"A diferencia de lo que se ha dicho, este caso es resultado de una larga cadena de inconsistencias y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia para Mireya"
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y otras instancias gubernamentales ignoraron la violencia sexual que perpetró Leopoldo Olvera Silva a sus hijos, a pesar de seis años de denuncias, dos peritajes y dos informes que así lo constataron.
En diciembre de 2010, Mireya detectó violencia sexual contra su hijo de 3 años, por lo que solicitó al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” un diagnóstico que confirmó el 16 de junio de 2011 la agresión sexual cometida por el padre.
Con base en el informe del hospital, Mireya denunció penalmente a Leopoldo Olvera Silva ante el Ministerio Público (A.P. FDS-6/T2/5/6/11-06) por abuso sexual contra el hijo de ambos.
Aún con estas pruebas, dos años después la Jueza Décima de lo Familiar determinó un régimen de visitas y convivencias provisional en el Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX exclusivamente entre Leopoldo Olvera Silva y sus hijas.
Asimismo, en 2012, el padre pidió tener convivencias con su hijo, por lo que la jueza solicita al DIF de la Ciudad de México un primer peritaje al niño y al padre, en el cual los encargados especializados evidencian nuevamente que hay elementos que demuestran la presencia de signos y síntomas derivados de un continuado abuso sexual infantil en el niño.
En los resultados, los rasgos de la personalidad del Leopoldo detectados en dicho análisis confirman el hecho.
Ante esta información, el padre insistió en tener encuentros con su hijo, por lo que los peritajes se remitieron al Instituto de Ciencias Forenses, (INCIFO) del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en donde no se halló evidencia de abuso sexual y recomendó restablecer la relación paterno-filial entre Leopoldo y su hijo.
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Por solicitud de Mireya, el caso se turnó a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) para obedecer la orden que hizo la juez, sin embargo, esta asociación pudo constatar mediante su Modelo de Atención que el niño vivió violencia sexual ejercida por su progenitor, Leopoldo Olvera Silva al cabo de trece sesiones de una hora cada una.
En 2013, Mireya solicita nuevamente atención psicológica para sus tres hijos, pues refirió haber firmado un convenio de custodia compartida bajo coerción por parte de la Juez, Leopoldo Olvera Silva y su abogado.
En febrero de 2014, Mireya denunció nuevamente a Leopoldo Olvera Silva por violencia sexual, ante el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (A.P.FDS/FDS/-6/T3/153/14-02VS), esta vez contra una de sus hijas.
En 2016, la Jueza Onceava de lo Familiar de la Ciudad de México, Silvia Araceli García Lara, otorgó a Leopoldo Olvera Silva la guarda y custodia de sus hijas y su hijo.
El 8 de junio los cuerpos de Mireya Agraz Cortés, sus dos hijas, su hijo, así como el padre de Mireya fueron encontrados sin vida; su madre fue encontrada inconsciente. Junto a ellos fue hallada una nota póstuma, presuntamente escrita por el padre de Mireya y dirigida a uno de sus hijos, en la que explica por qué tomaron pastillas para quitarse la vida.
“A diferencia de lo que se ha dicho, este caso es resultado de una larga cadena de inconsistencias y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia para Mireya y el interés superior de sus hijas e hijo”, denunciaron varias organizaciones.
Acciones inmediatas
Ante las omisiones que señalaron más de 40 organizaciones por parte de las autoridades, así como la falta de rigor jurídico, exigieron
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Abrir nuevas líneas de investigación.
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Destitución inmediata de operadores a cargo de la supuesta impartición de justicia.
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Revisión de protocoolo del Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
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Acceso a la justicia con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior de la infancia
- Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la acción de inconstitucionalidad 19-2014 declarando la derogación de la figura jurídica de “Alienación Parental”
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