Autoridad sin ley

La detención arbitraria de César Luna en un retén de alcoholímetro de la SSP-CDMX no es un hecho aislado. Violaciones a derechos, al debido proceso y dilaciones en la puesta a disposición son prácticas que fueron recurrentes en la pasada administración capitalina, hechos por los cuáles la autoridad fue señalada
Laura Islas Laura Islas Publicado el
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A César Alejandro Luna, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) lo detuvieron, lo golpearon, lo esposaron y lo mantuvieron incomunicado durante varias horas tras pasar un retén de alcoholímetro el pasado 2 de enero en avenida Observatorio, según su testimonio.

“Primero es un empujón de súbete a la patrulla, luego me asestan un golpe en las costillas, posteriormente un golpe en el pómulo izquierdo y por la parte de atrás otro oficial me pega en la pierna a la altura del muslo para tratar que perdiera equilibrio y otro más”, relató César.

“Había dos policías en la parte de atrás, uno me abre las piernas y otro más me jala de la parte del cuello hasta someterme en el piso, en ese momento me doblan brazos, me ponen las esposas y me empiezan a patear”.

La agresión ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana del 2 de enero, después de que elementos lo forzaran a realizar cinco veces la prueba de la alcoholemia, hasta que ésta salió positiva, y él les dijera que los acompañaba sin ningún problema pero que le informaran qué iba a pasar con su madre de 78 años.

Damaris Cedillo de la Borbolla, la abogada de César Luna, explicó que el procedimiento de la detención sobrepasó los límites, ya que el reglamento del programa denominado “Maneja sin Alcohol” es una invitación para hacer la revisión de los niveles de esta sustancia en la sangre y establece que sólo se debe de hacer la prueba una vez

Además, la misma reglamentación al caso establece que si existe una persona que no se encuentra  bajo el influjo de alcohol o algún estupefaciente puede llevarse el coche, pero en el caso de César los policías impidieron que se lo llevara su madre, y más tarde su cuñado, por lo que el vehículo fue remitido a un depósito en la alcaldía de Álvaro Obregón.

“Evidentemente también hubo violación de sus derechos al esposarlo, porque no es un delincuente de alta peligrosidad ni se estaba encontrando en fragancia de delito grave y por tanto no es una función natural, no es una detención regular”, señaló.

“Sin importar el tipo de lesiones ya es una violación a sus derechos, a su integridad física, pero principalmente a sus funciones que ellos tienen que es la libertad y la seguridad, finalmente son los dos derechos más importantes que constriñen en la Constitución y no los están ni siquiera respetando”, dijo la defensora.

Pero el caso de César no es un hecho aislado. El pasado 15 de octubre, la Comisión de los Derechos Humanos capitalina emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por detenciones arbitrarias e ilegales en la capital del país.

De acuerdo con el documento, la Comisión local abrió 58 expedientes de queja entre el 2010 y el 2018 (durante los gobiernos perredistas en la capital) en la que se investigaron violaciones a los derechos humanos de 122 víctimas. Las detenciones o restricciones a la libertad se realizaron en contextos que no eran estrictamente necesarios y existió dilación en las puestas a disposición de hasta 3, 7 y 11 horas.

El derecho a libertad, seguridad e integridad personales; debido proceso; propiedad privada y acceso a la justifica fueron algunos de los derechos en los que se acreditó que hubo violaciones, informó la dependencia

En la recomendación se resaltó la necesidad de generar mecanismos para un pronto control judicial de las detenciones para prevenir arbitrariedades e ilegales de las que puedan ser víctimas personas relacionadas con esas medidas.

“Se debe garantizar que toda persona detenida o retenida tiene derecho a que sea llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales; a ser informado de su situación jurídica y de sus derechos; a una defensa adecuada; a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”, dijo Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCDMX, durante la presentación de la recomendación.

Detención ilegal

“Me hacen cinco pruebas, indican que yo no estoy cooperando, que no lo estoy haciendo correctamente, me piden documentos, mismos que tengo una parte obviamente en el vehículo y bueno, les digo que sin ningún problema podemos ir a donde ellos gusten pero que me dijeran qué iba a pasar con mi mamá de 78 años”, recordó César Luna sobre la detención arbitraria de la que fue víctima.

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