El telón de la nueva realidad se levantó con un fuerte mensaje de austeridad. En medio de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, el Gobierno federal, con la justificación de destinar mayores recursos para enfrentar la pandemia, llevó el recorte de recursos a un nuevo nivel, ordenando una reducción del 75 por ciento a todas las dependencias, órganos descentralizados, fideicomisos, programas e instituciones.
La petición de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual será aplicada a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pega directamente a las partidas 2000, que corresponde a Materiales y Suministros, y a la 3000, referente a Servicios Generales.
Es un recorte que mete en un estado de inanición a la administración pública porque son dos capítulos que tienen que ver con la operación y contratación de servicio de organizaciones y dependencias, entonces es como si se le redujera el 75 por ciento del presupuesto a una persona para mantener su casa
Por su parte, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que el recorte también le pega a la gente que trabaja en el gobierno por honorarios, hasta a una serie de contratación de servicios que están en el capítulo 3000, que pueden ser el pago de impuestos, servicios, vigilancia, Internet, seguridad informática, transporte de personal, papelería, limpieza o mantenimiento de infraestructura.
“Queda la sensación de que esto no fue un análisis de fondo sino un exabrupto, si tú preguntas el porqué del 75 por ciento parejo a todo, pues no hay una respuesta clara, pensada.
“Me parece que la Secretaría de Hacienda tuvo muy poco que ver en la decisión. Es probable que la haya tomado únicamente el presidente, cuando nunca en su vida ha abierto un capítulo 2000 o 3000”, comenta Villarreal en entrevista para Reporte Índigo.
Austeridad, Decisión imposible
El director del CIEP cuestiona la viabilidad del recorte solicitado por el jefe del Ejecutivo Federal.
“Es muy probable que el recorte que están mandatando de fondo no se pueda realizar. Van a topar con pared y se van a dar cuenta que hay una serie de operaciones básicas o contratos y que hay cosas que no pueden dejar de pagarHay áreas del gobierno que simple y sencillamente se van a morir si ejecutan esta orden al pie de la letra
López Montiel menciona que otro panorama, si se lleva a cabo la decisión del presidente, es que muchas dependencias no quieran regresar a trabajar de manera presencial, ya que eso implicaría pagar servicios, por lo que optarían por trasladar esos costos a los empleados que permanecen laborando desde sus casas.
“Esto afecta a todos, entonces habrá dependencias de todo tipo, en donde dejará de haber fluidez y no se podrán recuperar sin el dinero que les pretenden quitar”.
Dejar un legado
A pesar de las advertencias de especialistas por el tema ambiental y por la endeble situación presupuestaria, el Ejecutivo ha decidido seguir adelante con las obras emblemáticas de infraestructura como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.
La tarde de ayer, el mandatario rompió el confinamiento para trasladarse a Quintana Roo a dar el banderazo de salida a la construcción de uno de los tramos del ferrocarril.
“Vamos a inaugurar en el 2023, ya el Tren en los cinco tramos: Palenque, Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum. Y en el 2024 los dos tramos de: Tulum, Carrillo Puerto y Escárcega, los que va a terminar el Ejército. Ese es el plan general”, dijo el día de ayer el primer mandatario del país.
Además señaló que en las cinco primeras etapas se crearán 80 mil empleos en 2021 y 150 mil el año siguiente.
Para Gustavo López Montiel, todos los presidentes, de una forma u otra, buscan dejar una marca de su paso a través de la historia, lo que López Obrador busca lograr con obras faraónicas como Dos Bocas, Santa Lucía o el Tren Maya.
“Al final no creo que le importen tanto los proyectos en sí, sino los símbolos que estas obras representan. En buena medida son como las pruebas de campaña del presidente, en el sentido de haber prometido cosas que busca decir y demostrar que logró.
“Si decidiera no terminar Dos Bocas, o decir: ‘ok me equivoqué, hagamos otra cosa’, lo sentiría mal visto por su base fuerte, su electorado”, considera.
La decisión presidencial será aplicada por la SHCP, los rubros afectados son el capítulo 2000, que corresponde a Materiales y Suministros, y al 3000, de Servicios Generales
Trabajar sin datos
El recorte anunciado por el Ejecutivo federal tendrá un profundo impacto a futuro para los tres niveles de gobierno, para las empresas y para la ciudadanía.
