Aplicar un plan de austeridad sin un estudio previo pondrá en riesgo no sólo a las familias de los burócratas, sino a la administración pública en general, pues habrá pocas personas para tomar decisiones y la calidad de los servicios que provee el gobierno podría disminuir.
Así lo indica un análisis realizado por un grupo de servidores y ex servidores públicos, en el que afirman que recortar al 70 por ciento del personal de confianza dejará solamente a unos pocos en sus cargos, quienes no tendrán la capacidad de procesar todos los asuntos relacionados con la tarea del gobierno.
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Además, reducir su salarios de forma indiscriminada, puede traer una fuga de talento que pegará directamente en la calidad de los proyectos, la planeación y las decisiones que se tomen en la administración pública.
En el documento “Análisis de los lineamientos de combate a la corrupción y aplicación de una política de austeridad republicana”, estos funcionarios y exfuncionarios proponen realizar primero un análisis a detalle de la estructura de la Administración Pública Federal.
Un grupo de funcionarios realizó un estudio en el que advierte riesgos por el despido masivo de trabajadores del gobierno
Además, proponen que para la fijación de las remuneraciones, se divida al personal a los servidores públicos en dos grupos: uno, de aquellos que ocupan cargos políticos o que los obtuvieron mediante las elecciones; y otro, donde se agrupen a los perfiles técnicos necesarios para la realización de tareas especializadas en todas las áreas de la administración pública.
No hacerlo así y fijar una disposición en la que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, advierten, sería un error, porque hay personal de ciertas dependencias y organismos que llevan a cabo labores técnicas con un alto grado de especialización, que ni el presidente de la República —que sería el mejor remunerado— podría llevar a cabo.
En el documento de análisis, estos personajes defienden los derechos adquiridos de los trabajadores de confianza y piden que no haya retroactividad en la aplicación de estos lineamientos; es decir, que comiencen a aplicarse a las nuevas contrataciones. Advierten también sobre la ola de demandas que tendrá que enfrentar el Gobierno federal.
Sin embargo, en ningún momento hablan sobre las condiciones de desigualdad en el país ni la brecha de las remuneraciones entre los trabajadores del sector público y del sector privado, que muchas veces no tienen acceso a ninguna prestación
Los autores del análisis son Laura Arias Gómez, subdirectora de Administración del Instituto Nacional de Cancerología; Edmundo Barrientos Morales; Mario Alberto Fócil Ortega, titular de la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones; Gonzalo García Cervantes; Beatriz Guerrero Auna, presidenta de la organización Participando por México; Sandra Girón Bravo, coordinadora de Nómina de Mando en el IMSS.
Además, José de Jesús Gutiérrez Archundia, consultor en temas de administración pública; Alejandro Herrera Macías, director de capital humano de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente; Luis Felipe Llanos Reynoso; Antonio López López; Agustín Martínez Herrera, secretario técnico en la Conferencia Nacional de Gobernadores; y Ernesto Morán Roel.
Y también Ernesto Navarro Adame, titular de Auditoría de Control y Evaluación de Fonatur; Víctor Manuel Pérez Coronado; José Ramón Ramírez Gorostiza, director general adjunto de Planeación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Karla Raygoza Rendón, titular de la Unidad de Administración del IMSS; y Fernando Santiago Yurén.
Este jueves, la Cámara de Diputados votará una minuta que ya fue aprobada en el Senado, en el 2011, para crear la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República y tampoco más que su mando superior, aunque en este caso sí se establecen excepciones sobre puestos con perfiles técnicos altamente especializados.
Esta Ley reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política, además de que establece sanciones en el Código Penal Federal.
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Como está Ley ya fue aprobada en el Senado, basta con el voto mayoritario en la Cámara de Diputados para que pueda ser aplicada en el Presupuesto de Egresos del 2019.
Incertidumbre, parálisis, incumplimientos
El análisis señala que los trabajadores del sector público a nivel federal que trabajan en todo el país viven en un clima de incertidumbre ante el anuncio del recorte de plazas que fue hecho por el presidente electo tan pronto como ganó las elecciones del 1 de julio.
El problema que ven no es solo ese, sino que prevén que habrá consecuencias en la calidad del servicio público.
