Vecinos de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, y comerciantes de la zona temen los impactos negativos de una posible obra en un bajopuente ubicado en avenida Carlos Lazo, entre la autopista México-Toluca y la avenida Javier Barros Sierra, luego de que se diera a conocer que iba a ser intervenido con locales comerciales.
Organizaciones vecinales denuncian que la obra que se busca llevar a cabo, pretende favorecer la explotación de dicho espacio con fines comerciales, sin contemplar la necesidad de peatones y del transporte público.
La denuncia vecinal
El pasado 17 de mayo, la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe A.C. se alertó después de que el 25 de abril del año en curso, se colocó una lona en el bajopuente ubicado en avenida Carlos Lazo, en la que se informó de la existencia de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a favor de Colectivo Partners In Crime, S.A De C.V. con el folio PATR 2023/004-10/0-3.
Según los vecinos, dicho permiso busca construir sobre una superficie de 3 mil 854 metros cuadrados que se destinará a comercio y estacionamiento, por lo que se pronunciaron en contra por el caos vial que provocaría en la zona.
El espacio referido se localiza enfrente de Expo Santa Fe y aproximadamente a 500 metros del Tecnológico de Monterrey. En este sentido, los vecinos de la zona recordaron que la empresa operadora de Expo Santa Fe, ya buscó en varias ocasiones (2016 y 2018) la construcción de bahías de ascenso y descenso de transporte público en el área; no obstante, la respuesta de las autoridades locales siempre ha sido negativa.
Los bajopuentes de la CDMX o cómo convivir con las infraestructuras. pic.twitter.com/SXmpt9BjZ7
— Landa Hernández Martínez 🏳️⚧️ (@laperiferia) August 5, 2021
Aunque los habitantes de Santa Fe han visto con buenos ojos las iniciativas que, desde hace más de ocho años, buscan el aprovechamiento de los espacios para la construcción de bahías para el transporte público; se vieron sorprendidos por el otorgamiento del PATR al Colectivo Partners In Crime, S.A De C.V. con fines comerciales.
Es por esto que, vecinos, colonos y comerciantes solicitan que la zona mantenga la vocación de espacio público; rechazan su aprovechamiento para el uso comercial; piden la revocación de dicho permiso; y que se haga un proyecto que favorezca el uso del transporte público y la movilidad peatonal que, más tarde, también favorecerá a la conectividad con el Tren Interurbano México-Toluca.
Comerciantes piden no ser retirados
Reporte Índigo recorrió el bajopuente donde se denunció que se busca hacer la obra comercial y encontró que hay comerciantes informales que están frente al acceso principal de Expo Santa Fe, mismos que también se oponen a un desarrollo como el referido.
“Nosotros estamos aquí por los eventos que hay y por los trabajadores de la Expo que vienen a comer”, relató Enrique Hernández, comerciante que afirma llevar dos años laborando en la zona.
Aunque desconoce si se va a realizar una obra en su sitio de trabajo, afirma que él y alrededor de 20 compañeros no estarían de acuerdo. “Si quieren hacer algo aquí, no estamos de acuerdo, porque entonces nos van a querer quitar y esta es nuestra fuente de trabajo”, comentó.
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En el tramo del bajopuente referido son alrededor de 10 lonas y puestos ambulantes que se dedican a la venta de comida y bebidas, principalmente.
Durante el recorrido, este medio no observó la lona que alertó a la Asociación de Colonos ZEDEC, sobre la concesión de algún espacio a un privado. Asimismo, se desconoce si el Gobierno de la Ciudad de México tomó alguna acción al respecto o retiró el permiso como lo solicitaron los vecinos de la zona.
Antecedentes de irregularidades
En el año 2018, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron un punto de acuerdo para auditar e investigar las concesiones en bajopuentes otorgadas por el Gobierno capitalino que encabezó Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y de manera temporal, José Ramón Amieva (de marzo a diciembre de 2018).
De acuerdo con información del mismo punto de acuerdo, se solicitó al entonces jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, informar al Congreso de la Unión de los alcances del programa de bajopuentes en la ciudad, así como transparentar los esquemas de concesión y empresas beneficiadas.
En julio de ese año, fue la senadora del PRI, Verónica Martínez, quien impulsó dicho acuerdo por el que también se exhortó a Amieva a dar un enfoque social, deportivo y familiar, a los bajopuentes, en lugar de espacios comerciales, tal y como piden ahora los colonos de Santa Fe.
Los legisladores solicitaron los montos y periodos para estas concesiones, el destino de los recursos que se recaudan y las empresas que fueron beneficiadas. Martínez subrayó que, en 2014, el gobierno capitalino recibió una contraprestación mensual de apenas un millón 492 mil 854 pesos por el otorgamiento de PATR’s para un área cercana a las 19 hectáreas de bajopuentes.
Para septiembre de 2018, el entonces diputado local de Morena, José Martín Padilla, también denunció opacidad en las concesiones de bajopuentes en la CDMX.
Padilla calificó a estos contratos como la “privatización del espacio público”, y cuestionó que el Gobierno no transparentara los detalles de este tipo de contratos que se otorgan desde 2013 en distintas alcaldías de la capital.