Sucedió lo inesperado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la consulta popular, impulsada desde el Ejecutivo federal para determinar si se juzgará a los expresidentes por los delitos que hayan cometido durante y después de su gestión, es constitucional.
El proyecto de 43 cuartillas del ministro Luis María Aguilar era lo suficientemente serio y contaba con todo lo necesario para que se votara a favor
A través de una sesión remota, el presidente de la Corte Arturo Zaldivar y los ministros Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Ana Margarita Ríos Farjat, votaron en contra del proyecto de su homólogo Luis María Aguilar, quien en días anteriores calificó como un “concierto de inconstitucionalidades” la propuesta del primer mandatario mexicano.
Esta decisión del Poder Judicial desató mucha polémica no solo entre juristas y expertos en la materia, también entre los integrantes de los principales partidos de oposición al gobierno de Andrés Manuel López que aseguran que la autonomía del máximo tribunal constitucional en el país ha quedado en entredicho.
Rafael Tena, abogado constitucionalista, asegura en entrevista para Reporte Índigo que el proyecto de 43 cuartillas del ministro Aguilar era lo suficientemente serio y contaba con todo lo necesario para que se votara a favor, lo que demuestra que el mayor tribunal del país al final sucumbió ante las presiones del Ejecutivo federal.
Antes de la sesión el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros que no se dejaran intimidar y que en el análisis se tomara en cuenta el sentir del pueblo. Sin embargo, pues ni uno ni otro, porque sí se dejaron intimidar la mayoría de los ministros y dos, no hicieron caso al sentir del pueblo
“Desde mi punto de vista, el proyecto era sólido, inclusive contenía precedentes convencionales y quizás las únicas discrepancias que se esperaban eran en qué derechos humanos se violaban con esta consulta.
“Incluso había quienes pedían que hubiera unanimidad en cuanto a la inconstitucionalidad de la consulta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación demostrara su autonomía e independencia frente al Poder Ejecutivo, pero no fue así”.
No obstante, esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte podría definir la legalidad del decreto emitido por el presidente para designar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, una discusión que después de lo ocurrido, deja a la Corte bajo la lupa.
“El Poder Judicial había dado muestras de que se podía confiar en él y hoy echa eso por la borda, entonces qué podemos esperar sobre otros temas como el uso de la fuerza u otros asuntos delicados que están pendientes.
“Esto sin duda debilita uno de los Poderes de la Unión que mucho trabajo ha costado fortalecer para que se considerara autónomo e independiente para que ahorita con este tipo de decisiones se pierda este esfuerzo’’, dice Martha Tagle, diputada federal por parte de Movimiento Ciudadano.
Pregunta diluida en la Suprema Corte
Para el abogado constitucionalista Rafael Tena, las modificaciones que se le hicieron a la pregunta original dada a conocer por el Presidente de la República, ayudan a evitar que se violen derechos humanos, sin embargo, la amplitud de la misma puede provocar confusión y la vuelven prácticamente inservible.
“Le enmiendan la plana y el producto no convence. La pregunta quedó muy ambigua en cuanto al tiempo, a los actores políticos. Habla de decisiones tomadas en años pasados pero no sabemos qué años o qué decisiones”.
Con esto coincide la diputada Tagle, quien dice que por tratar de darle gusto al presidente y al mismo tiempo no quedar tan mal parados, la SCJN avaló una pregunta que de poco o nada sirve.
“La pregunta que terminan proponiendo es totalmente inentendible porque por un lado intentan darle por su lado al presidente pero por el otro tratan de atenuar la pregunta original concluyendo con un resultado que no le sirve a nadie.
“Incluso los colectivos de víctimas plantearon una pregunta que hubiera sido mucho mejor y tenía que ver con que si la sociedad estaba de acuerdo en que se instalara una comisión de la verdad para que se investiguen los presuntos crímenes y se repare el daño de las miles de víctimas”.
Las modificaciones que se le hicieron a la pregunta original de la consulta ayudan a evitar que se violen derechos humanos, sin embargo, la amplitud de la misma puede provocar confusión entre la ciudadanía
¿Qué sigue?
Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la consulta popular es constitucional, el presidente de la Cámara de Senadores, deberá publicar la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnarla a las comisiones que correspondan para su discusión y creación del dictamen que se discutirá en el Congreso de la Unión y deberá ser aprobado por ambas cámaras.
De suceder esto, se deberá publicar la decisión en el Diario Oficial de la Federación y se le notificará al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo encargado de organizar este ejercicio.
“La reforma constitucional que se promulgó en diciembre de 2019 es muy clara en el sentido de quién tiene que organizar la consulta, que es el INE, que no se puede hacer campaña, que la difusión le corresponde exclusivamente al INE y que se tendría que hacer el primer domingo de agosto”, dice la diputada Martha Tagle.
La legisladora también hace mucho énfasis en que el presidente no haga campaña con la consulta.
“¿Cuál ha sido el objetivo del presidente desde el año pasado? Poder estar en la boleta del 2020- 2021. Algo que de una u otra manera siempre intentó, primero con lo de la revocación de mandato y ahora con la pregunta de los expresidentes. Sin embargo es muy importante dejar en claro que a pesar de que la consulta va, el presidente no puede hacer campaña por este tema”.
Luz verde
En caso de que la consulta se lleve a cabo y que el resultado sea positivo, poco cambiaría en cuanto al procedimiento a seguir para obtener justicia actualmente, explica el abogado Rafael Tena.
“Lo que procedería es lo mismo que al día de hoy, es decir, en términos del artículo 222 del Código Nacional de procedimientos Penales, los funcionarios públicos en activo que tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, están obligados a denunciarlo.
“Entonces los funcionarios que consideren que tienen las suficientes pruebas para armar una carpeta de investigación y darle estos elementos al ministerio público, pues tienen la misma obligación que hoy en día.
“Por este motivo, al igual que los ministros que votaron en contra, muchos consideramos que la consulta no es necesaria si de impartir justicia se trata”.
