A 12 años de la desaparición de Edmundo Reyes Anaya y Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un juez falló a favor de la creación de una comisión especializada para su localización; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impugnaron esta decisión.
Activistas consideraron el rechazo de la FGR y la Sedena como una falta de voluntad política y un logro truncado, porque la única comisión creada para investigar un caso específico de desaparición forzada es la de los 43 normalistas de Ayotzinapa por decreto presidencial.
“La sentencia es histórica porque es la primera en su tipo (…) en materia de desaparición forzada, donde apegándose al estándar internacional, y en las sentencias que ha habido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó Héctor Cerezo, miembro del Colectivo Cerezo, movimiento que apoya legalmente a las familias afectadas.
Quienes promovieron el juicio indicaron que la decisión sobre el amparo 942-2013-2 del Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a las instancias facilitar y colaborar en las búsqueda de Edmundo y Alberto, así como la creación de una comisión especializada.
“Se están tocando dos instancias protegidas por el propio Estado, el hecho de que reconozcan que están involucradas abre la puerta para muchas más resoluciones similares”, añadió Susana Aguilar Pintos, integrante del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo y parte de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México.
En total en México, oficialmente, hay 48 mil personas desaparecidas, cifra que activistas consideraron conservadora
“Los 48 mil nosotros creemos que es una cifra conservadora, pero el último censo de INEGI arrojaba que son 100 mil, y el principal es problema es ese, no hay metodología”, apuntó.
Sin respuesta de Segob
A pesar de que en esta administración se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, en el caso de los dos activistas desaparecidos la FGR y la Sedena impugnaron la sentencia del juez para la creación de una comisión especial.
Los inconformes tampoco fueron recibidos por las autoridades como lo prometió la Secretaría de Gobernación (Segob) tras una marcha el día 31 de mayo. La reunión estaba pactada para el 5 de junio; sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no llegó
“Se nos hizo esperar por más de una hora a las afueras de la Secretaría de Gobernación para poder ingresar, una vez que se nos permitió el acceso fuimos recibidos por Neftalí Granados, Asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien no sabía a qué íbamos y pretendía llevar la reunión sin que estuvieran presentes los funcionarios con los que se había solicitado la reunión, por lo que al informarnos que el licenciado Encinas no se presentaría a la reunión como se tenía agendado, la comisión de la Campaña tomó el acuerdo de retirarse y solicitar una nueva reunión”, denunció la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México que integran colectivos de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
María Novoa, especialista de México Evalúa, consideró que es difícil que el Gobierno federal acate la decisión del juez porque no es un tema de la agenda nacional ni que las fuerzas políticas tengan voluntad para atenderlo.
“Tiene que haber un interés público real, una agenda más política de ámbito nacional. Yo creo que está muy incipiente esta agenda y depende de cómo se desarrolla para ver el resultado final de esta sentencia”, mencionó.
Añadió que, a pesar de que en marzo se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, el tema debe de tener más relevancia política para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo atraiga y se forme una jurisprudencia, lo que representa una puerta para que otras sentencias de amparo se resuelvan de la misma forma.
El especialista en derecho, Miguel de la Rosa, afirmó que para que se forme un precedente legal, la SCJN o un Tribunal Colegiado lo debe atraer y tiene que ser un tema de interés nacional con impulso político.
“Tendría que atraerlo la Corte, son muchos factores políticos y que se demuestre que sea nacional, pero viene de un juzgado de Distrito para generar jurisprudencia debe venir del Pleno de la Corte o de una de las salas de un tribunal colegiado, también debe hacer cinco precedentes en el mismo sentido”, argumentó.
El único precedente donde se ordenó abrir cuarteles, fue en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; a lo que la Sedena se opuso afirmando que no existía ningún argumento social ni jurídico
“Bueno, primero no encuentro ya no digamos el indicio o una razón legal para hacerlo, no encuentro ni el pretexto para hacerlo. Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de las averiguaciones ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?”, señaló en 2016 el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
También la iniciativa privada se opuso al afirmar que la seguridad nacional se ponía en riesgo al aceptar la apertura de los cuarteles.
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco-Servytur), dijo que el organismo no aceptaba la medida.
“Si abrimos el último bastión que tenemos de defensa de este país (los cuarteles) ¿a dónde vamos a dar? Me da mucha pena lo que les pasó, pero no podemos abrir todos los cuarteles solamente porque quieren ver si están ahí los muchachos”, mencionó.
Víctimas de desaparición
Edmundo Reyes Anaya y Alberto Cruz Sánchez desaparecieron el 25 de mayo de 2007, ambos eran militantes del Partido Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario.
Los dos simpatizantes de la ideología socialista fueron detenidos en el centro Histórico de Oaxaca durante un operativo conjunto entre diversas dependencias.
Desde entonces no se supo más sobre su paradero y el EPR denunció que se trataba de un caso de desaparición forzada por parte del entonces gobernador Ulises Ruiz.
La aprehensión se dio tras el movimiento magisterial y social en Oaxaca durante 2006, donde participaron y que fue reprimido por la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).
Susana Aguilar, relató que tras la detención fueron enviados al Campo Militar número 1, de donde no volvieron a salir y por ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía de Oaxaca determinaron que se trató de un caso de desaparición forzada.