A cuatro años de lo ocurrido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, la justicia aún no llega, y los padres de los desaparecidos siguen esperando saber el paradero de los 43 estudiantes. De los culpables aún no hay claridad, pero con base a la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), se han detenido a 130 personas, a ninguno se le ha procesado, y uno ha sido liberado.
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La investigación que estaba a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) a los pocos meses del hecho dio a conocer “la verdad histórica”, donde aseguraban que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y que sus restos se habían vertido en el río San Juan. La versión nunca convenció a los padres de los 43 y junto con su defensa buscaron nuevas alternativas como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que puso en duda la versión oficial.
Irregularidades en las detenciones
Aunque han sido 130 detenidos, ninguno ha sido procesado por el caso y en el Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, que se dio a conocer el 15 de marzo de 2018 por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), indica que 34 personas fueron torturadas y tenías visibles huellas de golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos e intentos de asfixia, el fin era obtener confesiones para relacionar a los detenidos con el caso.
Por dichas irregularidades se invalidaron 46 testimonios de los detenidos, y el el juez federal David Calderón Blanc estableció que la Policía de Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Marina incurrieron en abusos e irregularidades al detener a la tercera parte de los implicados.
Por las irregularidades en el proceso de detención y por no presentar de manera inmediata ante un Ministerio Público a los detenidos, un juez del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito, con sede en Tamaulipas, decretó la libertad de cuatro implicados en el caso Ayotzinapa.
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Sin embargo, no es una libertad absoluta, sino que el juez señaló que el auto de libertad no implica que los sujetos no hayan participado en los hechos, pero que el Ministerio Público abre una oportunidad para investigar y evitar la impunidad, de los 4 solo un detenido, Luis Alberto José Gaspar, salió de prisión, los otros tres detenidos continúan en prisión, porque están sujetos a otros procesos penales.
El expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa señalados por su participación en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estarían a punto de quedar libres, señala la revista Proceso.
Uno de los principales motivos para obtener su libertad es que el pasado 4 de junio se determinó que los cuatro integrantes de Guerreros Unidos declararon contra ‘los Abarca’ sin embargo, estas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura y la defensa del matrimonio afirma que ello le resta credibilidad a las declaraciones que imputan a sus clientes.
Hasta la fecha obtener verdad y justicia es la principal demanda de los familiares y la sociedad civil que a 48 sigue clamando claridad en el caso.
