Diputados del Congreso de Nuevo León aprobaron el Paquete Fiscal 2020 del Gobierno estatal, que contempla un aumento en el presupuesto para los organismos autónomos por un monto por 414 millones de pesos.
Este año se destinará 6 mil 413 millones de pesos para su gasto corriente para la Fiscalía General de Justicia, las Fiscalías Anticorrupción y Delitos Electorales, las Comisiones de Transparencia, Derechos Humanos y Electoral, así como el Tribunal Estatal Electoral.
El año pasado en conjunto recibieron 5 mil 999 millones de pesos.
Reporte Índigo adelantó que para el 2020, el Congreso de Nuevo León pretendía incrementar el presupuesto de diversos organismos autónomos, adquirir más deuda y recaudar mayores impuestos en el rubro de juegos de apuestas y sorteos.
Ayer, estas instituciones independientes volvieron ser los consentidos por el Congreso local.
“Se autorizará únicamente los incrementos en su presupuesto que sean indispensables para el óptimo desempeño de sus funciones.
“En general, dichos órganos autónomos crecen en 414 millones de pesos, al pasar de 5 mil 999 millones de pesos en 2019 a 6 mil 413 millones de pesos en 2020”, dijo la coordinadora de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia Castelo, presidenta de la Comisión de Presupuesto.
El presupuesto además contempla una endeudamiento del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón por 2 mil 900 millones de pesos, que serán destinados para obras y acciones de inversión pública productiva.
6,413
Según esto representará el 2.9 por ciento de los ingresos totales excluyendo financiamiento.
“El financiamiento neto de largo plazo representa el 5.0 por ciento de los ingresos de libre de disposición, respetando el límite del techo de financiamiento neto resultado del Sistema de Alertas, el cual es de 5 por ciento.
“Por lo tanto, no existirán aumentos de deuda que sean superiores a lo permitido por la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios”, informó la legisladora.
También se destinarán 270 millones de pesos para apoyo a organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar bajo reglas claras y transparentes, en el financiamiento de iniciativas que contribuyan a reconstruir el tejido social y cultural.