“En caso de sufrir un recorte abrupto o considerable en las plazas de confianza (…) ello redundará, si no en una parálisis administrativa del Gobierno federal, sí en continuas y repetidas fallas e incumplimientos a la compleja y vasta normativa federal (…).
“Un recorte de la magnitud que se plantea, mediante el cual se pretende que las dependencias y entidades operen únicamente con el 30 por ciento del personal de confianza, impactará inexorablemente en la capacidad del Poder Ejecutivo para llevar a cabo dichos actos en lo particular y desplegar la función pública en lo general de una forma eficiente y eficaz”, señala el documento.
En su lineamiento número 21, López Obrador ha dicho que pretende recortar al 70 por ciento del personal de confianza que labora en el Gobierno federal.
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En cuanto al recorte salarial, el análisis sostiene que será más difícil atraer y retener al personal altamente calificado, que buscará mejores condiciones laborales en la iniciativa privada o el extranjero.
Además, desde su óptica, es incorrecto que la ley reglamentaria de los salarios máximos indique que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente de la República, pues este es un cargo político que no requiere una especialización determinada, como sí ocurre en trabajos altamente calificados.
“El artículo 82 de la Constitución Política establece los requisitos para ser Presidente, y aunque es el cargo más relevante de elección popular que existe en nuestro sistema político, no requiere la formación profesional de ningún tipo, lo cual es correcto, pues aspirar a dirigir el país es un derecho político absolutamente legítimo de todo ciudadano.
“Así pues, cualquier persona, aún sin estudios, que cumpla los requisitos, puede ser presidente; pero no cualquier persona sin estudios, puede, por ejemplo, dirigir en Instituto de Cancerología, administrar el espectro radioeléctrico, refinanciar la deuda pública o elaborar la cuenta satélite de la actividad turística, por señalar algunos ejemplos de actividades técnicas específicas y especializadas”, sostiene el estudio.
Es por ello que los autores recomiendan que en la ley reglamentaria del artículo 127 se divida las remuneraciones en dos grandes grupos: por un lado, el de los puestos de elección (presidente, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, etc.), además de los de libre designación política (secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, etc.); y por otro lado, los sueldos de los titulares del Poder Judicial, de los órganos constitucionales autónomos y de otros organismos que requieren una especificación técnica de alto nivel.
En cuanto a la desaparición de prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación, los autores consideran que esto puede acarrear mayores problemas para el Estado, que no está preparado para proveer servicios de salud ni enfrentar los gastos que traería la liquidación de los trabajadores conforme a la ley
A esto se suma la propuesta del nuevo gobierno de aumentar un día la jornada laboral del personal de confianza, medida que incluso tendrá repercusiones negativas en la pacificación del país, pues no se privilegia el tiempo de convivencia familiar; además de que se hace lejos de una perspectiva de género, pues la mayor parte de las labores domésticas son realizadas por mujeres que ahora tendrán más trabajo.
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Estas medidas, aseguran los autores del análisis, traerán como consecuencia no sólo la baja en la calidad de las decisiones y efectividad del gobierno, sino una ola de demandas legales en busca del respeto a los derechos laborales.
“Ante la magnitud del recorte que se ha dejado entrever, acontecerá que a partir del próximo 1 de diciembre del año en curso, es de esperarse el advenimiento de amparos y demandas laborales tendientes a revertir las separaciones que se hayan determinado”, comentan.
El análisis hace hincapié en la oportunidad histórica que tiene el gobierno entrante de llevar a cabo una verdadera reforma a la Administración Pública Federal, en la que se privilegie la eficiencia, y de dar pasos certeros hacia la conformación de un verdadero Servicio Civil de Carrera que privilegie el servicio público sobre la política.
“La austeridad es un medio, no un fin en sí mismo. Un medio para mejorar la eficiencia del sector público y de la calidad de su actuación en beneficio de la ciudadanía, sin afectar los derechos humanos y laborales de los servidores públicos.
“La oportunidad histórica que tiene la administración entrante radica en que se encuentra en inmejorables condiciones para llevar a cabo una profunda reforma administrativa que permita poner en el centro de los esfuerzos al ciudadano y, al mismo tiempo, dignificar la función pública”, sentencia el estudio.
La calidad del servicio público, finalizan, es un asunto de Estado y debe ser visto como tal.
