Ayuntamientos, los otros contaminadores

Los Gobiernos municipales de Jalisco se han vuelto uno de los principales actores detrás de la contaminación en el estado, tanto que rivalizan con el sector privado y sus empresas en la generación de las mayores sanciones económicas por sus recurrentes violaciones a la norma ambiental. 

Así que por cada 100 pesos con que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) penaliza las agresiones al medioambiente en Jalisco, 41 le son impuestos a algún Gobierno municipal, y el resto para alguna de las empresas asentadas en la entidad. 

Si en el periodo de 2007 a 2014 la Proepa aplicó en todo Jalisco mil 101 penas totales por 35 millones 88 mil 618 pesos por actos contaminantes detectados, 14 millones 294 mil 678 pesos de estos se originaron en 184 faltas cometidas por los propios Ayuntamientos. 

Las violaciones ambientales que efectúan estas autoridades se relacionan principalmente  con deficiencias en la disposición final de los residuos sólidos, esto es, en la gestión de sus rellenos sanitarios y vertederos, y aun de los desechos que generan sus propias dependencias. 

Se les ha descubierto también habilitando basureros clandestinos, realizando quemas a cielo abierto, y con fallas en la operación de sus panteones y servicios de cremación; y el control de sus rastros, tanto en lo que hace a las descargas de sus aguas como al de los cadáveres de los animales. 

Otras sanciones tienen que ver con el incumplimiento de la norma 007/2008 que obligaba a la recolección selectiva de los residuos domiciliarios –lo que abonaría a su reciclaje-, y que hoy se mantiene en el olvido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), a casi tres años del mandato del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz.  

En este lapso la Proepa castigó a 89 Municipios, así que poco más de las dos terceras partes de los Ayuntamientos en Jalisco (hay 125) han violado en al menos una ocasión algún precepto medioambiental. 

En este sentido, el Ayuntamiento con las trasgresiones más graves al marco legal medioambiental es Zapopan, vecino inmediato a Guadalajara, que ha merecido las mayores sanciones de todo el estado, con multas en su haber por 5 millones 33 mil 392 pesos. 

Para dimensionarlo, los montos con que Zapopan ha sido penado por sus actos contaminantes, son equivalentes a todas las multas recibidas por otros 78 municipios en estos ocho años, si bien de menor desarrollo económico e institucional. 

Los castigos a Zapopan se han debido básicamente a sus problemas con la gestión del relleno sanitario de Picachos, cuyos lixiviados han contaminado cuerpos de agua y afectado a poblados cercanos. 

Solo en el año 2010, con su gobierno en manos del alcalde del PRI, Héctor Vielma Ordóñez, recibió dos multas por ese relleno bajo los expedientes 1113/10 y 1161/10. 

Cada una de estas fue por 2 millones 388 mil 795 pesos. Luego, en esa misma administración, en 2012, recibió una tercera sanción  -0323/12- por la contaminación de su rastro municipal y las descargas de sus aguas residuales, por 255 mil 802 pesos. 

Los otros cuatro municipios más castigados son: El Salto, parte de la metrópoli, con 915 mil 111 pesos; Poncitlán, 555 mil 360 pesos; Puerto Vallarta, 443 mil 007 pesos, y Tapalpa, con 417 mil 181 pesos. 

Impunidad

El halo de impunidad que envuelve a las sanciones de la Proepa en Jalisco, el principal órgano de combate a la contaminación, está igualmente presente cuando son los Gobiernos municipales los que han afectado al ambiente, incluso en un grado mucho peor. 

Justo como lo hacen los entes privados que son detectados violando la norma ambiental, los Ayuntamientos también terminan ignorando las multas de la Proepa en su contra, las cuales persisten en su mayor parte sin ser pagadas a la autoridad estatal. 

De los más de 14 millones de pesos (MDP) con que castigó a los Ayuntamientos en este periodo, solo constan pagos por 37 mil 549 pesos por tres multas en los archivos de Proepa: menos de un punto porcentual del monto total en las sanciones. 

Del resto, 5 millones 86 mil 83 pesos (35 por ciento) por 119 multas tuvieron que ser turnadas a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), para iniciar procesos de cobro forzoso contra esos Ayuntamientos. 

Los otros 9 millones 171 mil 46 pesos (64 por ciento) por 62 multas terminaron siendo conmutados a los municipios por otras acciones que les evitaron su pago, o simplemente persisten en estos registros sin detallarse su estatus jurídico. 

Esto hace que la impunidad en las sanciones del ámbito municipal sea aún más profunda que la que se da por generalidad en todas las multas de Proepa –incluyendo empresas-, donde sólo el 11 por ciento fue pagado (4 MDP de 35 MDP), como informó Reporte Indigo en el artículo “Castigos ambientales se los lleva el viento”, el 28 de septiembre. 

Justicia selectiva

La Proepa, parte del Gobierno estatal, ha pasado por alto las violaciones ambientales en que ha incurrido otra de sus dependencias, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la cual no figura en estos archivos de sanciones.  

Pero aquello de lo que no se ha percatado la Proepa sí fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que constató que la SIOP, durante el mandato de Sandoval Díaz, ha estado evadiendo en sus obras la tramitación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

Esto lo reveló la ASF en su revisión al gasto del Fondo Metropolitano 2013:

“En el análisis de la documentación proporcionada por el Gobierno de Jalisco, se observó que para la ejecución de las obras realizadas con recursos del Fondo, en lo que se refiere principalmente a la construcción de nodos viales y plantas de tratamiento, no se tiene evidencia documental de la MIA y su resolutivo”. 

Por ello solicitó procesos contra los funcionarios que “no realizaron y/o tramitaron la MIA y su resolutivo”. La SIOP intentó justificar ante la ASF que el 9 de octubre de 2014 se instruyó a su director general de Proyectos de Obra Pública, Manuel López, y al director general Sectorial, Mario Lozano, para que: 

“En lo sucesivo se cuente con la MIA y su resolutivo indispensables para el inicio de los trabajos de las obras públicas”, pero esto no subsanó la falta. 

En archivos de la SIOP obtenidos por transparencia, se confirma que al menos nueve obras de 2013 y 2014 carecen de la MIA, y por tanto, evadieron la valoración ambiental y autorización de Semadet, un requisito ineludible según el artículo 26 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Entre las obras que desatendieron la arista ambiental están:

La construcción del tramo V de Periférico y la Prolongación Gigantes en Tonalá; el nodo Periférico-Juan de la Barrera en Tlaquepaque; la zona 30 y Mi Bici en Guadalajara; el paso deprimido Periférico-Federalismo; y la solución vial en el cruce de las carreteras Colotlán-Tesistán (con ampliación a cuatro carriles de la primera), y el de las avenidas Mariano Otero-López Mateos. 

Al menos otras 18 obras de 2008 a 2012 están en ese mismo supuesto: el Estado las ejecutó sin una MIA autorizada.