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La plataforma de declaraciones, que incluiría a todos los funcionarios públicos a nivel nacional, estatal y municipal, ha sido calificado como un ‘avance monumental’ en la lucha contra la corrupción
“El tema de la veracidad es diferente al de la publicidad. Esta plataforma digital recibirá las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, de todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno”
Como parte de las leyes anticorrupción, en el Senado se cocina la creación de una plataforma que aglomere las declaraciones de todos los funcionarios y cruce la información con otras bases de datos –como el SAT o el Registro Público de la Propiedad-, para saber si un servidor público se está enriqueciendo ilícitamente o si su nivel de vida coincide o no con lo que percibe.
Este es uno de los avances en la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo documento de trabajo –presentado por el PRI y el PVEM- ha sido avalado por los integrantes de la sociedad civil que lo impulsan.
La plataforma de declaraciones, que incluiría a todos los funcionarios públicos a nivel nacional, estatal y municipal, ha sido calificado como un “avance monumental” en la lucha contra la corrupción.
La sociedad civil que acompañó el debate decidió apoyar la propuesta de ambos partidos al considerar que sí hay un cambio y se mejorará la rendición de cuentas.
Entre los cambios positivos están que la sociedad civil sí podrá estar al frente de los órganos rectores del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y habrá una plataforma nacional que concentrará las declaraciones de los funcionarios, pero su vigilancia ya no recaerá en manos del gobierno.
Los senadores Pablo Escudero (PVEM) y Raúl Cervantes (PRI), presentaron su propuesta de cinco –de siete- leyes anticorrupción a unas horas de terminar el periodo ordinario de sesiones.
Los académicos y expertos que acompañaron el debate, encabezados por Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, apoyaron la propuesta, aunque advirtieron que tenía algunas carencias.
Conforme pasaron los días, las bancadas del PAN y el PRD suavizaron su postura y aceptaron tomar el documento del PRI y el PVEM como base de la discusión.
Esto ocurrirá solo si estos dos partidos acuerdan echar a andar la Fiscalía Anticorrupción y los cambios al Código Penal para castigar los delitos de corrupción con penas de prisión.
Con la nueva plataforma nacional las declaraciones serán vigiladas por el Comité Coordinador del SNA, en el que participarán ciudadanos
Cruce de información
Aunque todo parece indicar que no se concretará que la declaración patrimonial de los funcionarios sea obligatoriamente pública, uno de los grandes avances que se tendrá es la creación de una gran plataforma que concentrará las declaraciones de los servidores públicos.
Actualmente, los funcionarios tienen la obligación de presentar estas declaraciones y quedan bajo resguardo de las propias dependencias en las que trabajan y son vigiladas por las contralorías internas o por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Es decir, quedan en manos de los propios burócratas, que pueden protegerlos o hacer “como que no pasa nada”.
Con la creación de una plataforma nacional, las declaraciones estarán concentradas en un gran conglomerado y serán vigiladas por el Comité Coordinador del SNA, máximo órgano de gobierno del Sistema, en el que participarán también ciudadanos.
Para Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y uno de los redactores de la Ley 3de3, el debate por las declaraciones patrimoniales debe dividirse en dos.
Por un lado, asegura que la creación de esta plataforma nacional es un gran paso contra la corrupción, pues será la propia plataforma la que revele datos sobre si las posesiones y el estilo de vida de un servidor público coinciden con sus ingresos o si hay “saltos” indebidos.
“El tema de la veracidad es diferente al de la publicidad.
Esta plataforma digital recibirá las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, de todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno.
“Ese sistema va a estar conectado al SAT, al sistema financiero, a los registros públicos de propiedad y de comercio, en fin, para verificar constantemente la veracidad de estas declaraciones”, explicó el especialista.
Hoy día, las declaraciones se concentran en Declaranet, una base de datos poco vigilada y sin seguimiento.
El Comité Ciudadano que participará dentro del SNA será quien haga los convenios con el SAT y otros actores involucrados para que la plataforma esté conectada “por todos lados” y haga un cruce eficiente de información.
La nueva plataforma de declaraciones será nacional.
Con el nuevo esquema, estarán en una sola plataforma las declaraciones de todos los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. Y a todos los va a vigilar.
“Es un sistema que va a tardar en madurar, pero va a llegar un momento en que esa plataforma esté conectada a todos lados y le deje claro a los servidores públicos una cosa: ‘Si me dices mentiras, me voy a dar cuenta’.
“Esa es la meta. Que la propia plataforma esté generando elementos, algoritmos, interconexiones con todo tipo de sistemas y herramientas para que, eventualmente, en el momento en que el servidor público dice una mentira, solita se da cuenta. Si un funcionario dice ‘Yo gano 80 mil pesos mensuales’, la plataforma puede darse cuenta que no, que la vida de ese servidor es como de 300 mil pesos mensuales por los bienes que tiene, las cosas que renta, los viajes que hace”, expuso Kaiser.
La otra parte del debate se ha concentrado en que, de esa plataforma, surgirá una versión pública de las declaraciones patrimoniales de cada servidor.
Hay quienes defienden que en esa versión pública haya un listado de bienes y cuentas; otros han sugerido que sean montos globales los que se muestren; y algunos que se muestren los bienes y los montos.
Las declaraciones de intereses y de impuestos sí serán públicas.
Kaiser explicó que hay 435 artículos de las cinco leyes trabajadas entre todos, que tienen las posiciones de todos los partidos y de la sociedad civil.
“Las dos leyes principales, la del Sistema Nacional y la de Responsabilidades, yo creo que ya no deben tener cuestionamientos de nadie, están ahí los temas más importantes”, aseveró.
Sin embargo, reconoció que es importante que se trabaje en la Fiscalía Anticorrupción y en el Código Penal, que es donde estarán la tipificación de los delitos y las sanciones a los servidores públicos que sean acusados de cometer actos de corrupción.
“Sin esos elementos, el Sistema Nacional Anticorrupción quedaría incompleto”, apuntó, “pero de que hay avances, los hay, sin duda”.
EL COMITÉ
Se elegirá a los miembros de forma escalonada
Recibirán un pago por honorarios, por lo que no serán considerados servidores públicos
La presidencia del Comité Coordinador será rotativa, por lo que eventualmente los ciudadanos podrán presidirlo