“Los gobiernos trabajan con información para generar políticas públicas. Lo estamos viendo ahorita con la pandemia, sin embargo los datos que el gobierno ha generado son parciales y limitados, algo que refleja cómo se ha manejado la actual administración.
“Los datos no solo los usa el gobierno, los utilizan todas las personas para poder tomar decisiones diariamente. Si no sabemos cuál es la tendencia económica, la pérdida o generación de empleo, lo que consumen las personas, entre otros, vamos a estar en desventaja con otros países que sí lo hacen”, asegura el politólogo del ITESM.
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Garantizar el 2021
Contrario al recorte de austeridad del 75 por ciento a todas las dependencias, el gobierno de la Cuarta Transformación ha reforzado los programas sociales, los cuáles no solo siguen recibiendo sus mismos recursos de siempre, sino que se incrementan.
Los recursos de los proyectos prioritarios, especialmente para los programas sociales, han aumentado debido a que les han resultado más caros de lo planeado, asegura López Montiel.
“Están buscando mantener viva una estructura que les permita llegar con fuerza a las elecciones del 2021, las cuales estarán determinadas por las instituciones políticas.
“Como no hay un perfil que atraiga votos en particular como lo fue en su momento Andrés Manuel López Obrador como candidato, los responsables serán los partidos. Y para eso se necesitan estructuras muy grandes, y la clientelar, que surge de estos programas sociales, es la que se va a mantener con fluidez de recursos mientras el resto pagan el precio”, apunta.
Estas decisiones le traerán problemas en la creación y aprobación del próximo paquete presupuestal, agrega Héctor Villarreal.
El presidente va a tener un encontronazo con la realidad muy serio cuando quiera sacar adelante el próximo paquete económico que está a 13 semanas de que se presente
“Él puede decir lo que quiera, puede inventar sus resultados cada mañana pero los números son los números. Las condiciones van a ser muy complicadas”, enfatiza.
Alternativas a la austeridad
Para el politólogo del ITESM, hay tres opciones fundamentales en términos de política económica y fiscal.
La primera es adquirir deuda, algo que el presidente no desea hacer y algo con lo que concuerda Héctor Villarreal.
“Su discurso históricamente ha sido no a la deuda, especialmente por el tema del Fobaproa, del cual fue opositor, entonces endeudarse lo haría verse como los presidentes anteriores”, expone López Montiel.
Sin embargo, muchos gobernadores están recurriendo a esta alternativa para poder mantener vivas sus economías después de la pandemia.
La segunda es crear nuevos impuestos. Pero el presidente también prometió que eso no sucedería.
“Lo más probable es que busquen mecanismos para aumentar los impuestos que ya existen. Algo que les afectaría en materia electoral y que la oposición podría utilizar como arma para hacer campaña”, explica el politólogo.
Por último, comenta que la tercera alternativa sería incrementar el déficit, algo que considera riesgoso.
Si el Gobierno federal tomará otra ruta para no sacrificar recursos de dependencias tendría que recurrir a la contratación de deuda, aumentar o crear más impuestos, aspectos que van contra la política de AMLO
“Lo que pasa es que si el Producto Interno Bruto baja en la medida en que se dice que va a bajar, obviamente el déficit se va a multiplicar en las mismas condiciones. Entonces no es muy viable en términos de financiamiento”, concluye.
Negociación exitosa
Gracias a las negociaciones de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, del director de la Unidad de Articulación Regional y Sectorial, Alejandro Díaz, y del Oficial Mayor, Noé Ortíz, una semana después del anuncio del Ejecutivo federal lograron frenar el recorte tanto para el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), como para el resto de las instituciones dedicadas a la divulgación e investigación científica.
“Tengo buenas noticias que comunicarles. Como resultado de las negociaciones entre Conacyt y la SHCP, esta mañana la directora general de Conacyt (María Elena Álvarez-Buylla) nos informó que se acordó no afectar con el recorte del 75 por ciento del presupuesto del gasto operativo del CIDE, de todos los Centros Públicos de Investigación y de otras instituciones públicas de investigación”, informó en un comunicado Sergio López Ayllón, director de la institución.
Además, afirmó que las becas para los estudiantes del CIDE están garantizadas.
El aumento de recursos a programas sociales permitirá al Gobierno federal llegar fortalecido para las elecciones del 2021, pero también comprometerá gran parte del presupuesto para la nación
