierno de Estados Unidos tiene documentadas desde hace tiempo las redes de lavado de dinero de al menos tres familias ligadas a dos grandes capos: Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
Las autoridades mexicanas podrían actuar ahora que la Ley Antilavado ya entró en vigor (el lunes 17 de junio), y que castiga la compraventa de inmuebles en efectivo.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, supervisará transacciones como la compraventa de casas, vehículos, piedras y metales preciosos y obras de arte, entre otros.
Dichas actividades deberán ser reportadas ante la Secretaría de Hacienda por agentes inmobiliarios, automotrices y notarios que deberán comprobar quién es el comprador –de bienes superiores a los 100 mil pesos– con una identificación oficial y un comprobante de domicilio que permita ubicar al cliente.
