Los castigos que establece la Carta Magna en México en contra de quienes cometen algunos de los delitos que más dañan al país y a la sociedad poco han servido para desincentivar la comisión de los mismos.
Frente a este panorama, legisladores tanto a nivel local como federal han recurrido a un mismo método a lo largo de los años en su intento por revertir esta situación: aumentar o hacer más severas las penas ya existentes para cierto tipo de conductas antisociales.
Sin embargo, la diputada federal e integrante de la Comisión de Justicia, Lorena Villavicencio, asegura en entrevista que son medidas que se toman únicamente para generar una percepción en la sociedad de que se está actuando, ya que no tienen ningún reflejo en la realidad.
Aumentar o hacer más severas las penas ya existentes son medidas que se toman únicamente para generar una percepción en la sociedad de que se está actuando, ya que no tienen ningún reflejo en la realidad
“No hubo ningún cambio. No se ha mejorado el acceso a la justicia estableciendo penas mayores, más severas o ampliando el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio. Los índices de criminalidad no han bajado. Lo que nosotros debemos exigir es la aplicación de la ley en sus términos por parte de los operadores del sistema de justicia (policías, ministerios públicos y jueces)”.
A pesar de los pocos o nulos resultados que el aumento de penas trae consigo, durante la actual legislatura, en el Congreso de la Unión, los diputados y senadores han dedicado incontables horas replicando una fórmula que no funciona: agravar los castigos de ciertas conductas sociales dañinas.
Entre los ejemplos más claros está el incremento en las penas por los delitos de feminicidio, abuso sexual contra menores de 15 años y entorpecimiento de la procuración de justicia que se aprobó en la Cámara de Diputados el 18 de febrero de 2020.
Con la modificación, el Código Penal Federal ahora contempla una pena de hasta 65 años de prisión para quien cometa un feminicidio, el cual anteriormente alcanzaba una castigo máximo de 60 años tras las rejas.
Las multas por este delito pasaron de un máximo de mil días de salario mínimo a mil 500 y el crimen de abuso sexual en contra de una persona menor de 15 años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, pasó de castigarse con una pena de entre seis y 13 años de prisión a una de 10 a 18 años de cárcel.
Sin embargo, al revisar las cifras oficiales que reporta el Estado en materia de asesinatos contra mujeres por motivo de género, se puede ver que es un problema que a pesar de castigarse cada vez de forma más severa, sigue en aumento.
Entre enero de 2015 y diciembre de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registra 3 mil 751 feminicidios en todo el país. Cantidad que se cree es mucho menor a la real ante la elevada cifra negra que existe en el país por la falta de denuncias, así como de capacidad de las instituciones encargadas de procurar justicia para identificar los casos y atenderlos debidamente.
En cuanto a la defensa de los menores en materia de agresiones sexuales, el Censo de Procuración de Justicia Estatal 2019, revela que la Ciudad de México ocupó el primer lugar en el país de acuerdo con la cantidad de delitos cometidos a víctimas de entre 0 y 17 años por abuso sexual (mil 79 delitos), violación simple (446 delitos), retención o sustracción de menores(419 delitos), pornografía infantil (60 delitos) y violencia familiar (2 mil 513 delitos).
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Instrumento de extorsión
El aumento de las penas o castigos más allá de resultar una estrategia ineficiente para combatir la violencia y la inseguridad a nivel mundial, en México también se ha manifestado como una actividad que promueve la corrupción.
Aumentar penas lo que sí te incrementa es la capacidad de extorsión de los operadores del sistema de justicia del Estado
“Entre más alto sea el castigo más armas tienen para negociar policías, ministerios públicos y hasta jueces”, asegura la integrante de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos en San Lázaro.
Más allá de legislar
Contrario a la receta aplicada por los legisladores desde sexenios pasados para tratar de disminuir los índices de criminalidad en el país, Lorena Villavicencio explica que son cuatro acciones fundamentales las que se deben llevar a cabo por parte del Estado para combatir la violencia y la inseguridad.
“Invertir en la capacitación de policías, ministerios públicos, jueces y dotarlos de las herramientas necesarias para que las investigaciones deriven en sentencias.
“Crear un mecanismo interno de rendición de cuentas para supervisar a los operadores del sistema de justicia: cómo hacen las investigaciones, cómo integran sus carpetas y cómo actúan los jueces es fundamental para saber su nivel de productividad y capacidad para alcanzar una sentencia.
“Lo mismo para los Ministerios públicos. Los cuales deberían ser sancionados cuando no hacen bien su trabajo como en cualquier empleo.
“Establecer un amplio registro de detención y de agresores homologado a nivel nacional y con garantías de mantener la información confidencial.
“Fortalecer dos de las principales estrategias del Gobierno federal en materia de combate a la violencia e inseguridad: regular el uso de las drogas junto con el desmantelamiento de los bienes de la delincuencia organizada”.
