Salvador Sacal Cababie, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, alerta que la estafa también ocurre de manera inversa, pues “hay fraudes muy profesionales en arrendamientos, donde personas se meten a rentar y la casa habitación se convierte en congal, oficina, un narcolaboratorio o una casa de seguridad”.
Es por ello que respalda la decisión de las autoridades e inmobiliarias de establecer una serie de documentos e investigaciones previas al inquilino para poder rentar un departamento, pese a que esto imposibilite a quienes no cuentan con el total de los requerimientos para acceder a una vivienda bien establecida.
Para ejemplificar lo anterior, Reporte Índigo pidió información a la Inmobiliaria Lomelín con el objetivo de rentar un inmueble en la alcaldía Benito Juárez, una de las zonas más demandadas para vivir en la Ciudad de México.
La “Solicitud de arrendamiento habitacional” de dicha empresa pide un pago inicial por investigación de 950 pesos que deberá liquidarse, si la empresa aprueba la solicitud, se debe dar otro monto de mil 350 pesos.
A la par, el inquilino deberá entregar un comprobante de ingresos que constate, por lo menos, cuatro veces el monto de la renta; presentar los tres últimos recibos del pago de renta del domicilio actual; identificación oficial vigente; copia del RFC y CURP; correo electrónico y firma de Aviso de Privacidad. Sin mencionar los requisitos que el aval o el fiador deberá cumplir.
El gancho de Airbnb
“Si está de acuerdo, después de la visita, firma el contrato y puede mudarse. Si no está de acuerdo, ellos le devolverán su dinero en 24 horas sin cobrar ninguna comisión”, señala el mensaje del estafador.
Si la víctima accede y comparte sus datos personales y documentación, el delincuente le envía un enlace en donde se especifica la información de la reserva del inmueble y los datos bancarios del “agente” de dicha empresa, a fin de que el interesado realice la transacción en un plazo no mayor a 48 horas.
La página fraudulenta es muy similar al sitio oficial de Airbnb e, incluso, cuenta con falsas reseñas de presuntos inquilinos y recomendaciones de lugares a visitar en los alrededores; sin embargo, al contactar a la empresa, Airbnb confirmó que este no es el procedimiento para alojarse o rentar en alguna de sus viviendas.
A su vez, señaló que la gestión de la reserva se realiza directamente en la plataforma y no a través de un correo electrónico.
El “Reporte de Ciberseguridad 2020. Riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo, revela que México no cuenta con una ley dedicada al delito cibernético, aunque el artículo 211 del Código Penal prevé el delito informático: “Sin embargo, estas disposiciones son limitadas y dejan varias lagunas, lo que dificulta la lucha contra el cibercrimen”.
Asimismo manifiesta que de 2016 a 2020, la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética solo ha avanzado un pequeño porcentaje en cuanto a desarrollo, contenido, identificación de incidentes, coordinación y modo de operación.