"Se está haciendo una investigación en cuanto al contenido, en cuanto al estatus de cumplimiento"
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) investiga si el casino La Fortuna cumple con los permisos de uso de suelo que le permiten operar como centro de apuestas en la capital regia.
“Se está haciendo una investigación en cuanto al contenido, en cuanto al estatus de cumplimiento”, explica la titular de la dependencia municipal, Brenda Sánchez.
“Actualmente estamos verificando todos los usos de suelo que se han estado dando en la actual administración y en la pasada”.
Reporte Indigo publicó ayer imágenes que reconstruyen el momento en que un grupo de supuestos inspectores municipales trataron de “clausurar” La Fortuna, propiedad del casinero Arturo Cardona Calderón.
Sánchez confirmó que nunca autorizó el operativo del pasado 2 de enero para suspender el casino y desconoció a los individuos que se hicieron pasar como inspectores de la SEDUE.
La funcionaria asegura que la dependencia a su cargo no sólo verifica los permisos de La Fortuna y de otras casas de apuestas, sino de todos los establecimientos de Monterrey.
“Es un trabajo que se tiene que hacer de rutina para verificar que efectivamente (se cumple) el acto de buena fe que hace el promovente al establecer un compromiso con la Secretaría”.
El reciente intento para suspender la casa de apuestas, ubicada sobre la avenida Fidel Velázquez, constituyó la tercera tentativa para despojarla de sus dueños.
Dos hombres que se identificaron como Jesús Alberto Rojas y Jorge Elizondo Martínez dirigieron la operación y ordenaron a un grupo colocar sellos de clausura en el interior de las cuatro salidas de emergencia del casino.
El Código Penal de Nuevo León establece de un mes a tres años de prisión y una multa de una a diez cuotas a quien usurpe funciones públicas.
Este episodio se suma al del 14 de mayo de 2012, cuando Cardona Calderón fue privado de su libertad en el municipio de San Pedro, supuestamente por órdenes del juez Luis Armando Jerezano Treviño.
Según una denuncia presentada por el casinero, la intención era despojarlo de sus acciones en Recreaciones de Habilidad y Destreza S.A. de C.V., empresa que operaba La Fortuna.
El Ministerio Público dictó el “no ejercicio de la acción penal” contra el juez federal y otros cuatro civiles que fueron señalados en la denuncia.
A excepción de Jerezano Treviño, esa agrupación fue captada por las cámaras de videovigilancia del casino durante el segundo intento de despojo del 31 de octubre de 2012.
