La Auditoría Superior de la Federación determinó que el gobierno de Hidalgo se colocó como el segundo a nivel nacional con el gasto más desaseado del ejercicio de las participaciones federales.
Es decir, según el órgano fiscalizador, solamente el Gobierno de Durango ejerció con más irregularidades las participaciones federales que le fueron transferidas durante 2022; mientras que el tercer lugar nacional lo ocuparía el gobierno estatal de Morelos.
“De manera particular, Durango, Hidalgo y Morelos registraron montos por aclarar (PO y SA) de 1,395.7 mdp, 1,178.3 mdp y 888.0 mdp, de manera respectiva; asimismo, de forma conjunta, concentraron el 47.9% del total, lo que equivale a 11 de cada 23 pesos observados. No obstante, al interior de cada uno de estos estados los resultados se presentaron de manera heterogénea, ya que pudieron obedecer a observaciones realizadas a ejecutores de gasto ubicados en el poder ejecutivo o a otros poderes y organismos autónomos”, consta en el documento titulado “Participaciones Federales a Entidades Federativas. Marco de Referencia“.
Junto a David Colmenares, auditor superior de la Federación, firmamos el Pacto por la Transparencia y Rendición de Cuentas entre la @ASF_Mexico y el @gobiernohidalgo, que reafirma nuestra responsabilidad como servidores públicos y la lucha en contra de la corrupción. pic.twitter.com/XGHYzYgIdD
— Julio Menchaca (@juliomenchaca_) November 23, 2022
Con estos malos resultados, Hidalgo también aparece entre aquellos gobiernos estatales con la mayor proporción de participaciones federales observadas por las irregularidades con que fueron ejercidas: “Respecto del indicador monto por aclarar/muestra auditada por entidad federativa, se encontró que fue para Durango del 16.4%, Baja California Sur del 10.8%, Morelos del 10.3% e Hidalgo del 10.1%, los cuales exceden en al menos 8 veces el indicador nacional de 1.2%”.
El Gobierno estatal acumula las observaciones
De acuerdo con el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 Consolidado” de la ASF, el gasto federalizado transferido a las autoridades de Hidalgo durante 2022, generó observaciones totales por mil 354 millones 334 mil pesos; sin embargo, en su totalidad tuvieron por origen las irregularidades descubiertas en el Gobierno del Estado.
En efecto, la ASF indica que, de ese gran total de observaciones emitidas en la Cuenta Pública 2022, las que se originaron por anomalías en el gobierno representaron un monto total de mil 317 millones 358 mil 400 pesos.
De esta manera, el gobierno hidalguense que tuvo en sus manos el exmandatario Fayad Meneses, actual embajador de México en Noruega, fue el responsable del 97.26 por ciento del monto total observado por irregularidades por ese órgano fiscalizador dentro del gasto canalizado hacia las autoridades de Hidalgo en 2022.
La administración del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega, fue un sexenio perdido en materia de combate contra la corrupción https://t.co/F4eioMaV0b
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) January 18, 2024
El resto de las observaciones emitidas por el órgano fiscalizador fue causado por supuestos malos manejos cometidos por gobiernos municipales. Así ocurrió con 22 millones 511 mil 600 pesos; mientras que los otros 14 millones 464 mil 100 pesos fueron irregularidades descubiertas en órganos públicos descentralizados locales, así como en universidades públicas estatales.
El rubro presupuestal específico donde se concentra la mayor parte de las anomalías que se le atribuyen al Gobierno del Estado de Hidalgo, durante el último año de la gestión de Fayad Meneses, es el de las “Participaciones Federales a Entidades Federativas”. Inclusive, en este ámbito, de cada 10 pesos que fueron auditados, uno se ejerció con indicios de corrupción.
Así lo expone la Auditoría Superior: “En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública, por un importe de 1,178,345.5 miles de pesos, el cual representó el 10.1% de la muestra auditada”.
Ante estos hallazgos en el Gobierno de Hidalgo que encabezó el hoy embajador en Noruega, Fayad Meneses, el órgano fiscalizador agrega: “En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2022″.
🚨El Gobierno que encabezó Omar Fayad Meneses en el estado de Hidalgo, durante el pasado sexenio, y que formó parte de la “Estafa Siniestra”, están enfrentando cargos por la presunta malversación de cientos de millones de pesos https://t.co/zgimgcfFKR
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 25, 2023
Compras fantasma recorren la contabilidad del último año de Fayad
En el caso de las participaciones federales, las anomalías que se le atribuyen al Gobierno de Hidalgo se concentran en los gastos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por un lado, y por otro, en la contratación de obra pública, pues se detectó documentación faltante que impide, por ejemplo, constatar los bienes que debió obtener la autoridad.
En el primer rubro, la Auditoría determinó que “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 829,742,265.34 pesos (…), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de participaciones federales”.
Lo anterior, por no proporcionar en múltiples contratos documentación como las entradas al almacén y sus respectivos resguardos del bien; las actas de entrega-recepción; los reportes fotográficos; y otros entregables y evidencias para comprobar los bienes y servicios que supuestamente se adquirieron con estos recursos.
Ante la falta de documentación similar en el rubro de obra pública, por ejemplo, “que acredite debidamente la entrega recepción de las obras”, el órgano señaló que: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 309,606,191.40 pesos”.