Las autoridades a menudo capturan con acusaciones de delitos ambientales a campesinos e indígenas que hacen una explotación mínima del bosque en lugar de castigar a los grandes depredadores, considera Fabiola Vite Torres, Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
“Dentro de su cosmovisión dicen ‘esta vara me la regaló el árbol para que yo pueda utilizarla como moneda de intercambio’ para otros insumos como jitomate, verduras, la canasta básica, no están afectando ni es fuerte el impacto que tienen contra los bosques”, afirma la especialista.
Cada jueves, en la comunidad de Santiago Tianguistenco se realiza un tianguis de trueque en donde los pobladores que acuden al bosque llevan sus productos para cambiarlos por jabón e insumos de la despensa.
Han habido personas detenidas que estuvieron privadas de la libertad por tema de tala ilegal, cuando en realidad ellos atienden a otra cosmovisión, y no son quienes hacen el impacto fuerte en la tala ilegal de los bosques
Los pobladores conocen a las personas que cometen estos delitos, pero ante la desprotección y la falta de confianza en la autoridad es difícil que denuncien, considera la abogada.
“Los pobladores hacen sus denuncias, muchas veces recurren a la Profepa y desde la institución se ordenan las inspecciones en el lugar y, si bien se identifica que hay tala de árboles, es complicado detener a los culpables”, explica.
Otro problema es que las autoridades judiciales requieren que los demandantes a menudo se presenten a ratificar las denuncias y es gente que suele carecen de recursos económicos.
“De repente se confunden en el tema de Profepa y lo que es la Fiscalía, el punto es que ninguna de las dos responde”, apunta.
“También es un foco rojo para la seguridad de las personas que se convierten en defensores de los bosques, por la forma en que actúan los talamontes.
“Si bien tienen trabajadores que van y talan el árbol, finalmente quienes están detrás puedan pertenecer a un grupo armado o delincuencial”, asegura.
Jueces, sin preparación para delitos ambientales
Los jueces que llevan los casos de delitos ambientales carecen de capacitación y la Profepa y la FGR fallan en la integración de los expedientes, afirma el doctor Arturo Chacón Torres, profesor investigador decano del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana (UMSNH).
“Me parece que hay jueces que están poco capacitados. Podrán tener la mejor voluntad pero no tienen la preparación. También hay corrupción”, indica el académico.
Considera que los delitos ambientales “los encajonaron en el Código Penal” de manera protocolaria cuando se trata de delitos que, por su magnitud en contra de la humanidad, tienen que abordarse de manera muy específica y con conocimiento de causa.
“Les pueden imponer una multa de 50 mil pesos por haber abierto una brecha en donde se ocasionó un daño más sustancial que para la estabilización de suelos se puede llevar hasta un millón de pesos, pero llega un momento en el que el acusado o el que está siendo procesado prefiere mejor pagar la multa y seguir abriendo brechas que someterse a la ley”, refiere el especialista.
“La ley de Responsabilidad Ambiental dice que en el caso supuesto de una destrucción o un daño ambiental el juez puede dictaminar que se llegue a punto cero, al punto de origen (dejar las cosas como estaban).
“Si un día derribó árboles de 75 años de edad o 100 años de edad o todavía de miles de años de edad, como el caso de los ahuehuetes, cómo voy a llegar al punto de origen o cómo voy a plantar árboles de mil años de edad”, cuestiona el experto de la universidad nicolaita.
Recuerda que en el país existen 560 conflictos ambientales, de acuerdo con las cifras dadas a conocer en septiembre de 2019 por el entonces secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo Manzur.
El biólogo Arturo Chacón considera que en el país se carece de suficiente inspección y vigilancia para identificar la explotación de los bosques y los delitos ambientales en general.
Ni con el Ejército podríamos tener suficientes elementos, lo que falta es involucrar a la sociedad local, hacerla partícipe de la responsabilidad de vigilar los recursos naturales
El especialista reconoce que existe un alto riesgo al denunciar a estos grupos que explotan de manera ilegal los recursos naturales.
“Para la denuncia pública te dicen ‘deberá de dar su nombre completo, deberá presentar su identificación, deberá de decir dónde vives’ y todo ese tipo de datos. Les están dando (a los criminales) las coordenadas de cómo asesinarlos, obviamente la sociedad se siente vulnerable en ese sentido y lo que se requiere es una denuncia anónima pero fundamentada.
“También en las organizaciones sociales les dicen que se puede hacer una denuncia pública ciudadana pero a través de una asociación y las asociaciones se saturan, tienen 10, 20 o 30 denuncias y cuando integran los expedientes y los llevan a la Profepa, ésta los omite, simplemente no les hace caso y eso que las ONG están acompañados de gente preparada”, sentencia.
