Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace ocho años la noche de Iguala no confían en las autoridades, ni en las presentes, ni en las pasadas. Toda su esperanza de que alguna vez se sepa realmente qué fue lo que ocurrió está puesta en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes han dado luz en días de completa oscuridad y aguas revueltas.
Los mismos miembros del GIEI aceptan que las autoridades procuradoras de justicia y la Secretaría de Defensa Nacional se han convertido en un freno para conocer la verdad y frenar las investigaciones.
El octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, además del dolor, estuvo marcado por un conflicto a tres bandas entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y su Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) y el GIEI.
Estas presiones incluso llevaron a la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Antes de su renuncia, la cual será efectiva el día de mañana 1 de octubre, se reveló que se realizaron diversas órdenes de aprehensión sin su conocimiento, se filtró información del caso sin testar y la FGR desistió en 21 órdenes de aprehensión contra elementos militares de los batallones 27 y 41 de Iguala, Guerrero, contra el exprocurador estatal, Iñaki Blanco y el exsecretario de Seguridad estatal, Leonardo Vázquez Pérez.
Versiones periodísticas también señalaron que la unidad a cargo de Gómez Trejo fue desmantelada y se había quedado sin policías ministeriales para investigar el caso.
“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que haya sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa.
Sobre esta situación el GIEI señaló al Ejército y a la FGR de frenar las investigaciones y respaldó abiertamente el trabajo de la Unidad Especial de Omar Gómez Trejo.
Un ejemplo de esto es que a pesar de que la Sedena tiene órdenes del presidente López Obrador para entregar toda la documentación en torno al caso, hasta el momento se ha negado a brindar la información referente al Centro Regional de Inteligencia Militar, el cual tiene información valiosa sobre la participación de los batallones 27, 41 y 50 de Infantería durante la noche de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Por su parte, la FGR, denunciaron, intervino en las investigaciones de la Unidad Especial de investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, específicamente, personal de la extinta SEIDO estaría detrás de la cancelación de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.
Debido a esta situación, el GIEI solicitó una reunión con el fiscal Gertz Manero para conocer por qué se cancelaron las aprehensiones en el caso Ayotzinapa.
“Es inexistente la relación con el fiscal general, no nos ha recibido sino una sola vez al principio de nuestra relación, no nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular”, acusó la investigadora del GIEI, Ángela Buitrago.
Seguimiento y represalias por caso Ayotzinapa
Los especialistas del GIEI lamentaron la renuncia de Omar Gómez Trejo a la UEILCA y alertaron que podría haber represalias luego de que se anunciara una auditoría a la unidad.
“Omar Gómez Trejo actuó con voluntad, con profesionalismo y tenía la confianza de los papás. (…) El mayor rompimiento se dio en agosto del 2022, el 16 de agosto se comisiona a una licenciada de Asuntos Internos para que desempeñará funciones de Ministerio Público inscribiéndola en la UEILCA, que los fundamentos no explican por qué esta persona debía ser comisionada, no se da explicación, no se justifica al anuncio”, explicó el abogado penalista Francisco Cox, integrante del GIEI.
Por eso a pesar de que el GIEI terminaba funciones en México el día de hoy anunció que se quedaría un mes más para entregar un informe final y pretenden crear una unidad de seguimiento para que no haya represalias y los familiares puedan acceder a la justicia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también reveló que por petición de los padres de los normalistas desaparecido van a analizar los mensajes de texto y capturas de pantalla publicados en el Informe de la Presidencia del Caso Ayotzinapa de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).
“Encontramos dos modos diferentes de escribir, en la terminología, en las claves. (Estos mensajes) deben ser verificados con los demás documentos para afirmar si coinciden o no con los documentos que tiene la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional)”, dijo Ángela María Buitrago Ruíz, miembro del GIEI.
La especialista además reveló que muchas de las conclusiones a las que llegó el informe de la Covaj se lograron gracias a material que trabajaron en conjunto, pero no así los mensajes de texto y capturas de pantalla las cuales conocieron apenas el 23 de septiembre.
“Se deben hacer los análisis especiales, verificar la información para judicializar estos hechos, siempre y cuando encontremos los elementos que nos permita judicializarlos. Al GIEI le gusta tener certeza sobre los elementos que incorpora, porque no da ninguna noticia que no tenga comprobada”, dijo la especialista criticando el informe de la Covaj y de Alejandro Encinas.
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