"Nuestra objeción era, y sigue siendo, que el código no tiene los controles necesarios para impedir que estas medidas sean abusadas como el control judicial, medidas de transparencia y muchas medidas que son parte de estándares internacionales de derechos humanos”
La Comisión de Justicia aprobó ayer por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
A pesar de las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos en materia penal legisladores de todos los partidos dieron su voto a favor.
Este código, que es parte de la reforma penal del 2008, tendrá que ser llevado en las próximas horas a votación en el Pleno para luego ser enviado a la Cámara de Diputados.
Y es que en temas que se han discutido antes los senadores no metieron mano. Será decisión de los jueces si se puede o no videograbar las audiencias de un procedimiento judicial. Las cámaras están prohibidas al nivel de un arma de fuego.
Ante esto uno de los productores del documental Presunto Culpable, Roberto Hernández, hizo una serie de actividades y pronunciamientos para evitar que se aprobara en los términos.
Él hizo aportaciones a la Comisión de Justicia, pero no fueron incluidas. Todas ellas con respecto a la idea de grabar los juicios, las entrevistas policiales y las líneas de identificación de delincuentes. Nada de esto se añadió.
En el tema de las entrevistas policiales no se reglamentó nada a pesar de que en otros países –Inglaterra- para este rubro se tiene todo un procedimiento contenido en dos tomos.
En tanto el abogado Luis Fernando García consideró un retroceso en materia de derechos humanos pues los procesos para intervenir llamadas o geolocalizar a personas son muy laxos y con eso se puede violar los derechos humanos de los ciudadanos.
“Nuestra objeción era, y sigue siendo, que el Código no tiene los controles necesarios para impedir que estas medidas sean abusadas como el control judicial, medidas de transparencia y muchas medidas que son parte de estándares internacionales de derechos humanos.
“Estas herramientas en nada interrumpen la labor de las procuradurías pero sí permiten la rendición de cuentas y evitan que estas herramientas sean utilizadas para fines distintos. Desgraciadamente no se aprobó”.
Para el experto en derechos humanos la forma en que se dictaminó este Código fue transparente comparado con otros procesos legislativos. Sin embargo a pesar de que fue un proceso más limpio no se logró incorporar algunas de las observaciones que él y algunas organizaciones no gubernamentales hicieron llegar a los senadores.
“Me hubiera gustado que el Senado hubiera tenido más discusión pública y sobre todo con otros actores que no eran parte del Consejo Técnico al que ellos invitaron. Simplemente no escucharon nuestras preocupaciones”.
Insistió en que el caso específico de intervención de llamadas y geolocalización de personas y aparatos móviles el nuevo ordenamiento es un retroceso.
“Se abre un campo de discrecionalidad y es una herramienta muy fuerte que se puede usar en secreto y eso siempre lleva a abusos. En esta parte sobre vigilancia es un retroceso. Incluso las normas sobre vigilancia que ya han sido impugnadas en la Suprema Corte y que probablemente sean declaradas inconstitucionales, estas todavía tienen menos controles, abren la posibilidad de utilizarlas en un mayor número de casos y sin duda sobre este punto de vigilancia sin duda es un retroceso”, recalcó.
No habrá sorpresas. En los términos en los que se aprobó en la Comisión es seguramente como se aprobará en el Pleno y la historia se repetirá en la Cámara de Diputados.
Puntos clave
> Será decisión de los jueces si se puede o no videograbar las audiencias de un procedimiento judicial.
> Las cámaras están prohibidas al nivel de un arma de fuego.
> Los procesos para intervenir llamadas o geolocalizar a personas son muy laxos y con eso se puede violar los derechos humanos de los ciudadanos.