Nuevo León tiene una crisis de violencias hacia las mujeres que implica sus manifestaciones máximas como desapariciones y feminicidios. Por lo que el Instituto Estatal de las Mujeres, a cargo de Laura Paula López, tiene un compromiso especial con este grupo de población. Esta dependencia tiene la responsabilidad de promover las políticas públicas que ayuden a la no discriminación y acciones que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos de ellas.
Laura Paula López está a cargo del Instituto desde el 6 de octubre de 2021
Sin embargo, sigue formando parte del Gobierno de Nuevo León, que a su vez cuenta con la Secretaría de las Mujeres. Este órgano está acéfalo desde la renuncia de Alicia Leal.
En el Congreso local hay una iniciativa que busca que este instituto sea autónomo, pueda tener libertad en la toma de decisiones y tenga su propia política pública para las mujeres.
La propuesta es del diputado de Morena, Waldo Fernández, quien plantea adicionar el artículo 1 en la actual Constitución de Nuevo León y en la nueva Constitución.
“El Estado creará el Instituto para las Mujeres, un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que estará encargado de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, económica y social del Estado”, dice la iniciativa.
Este órgano formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Y todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le haga.
“Su titular será designado por el Poder Legislativo en los términos que establezca la ley y durará en su encargo siete años”, dice la propuesta.
Comisión de personas desaparecidas autónoma
El diputado de Morena, Waldo Fernández, propone crear la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas autónoma, que obedezca a los intereses solamente de la población y no a los políticos.
En Nuevo León existe la Comisión Local de Búsqueda de Personas, pero depende del Gobierno estatal. Los recursos que se le asignan año con año en el presupuesto de egresos estatal limitan su operación.
“Será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, una ley determinará su organización, funcionamiento y competencia. Será objeto de esta Comisión determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el territorio del Estado, así como impulsar las acciones de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las que realicen las demás autoridades e instancias que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”, menciona la iniciativa.
Para reforzar la autonomía de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el titular sería nombrado por el Congreso de Nuevo León y no por el Poder Ejecutivo
“Su titular será designado por el Poder Legislativo en los términos que establezca la Ley y durará en su encargo siete años”, dice la iniciativa del diputado.
La Comisión tendrá recursos propios para su operación, negociando con los diputados de acuerdo con las necesidades de este organismo autónomo.
A falta de acciones para encontrar a las personas desaparecidas en esta entidad, desde la sociedad civil se creó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL), que han emprendido una búsqueda incansable para encontrar a sus desaparecidos. Al igual que las colectivas feministas, la organización ha representado a la ciudadanía.
