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"Se realizó una búsqueda minuciosa en el área competente, no encontrándose documento alguno "
“Se me informe la fecha exacta en que el gobierno de Jalisco envió una solicitud de colaboración a la Procuraduría General de la República”
Ni en la Procuraduría General de la República ni en dependencias estatales existe registro alguno de que el gobierno de Jalisco haya solicitado ayuda a la Federación, ante al riesgo que representaba el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.
Respuestas de tales instancias, vía transparencia, muestran que es inexistente la presunta colaboración que pidió la administración estatal al gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, para hacer frente al grupo delictivo, un objetivo clave para México y Estados Unidos.
El 15 de julio pasado, la PGR respondió a una solicitud de información hecha desde un mes anterior, en el que se le pidió a la dependencia, conocer con exactitud, la fecha en que el gobierno estatal le había pedido ayuda para afrontar al cartel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
“Se me informe la fecha exacta en que el gobierno de Jalisco envió una solicitud de colaboración a la Procuraduría General de la República, ante el crecimiento y la amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación”, fue parte de la petición que Reporte Indigo hizo vía transparencia.
En el folio 000100169415, la PGR detalló que la solicitud de información fue derivada, para su atención, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos, a la Agencia de Investigación Criminal, a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, y a la Dirección General de Comunicación Social.
“Bajo ese contexto, se tiene que las unidades administrativas competentes apuntaron que en sus archivos y bases de datos se cuenta con cero registros relativos a su solicitud de información”, fue la respuesta de la Procuraduría.
Y matizó al añadir que de acuerdo con el criterio 18-13, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuando el resultado de una información es cero, “deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud y no como la inexistencia de la información solicitada”.
Tampoco saben
Contrario a lo dicho por Ornelas, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco tampoco pudo demostrar la existencia de dichas advertencias o solicitudes de apoyo en materia de seguridad de las que habló el gobernador.
En el Oficio CISG/401/2015, del 20 de mayo de 2015, la secretaria particular del secretario de Gobierno, Sandra Isabel Macías, respondió:
“En vía de respuesta, le digo que la Secretaría General de Gobierno no cuenta con la información antes descrita, toda vez que el tema en específico de establecer la coordinación necesaria entre los tres órdenes de gobierno, para cumplir con los objetivos de la seguridad pública dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública le compete a la Fiscalía General”.
Estas negativas del Despacho del gobernador y de la Secretaría de Gobierno llevaron a que la información solicitada –los reportes sobre el CJNG– fuera declarada inexistente por la Coordinación de la Unidad de Transparencia de ambas instancias, en su oficio 738/2015, del 20 de mayo.
La Fiscalía General, aún bajo el mando de Luis Carlos Nájera, respondió también, en el Oficio FG/UT/2155/2015, del 27 de mayo pasado, la inexistencia de cualquier reporte con un contenido como el descrito:
“Se realizó una búsqueda minuciosa en el área competente, no encontrándose documento alguno que contenga la comunicación, advertencia, reporte, aviso, informe o solicitud de apoyo, por escrito que revista las características señaladas por el solicitante, y en razón de ello, la información pretendida y solicitada (…) resultan inexistentes, por lo que al no tenerla debe considerarse con tal carácter”.
Pasan la estafeta
Las advertencias que el Gobierno de Jalisco supuestamente emitió a la Federación, sobre el crecimiento peligroso del CJNG, tampoco constan en ninguna de las dependencias estatales, en las que un registro documental que las avale, es inexistente.
Tras los eventos violentos del 1 de mayo pasado –cuando el CJNG puso de cabeza al Estado con una serie de narcobloqueos en la quinta parte de los municipios de la entidad–, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, acudió a la Ciudad de México, donde aseguró a la prensa nacional que su administración había hecho saber a las fuerzas federales del fortalecimiento de la organización criminal.
En una entrevista del 7 de mayo con el diario El Universal, el mandatario declaró:
“Desde hace año y medio alerté al gabinete de seguridad federal que el CJNG se iba a fortalecer. La información la estuve dando al procurador y le dije que se necesitaba entrar ya (…) toda la información que le daba al procurador, por el problema que tuvo con mi fiscal, la utilizó mal, para estar golpeando al estado y sin hacer nada”.
El gobernante se refería a las diferencias entre el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el ex fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, sustituidos hoy por Arely Gómez y Eduardo Almaguer, respectivamente.
Según la versión de Sandoval, la inacción de la Federación sería la causante de la gran expansión del cártel que hoy opera en nueve estados, al no haber perseguido a sus líderes que “no eran mediáticos”, como sí lo eran otros, por ejemplo, Servando Gómez “La Tuta”, al frente de Los Caballeros Templarios, en Michoacán.
Así las cosas, se le solicitó al secretario particular del gobernador, Netzahualcóyotl Ornelas, que brindara copia de cualquier comunicación, advertencia, reporte, aviso o informe que hubiera sido dirigido al gabinete de seguridad nacional, donde estuviera plasmado ese llamado de alerta y/o petición de apoyo, ante la evolución del CJNG.
En su respuesta, Ornelas aseguró que no cuenta con dicha información. Y dijo que la instancia que debería tenerla es la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Roberto López Lara.
En el oficio 05-0906/2015, del 15 de mayo pasado, Ornelas señaló que sus funciones son solo de “asesoría, coordinación, inteligencia, logística, administración, control y vigilancia, vinculación ciudadana y comunicación social” del titular del Ejecutivo, y es responsable de “la coordinación de la agenda y actividades”.
Concluyó: “El gobernador para el ejercicio de sus facultades y atribuciones se auxilia de la administración pública del estado, así pues la Secretaría General de Gobierno, siendo parte de esta, tiene como atribuciones entre otras la de conducir las relaciones instituciones del Poder Ejecutivo con las autoridades federales. Lo anterior se hace necesario con la finalidad de orientar la petición del particular”.
