El caso Ayotzinapa ha sido un parteaguas en la historia reciente de México, pues el tema se convirtió en uno de los principales obstáculos de la administración de Enrique Peña Nieto.
La presión internacional ha jugado un factor clave para pedir el esclarecimiento de lo ocurrido; pese a ello, los aspirantes a llegar a Los Pinos el próximo 1 de julio, han evadido el tema; incluso, familiares de los 43 normalistas desaparecidos han aclarado que nadie se ha acercado a hablar con ellos.
José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, los tres candidatos de partidos políticos, y Margarita Zavala, aspirante independiente, no han profundizado ni han explicado las acciones que tomarán en torno a la investigación oficial que se realizó sobre la desaparición de los jóvenes ocurrida el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, una vez que lleguen al poder.
Anaya, de la coalición “Por México al Frente” integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), el 21 de enero calificó el caso como una de las grandes pifias y fallas de la administración peñanietista, y sólo ha dicho que se debe aplicar la ley, pero no ha explicado sobre si, de llegar a la presidencia, seguirá las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El representante del priismo, José Antonio Meade, dijo en diciembre del año pasado, que lo ocurrido en Ayotzinapa es un caso que se seguirá revisando en diferentes instancias, pero no mencionó si seguirá la línea de la actual administración sobre defender la versión de la “verdad histórica”, en la cual, supuestamente, los jóvenes fueron quemados en un basurero de Cocula, o el caso podría tomar otro curso, de convertirse en el nuevo inquilino de Los Pinos.
López Obrador y Zavala han mantenido la misma actitud sobre el tema: sólo condenas y críticas, pero no han ahondado sobre el método que podrían aplicar para tratar de darle un seguimiento a lo ocurrido en Guerrero, en busca de saber lo que realmente pasó.
El tema Ayotzinapa podría convertirse en uno de lo primeros grandes obstáculos de quien asuma la presidencia de México, tal y como fue para el actual Gobierno Federal, ya que las inconsistencias en la investigación, provocaron que la versión oficial fuera puesta en duda por algunos sectores de la sociedad civil.
Cabe recordar que el pasado 16 de marzo, las familias de los 43 normalistas reclamaron, en una rueda de prensa, que ninguno de los aspirantes a la Presidencia de México se ha acercado a dialogar con ellos, o a los familiares de otros desaparecidos; incluso, criticaron que no han fijado una postura sobre el tema, y existe el temor de que al llegar el nuevo gabinete de quien resulte ganador, se haga a un lado la investigación, pero advirtieron que ellos continuarán con sus protestas y actos de presión para esclarecer el caso con el respaldo de los organismo internacionales.
Recientemente la Organización de la Naciones Unidas (ONU) hizo una revisión de los expedientes oficiales, y encontró que en 34 de los 129 detenidos por lo ocurrido en 2014, hubo pruebas de tortura; lo que pone en duda las declaraciones y la información obtenida.
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La recomendación del organismo internacional va en torno de que se debe aclarar que ocurrió en las detenciones, así como darle un enfoque de derechos humanos, para asegurar el Estado de Derecho.
Ayotzinapa podría ser el gran primer obstáculo para resolver de los presidenciables. Aunque el tema de la desaparición forzada no se encuentra entre su agenda principal, ya que no ha pasado de la simple declaración a las tareas de acción para tratar de encontrar una salida a lo ocurrido.
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