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Castigos coherentes y penas alternativas
Uno de los cambios que se tienen que dar al interior México es garantizar que las sanciones frente a cualquier acción antisocial correspondan a la seriedad o gravedad de la misma. Además de que no toda actividad ilícita debe castigarse con prisión.
La legisladora Lorena Villavicencio asevera se necesita hacer una depuración del Código Penal y ver que hay muchas conductas que no ameritan cárcel y que lo único que están haciendo es reproducir la violencia cuando metes a la gente a prisión por cualquier tipo de delito.
Regular el uso de las drogas en el país, comenzando por el consumo de la mariguana, es clave para para quitar estrés al sistema penitenciario
“La cárcel no es la solución para todo. A mí me parece que los delitos patrimoniales en general deberían ser delitos que tuvieran una medida alterna para resolverse. Esto también ayudaría a disminuir la saturación de trabajo que actualmente enfrentan ministerios públicos, jueces y policías”.
De acuerdo con el documento Racionalización de la Pena de Prisión publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), agravar las penas no siempre es la medida ideal para atender temas como la violencia o la inseguridad.
Este Organismo Nacional reconoce la necesidad de sancionar con mayor severidad determinados delitos considerados como graves; no obstante, considera que el incremento de las penas a tal extremo de que resulten poco plausibles para generar una reinserción social del sentenciado, no resulta ser la vía idónea
Con esto coincide la integrante de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos en la Cámara baja, quien enfatiza que se tiene que hacer una revisión profunda de la política de reinserción en México.
“El mejoramiento y el acceso a la justicia pasan forzosamente por las cárceles. Por lo tanto, evidentemente tiene que hacerse un replanteamiento serio sobre el sistema penitenciario del país que no reinserta, sino que incrementa la capacidad delictiva de quienes son recluidos”.
Otra acción que se está buscando implementar es la creación de un padrón de detenciones homologado a nivel federal en el que también participe la Fiscalía General de la República para tener claro si hay reincidencia de parte de quienes son detenidos.
Regular el uso de las drogas en el país, comenzando por el consumo de la mariguana, también es clave para quitar estrés al sistema penitenciario, asegura la diputada de Morena.
“Creo que es importante para evitar que grandes cantidades de personas ingresen a la cárcel por portación de cantidades mínimas de esta planta o de cualquier otra sustancia que sea para uso personal”, explica Lorena Villavicencio.
De acuerdo con la legisladora, en Querétaro ya se está trabajando bajo un esquema de castigos alternativos para algunas conductas ilícitas y ya bajó el número de expedientes que deben procesar e investigar las autoridades, derivando en mejores resultados en materia de impartición de justicia.
En México se debe hacer una revisión profunda al Código Penal no sólo para prevenir que el sistema de justicia se sature, también para garantizar sanciones coherentes y una reinserción social real tras cumplir una condena
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Impunidad de delitos: ‘incentivo perverso’
En México la impunidad es generalizada. En 26 de las 32 entidades del país el sistema judicial está colapsado y en promedio se denuncian entre 4 y 5 delitos por cada 100, lo que significa que 99.3 por ciento de los ilícitos que se cometen no reciben ningún tipo de castigo.
No castigar los crímenes que tanto dañan a la sociedad constituye uno de los principales problemas a resolver por parte de los tres niveles de gobierno en el país, de lo contrario, nunca se podrá garantizar un verdadero Estado de Derecho
El Índice Global de Impunidad México 2018, también revela que las entidades que más sufren de esta problemática son el Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Ante este panorama, Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), recalca que es precisamente por la falta de castigos a los delitos que se cometen en el país, que aumentar las penas, el catálogo de delitos o los que ameritan prisión preventiva oficiosa no son una solución a la criminalidad.
“MUCD no apoya el llamado populismo punitivo que tiene que ver con la creencia de que todos los problemas están en la legislación y que única y exclusivamente depende de aumentar las penas.
En México el homicidio, por ejemplo, se comete prácticamente con total impunidad, casi el 99 por ciento de estos delitos, pese a que se investigan de oficio, pese a que ameritan sanciones graves y pese a que están tipificados en todos lados con y sin agravantes, no se sancionan
Sánchez explica que la impunidad no solo fomenta la comisión de los delitos, sino que funciona como un incentivo ‘perverso’ para una mayor utilización de la violencia cuando se cometen otros ilícitos.
Por ejemplo, el robo a transporte, a casa habitación, cuando se comete una violación o abuso sexual. Como no se castiga la violencia letal, se usa.
“Esto también se replica para otros delitos que son particularmente problemáticos para la sociedad como el secuestro o la privación ilegal de la libertad que tiene cifras de impunidad mayores al 97 por ciento.
“Lo mismo sucede con la extorsión en todas sus modalidades. También tiene niveles de impunidad superiores al 90 por ciento. Una actividad que puede realizarse a través de una llamada telefónica -la menos invasiva- hasta el cobro de piso por parte de grupos del crimen organizado. Lo cual funciona como una taxación doble”, advierte la directora general de MUCD.
