Averiguación en puerta

En lo que podría ser el primer paso para la instauración de una causa penal en contra del exgobernador priista Fausto Vallejo Figueroa, el congreso local se negó a aprobar la cuenta pública manejada en parte por el gobernador en retiro durante el 2013, en donde existe un faltante por más de 3 mil millones de pesos.

El ejercicio presupuestal del 2013 fue compartido en periodos iguales entre los priistas Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, este último aún bajo proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, por lo que también podría derivar en una nueva acusación contra el ex gobernador interino preso en Almoloya.

Por unanimidad, el pleno de los diputados locales se negó a la aprobación de la cuenta fiscal, de la que fue responsable Fausto Vallejo como gobernador constitucional del 1 de enero al 21 de abril y del 22 de octubre al 31 de diciembre. El gobernador interino Jesús Reyna García manejó la cuenta pública del 22 de abril al 22 de octubre de ese mismo año.

De acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la cuenta del 2013 no se pudo ubicar el destino de 2 mil 447 millones 638 mil 977 pesos que fueron entregados a la Secretaría de Educación del Estado para invertirlos en la formación de educadores egresados de las escuelas normales de Michoacán.

En la Secretaría de Salud también hubo desfalcos. De acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, donde se presupone un daño al erario por el orden de los 803 millones 482 mil 921 pesos; recursos que fueron desviados de la cuenta oficial del Gobierno estatal a una no autorizada que era utilizada discrecionalmente por el titular de finanzas.

Con la negativa de los diputados para avalar el manejo de los recursos oficiales en la forma en que lo hicieron los encargados de la administración de Michoacán durante el 2013, no solo se abre la posibilidad de fincar responsabilidad sobre los gobernadores, sino también contra los encargados de las dependencias con desaseo económico, como el área de Comunicación Social, en donde no hay claridad en el manejo del presupuesto asignado en ese periodo, que asciende a 30 millones 149 mil 854 pesos.

Y sigue la lista

Otro de los renglones en donde la auditoría de la república encontró manejo de recursos sin claridad fue en el renglón de la Seguridad Pública, donde no ha quedado claro el destino de 50 millones de pesos que no terminaron en el renglón de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, como estaba proyectado.

Y es que el gobierno estatal de Fausto Vallejo y Jesús Reyna recibió en tres ocasiones fondos para mejorar las instituciones de seguridad pública, los que sumaron 78 millones 61 mil pesos, pero la tesorería del estado ordenó retiros de esa cuenta por el orden de 40 y 50 millones de pesos, cuyo destino a la fecha no se ha clarificado.

De acuerdo a las pesquisas de la ASF, tras encontrar que la mayor parte de los 50 millones de pesos de Seguridad Pública fueron destinados al renglón “pago a préstamo”, se presume –hasta que una averiguación penal lo descarte- que los fondos fueron destinados a cuentas personales de algunos funcionarios.

La mano del gobernador

La negativa para avalar el manejo de la cuenta pública del 2013 en Michoacán fue por unanimidad de los diputados, donde prevaleció la postura de no pasar por alto la discrecionalidad con la que se manejaron los fondos económicos del Gobierno estatal.

Trascendió que fue el propio gobernador Salvador Jara Guerrero, quien solicitó en forma discreta a la bancada del PRI el rechazo unánime a la aprobación de la cuenta, luego de aportar en lo particular una serie de documentos que revelan el grado de corrupción que prevaleció en la entidad en ese mismo año.

Los diputados reprobaron el manejo financiero de Fausto Vallejo y Jesús Reyna, que fue catalogado como “cuantioso e irreversible”. Los diputados dijeron no aceptar ser parte del quebranto económico ocasionado al estado.

El gobernador Jara Guerrero, a través de su enlace legislativo dejó en claro que ni siquiera en la propia Tesorería del Estado se cuenta con información confiable que apunte hacia la posibilidad de conocer el destino certero de los recursos económicos que fueron manejados en forma indebida en el 2013.

Bajo esa tesitura, los diputados del PRD, PRI y PAN no aceptaron avalar lo que en los corrillos del congreso se mencionó como la oficialización del quebranto a la hacienda pública del estado de Michoacán, la que dijeron “marcaría históricamente a esta legislatura”.

Al negar la aprobación de la cuenta, la cámara local de diputados instruyó a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a dar seguimiento a cada uno de los renglones observados por la Auditoria Superior de la Federación, a fin de que se reclame a quienes sean los responsables, por las vías legales de apremio, para que restituyan el quebranto o se proceda en querellas penales.

Primero en oscurantismo

Tras hacer la revisión de la cuenta pública de Michoacán en el ejercicio del 2013, al encontrar inconsistencias y desvíos de fondos, el gobierno federal reconoció a través de la Auditoría Superior de la Federación que el estado de Michoacán es una de las entidades más obscuras en manejos financieros.

Al no prevalecer el sistema de rendición de cuentas ni trasparencia administrativa, dice el informe otorgado a la cámara de diputados, se privilegia el manejo discrecional de los fondos económicos, lo que facilita el desvío de recursos y la falta de ejecución de fondos en áreas proyectadas desde la federación en forma inicial.

Para frenar el proceso de oscuridad en el que se manejan los fondos económicos de Michoacán, la ASF recomendó a los diputados que implementen mecanismos de control, supervisión e información ciudadana, mediante los cuales se garanticen el destino claro y seguro de los fondos federales entregados a la entidad.

También es necesario –asegura el informe- un proceso que detalle el avance de aplicación de los fondos federales, a fin de que se termine con el problema de los subejercicios, que se ha agudizado en Michoacán en los últimos años y es el principio para el desvío de fondos asignados.

En este sentido se ejemplificó que debido a la falta de claridad en el manejo financiero, no se pudo conocer a tiempo que al 31 de diciembre del 2013, apenas se habían ejercido 11.5 por ciento de los recursos otorgados a la entidad, lo que en sí ya complica el manejo de los recursos económicos en la forma etiquetada.

La falta de transparencia de los recursos públicos en Michoacán ha ocasionado que esta entidad sea una de las primeras en la lista nacional que ha retrasado la ejecución de programas considerados como prioridad nacional, en donde destacan los que refieren el combate a la pobreza y la marginación.