"Todo mundo vive de los recursos que los indígenas han compartido y al final les han dado una patada en el trasero"
Indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, pidieron ayer la intervención del gobierno federal ante la persecución de la que han sido objeto por parte del Gobierno de Colima, que ha detenido a 34 de ellos a los que acusa de secuestro.
“Todo mundo vive de los recursos que los indígenas han compartido y al final les han dado una patada en el trasero”, expresó en rueda de prensa, Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), uno de los defensores legales de los nahuas.
El 22 de julio pasado, un grupo de indígenas se manifestó a la entrada de la minera Peña Colorada, inmersa en la Sierra de Manantlán, a unos 60 kilómetros de Cuautitlán, resguardada hoy por el Ejército mexicano.
Pidieron a la empresa el pago del 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro extraído. Y solicitaron que se cumpla el amparo 462/2013 del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, que obliga a la compañía a detener toda acción de extracción de mineral
El episodio terminó en un zafarrancho en el que intervinieron las autoridades de Colima, y en la detención de más de 30 ejidatarios. Ahora enfrentan una acusación grave: secuestro.
Con 41 mil 427 hectáreas de superficie total, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el ejido Ayotitlán es el más grande de Jalisco.
Enclavado en la sierra de Manantlán, rica en minerales y maderas finas, alberga a otro residente: el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V., el cual extrae cerca de 8 millones de toneladas de hierro cada año, en ganancias esto se traduce en unos 2 mil millones de pesos anuales aproximadamente.
Ganancias compartidas
Por esa jugosa extracción de hierro, desde el 22 de julio de 2012, según un convenio de ocupación temporal, firmado por ambas partes, Peña Colorada está obligada a pagar una renta anual a la comunidad indígena.
Esa ausencia de pagos fue lo que los obligó a pararse a la entrada de la empresa, para exigir ese 20 por ciento pactado, correspondiente a la extracción de hierro, dentro de mil 200 hectáreas que pertenecen al ejido.
Peña Colorada recurrió a las autoridades de Jalisco y Colima, alegando que la parte de la que extraen el mineral se encuentra en un conflicto limítrofe, caso que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la versión de los pobladores, narrada en la rueda de prensa, los manifestantes fueron apedreados por policías estatales de Colima. El saldo: 34 detenidos y 11 heridos, entre éstos últimos había mujeres y niños.
A una semana de los hechos, según los abogados, a los detenidos se les fabricó delitos como secuestro consumado, grave en Colima, lo cual les impide tener derecho a fianza.
Explicaron que las autoridades de aquella entidad alegan que los ejidatarios presuntamente secuestraron a tres empleados de la minera. Peña Colorada ha dicho que pagó, entre las 14:22 y las 17:39 horas del 23 de julio, cerca de 14.8 millones de pesos en depósitos en Banamex, para liberar a sus trabajadores.
La defensa de los nahuas dijo que ese pago corresponde al 44 por ciento de la renta anual 2015-2016, que Peña Colorada debe al ejido, como parte del Convenio de Ocupación Temporal firmado en 2012.
Y mostró también un video en el que se aprecia que los indígenas estaban desarmados ese día, contrario a lo que asegura la empresa y el gobierno de Colima.
Sin efecto legal
Aún cuando los gobiernos de Jalisco y Colima han mantenido una cercana comunicación para resolver la liberación de los nahuas, y atender las disposiciones legales con las que cuentan para atender las demandas de los ejidatarios y el Consorcio Minero, éstos han servido como defensores de la empresa privada, dijo González Garí.
El abogado señaló que Colima actúa ilegalmente, pues es un asunto que corresponde al ámbito federal debido al conflicto territorial limítrofe con Jalisco.
“Debe resolverlo la Federación, el Gobierno federal, que fue quien vino cuando se pusieron tensas las cosas allá en el puente de Plan de Méndez en el año 2007, ¿por qué?, porque al intervenir, el Gobierno federal mandó al Ejército y Colima se replegó”, explicó.
Detalló que el 20 de enero de 2008 fue firmado también el “Acuerdo Político de Plan de Méndez, en el que se acordó, en la alcaldía de Cuautitlán de García Barragán, que el Gobierno federal sería el que garantizara el avance de los trabajo y establezca el diálogo.
“Se acordó que el Ejército resguarde la zona, por encargo de la Federación, para que no se vuelva a suscitar percances o incidentes como los que se están dando”, dijo al leer el citado acuerdo de hace siete años.
Silencio y divisiónEl gobierno de Jalisco se ha mantenido al margen del conflicto, y el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, se ha limitado a dar declaraciones ante la prensa, sin ahondar en detalles de la situación jurídica de los ejidatarios.
El secretario ha dicho que la minera tiene razón, pues ha extraído mineral en 192 hectáreas que, según él, no forman parte del ejido.
De igual forma ha sucedido con otros casos de violencia que envuelven a Ayotitlán, como el de Celedonio Monroy Prudencio, uno de los dirigentes nahuas que fue levantado en octubre de 2012 –en su propia casa y en presencia de su familia– por un comando armado; hasta ahora sigue desaparecido.
Otro de los ataques a los defensores de la comunidad ocurrió en 2013, cuando otro líder de Ayotitlán, Gaudencio Mancilla Roblada, fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado con el argumento de que estaba organizando una policía comunitaria en la región sur de Jalisco.
Disputas internas entre los ejidatarios, han orillado a que Mancilla no pueda ya representar a los mismos, como lo explicó Patricia Reyna Martínez, también abogada de los indígenas.
“Él ya no tiene que estar haciendo estas declaraciones con las cuales afecta a los propios nahuas que están detenidos”, apuntó.
