Tiene 12 años y ya ha pensado en suicidarse.
Desde hace cuatro meses, Jenny ha sido víctima de bullying o acoso escolar por parte de sus compañeros en la Escuela Secundaria Técnica No. 9 “Organización de las Naciones Unidas”, en la ciudad de Querétaro, donde cursa el primer grado.
Esta situación es grave en el país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar a nivel primaria y secundaria
Cifras de la OCDE revelan que más del 70 por ciento de los estudiantes de educación básica fue víctima de esta problemática en 2018, ya que de los 25.6 millones de matriculados en estos grados, más de 18 millones lo denunciaron. Pero no existe un marco normativo que imponga medidas para contener esta práctica.
En el caso de Jenny todo comenzó en enero con una foto que le tomaron en la escuela y que compañeros de clase viralizaron en Facebook.
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Se trata de una imagen donde la adolescente aparece de perfil con la boca abierta como si estuviera sorprendida y con la mirada perdida a la que le han puesto comentarios burlones e incluso emojis con connotaciones sexuales.
Los memes se han compartido entre alumnos de la otra secundaria de la zona donde podría cambiarse, pero ahí también ya la reconocen y le hacen burla. Su familia no cuenta con los recursos económicos para irse a una escuela más lejana, por lo que no ve más opciones.
El cyberbullying que la adolescente sufre ha escalado hasta convertirse en agresiones verbales y físicas no solo de sus compañeros de clase, sino también de practicantes de servicio social en su plantel y estudiantes de la escuela cercana sin que las autoridades educativas intervengan para evitarlo.
“El primer día que llegué a la escuela después de que se había publicado la imagen me señalaban y se burlaban en el recreo. En el cambio de módulo, porque cada 50 minutos nos vamos a diferentes aulas, me pedían autógrafos o me decían que si se podían tomar fotos conmigo.
“Y dos niñas en especial siempre pasaban y me empujaban en la pared. Una de ellas me jaló el cabello, otra de ellas me machucó el dedo. Siempre que paso me empujan, una vez me estaban esperando en la entrada para pegarme y desde el primer día hasta le fecha sigue lo mismo”, relata Jenny.
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Entre algunos de los apodos que le gritan cuando pasa por los salones está “la niña del meme”, “vocho” y “cuatro ojos”, incluso a veces frente a los maestros en clase, pero estos solo se limitan a decir “cállense” y el problema no termina, narra la estudiante.
“Hay veces que ni siquiera los callan, les dicen y no les prestan atención, los dejan que me sigan diciendo”, menciona.
Tanto los profesores como el director de la escuela ubicada en la colonia Lomas de Casa Blanca han sido omisos al argumentar que no pueden hacer nada debido a que las redes sociales exceden sus funciones, acusan la menor y su madre, Victoria Tapia Castelán.
“Ya busqué ayuda por parte del director y él dijo que no entran las redes sociales en el reglamento de la escuela, que lo único con lo que me podía ayudar cuando yo fui a verlo era que él iba a hablar personalmente con los niños para que borraran las fotos y para que no le hicieran bullying”
La madre de la menor explica que también acudió a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) y ahí le dijeron que quien tenía que solucionar el problema era el director de la escuela, Jesús Guillermo Arreguín Campos, porque ahí se tomó la fotografía por alumnos.
Pero Victoria, quien es madre soltera, señala que el director de la escuela la intimidó con contrademandarla por las constantes quejas que ella interpone por el acoso que sufre su hija.
Además de acudir ante la dirección de la secundaria, Victoria y su abogado Ricardo Garduño Oceguera han acudido a diferentes instancias gubernamentales para iniciar un proceso administrativo respecto al acoso escolar y la omisión de las autoridades educativas para proteger los derechos de la niñez.
“Ingresamos a la Usebeq documentos, ingresamos a la secretaría de educación, al gobernador del estado, al DIF estatal, también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tengan conocimiento de la situación y para que se pueda hacer algo y poder proteger a la menor violentada.
“Ella tiene una afectación psicológica grave, de hecho, ha referido cuestiones que pueden atentar contra su vida y eso es importante que las autoridades lo prevengan y lo puedan atender”, explica el defensor.
El pasado 16 de febrero, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro abrió un expediente con el número DDH/234/2019 como respuesta al escrito presentado el día 9 de abril por Victoria.
Garduño explica que aunque existen leyes que protegen a los menores, hay una omisión por parte de las autoridades pues no existe una legislación estatal que tipifique o defienda a los niños de la violencia escolar.
“Existen leyes como la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y la ley estatal de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero no existe como tal una ley que combata el acoso y es urgente que la atendamos”, agrega.
Victoria denunció a la Usebeq la violencia que sufre su hija, ahí le explicaron que el director del plantel debía solucionar el caso, pero este ha omitido atenderlo
Medidas ineficientes
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha presentado medidas contra el acoso escolar que han resultado ineficientes porque se trata solo de propuestas que son opcionales y no obligatorias, además de que no establecen alguna sanción contra los agresores.
Por ejemplo, en el 2017 presentó el Programa Nacional de Convivencia Escolar y un año después implementó en ese programa el curso “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato en las escuelas de educación básica”.
Pero no son un documento obligatorio ni normativo que imponga apercibimientos reales a los agresores, lo que le ha restado efectividad al quedar solo como recomendaciones, dijo la diputada Cora Pineda el pasado 27 de marzo.
La legisladora federal propuso ese día una iniciativa con proyecto de decreto que busca implementar medidas para la prevención, atención y erradicación de la violencia y el acoso escolar en las instituciones educativas.
Las cicatrices del acoso
“Una vez yo le dije a mi mamá que yo ya no quería vivir porque se sentía bien feo que nadie te apoyara y que todos se burlen. Yo ya no quería ir a la escuela”, expresa Jenny.
La menor bajó sus calificaciones de nueve a siete de promedio final y dejó de realizar actividades que le gustaban.
Lo que Jenny pide a las autoridades es que se retire su foto, la cual fue convertida en meme y difundida en Facebook, y que hablen con los estudiantes de la escuela para que dejen de molestarla, insultarla, amenazarla con golpearla y decirle apodos
Más allá de las marcas físicas están las emocionales. Una de las compañeras que comparte memes de su fotografía era su amiga en la primaria e inclusive llegó a acudir a su casa para jugar cuando eran más pequeñas.
Jenny, en su desesperación al sentirse acorralada por las agresiones de las que es víctima, pensó que era mejor morirse, pues no puede cambiar a otra escuela de la zona porque ahí también ya se viralizaron sus imágenes.
Incluso, el viernes 12 de abril, último día de clases antes de las vacaciones de Semana Santa, un grupo de compañeros la amenazó por decir que le hacían bullying.
“Me dijeron que se iban a poner de acuerdo todos para inventar que yo les pegaba y que yo les decía de cosas para que fueran con el director y me dieran de baja”, dice.
Josefina Meza Espinosa, quien trabaja en la organización Vive sin violencia, que busca prevenir el acoso escolar, explica que los daños en este caso son graves aunque puedan parecer inocentes.
“Quizá a alguien solamente le dio risa, le dio ‘like’ y lo compartió y no saben que tras esa acción existe un daño psicológico que pudiera tornarse irreparable, porque ya conocemos de muchos casos a nivel nacional de jovencitas, de jóvenes que se han suicidado porque no pueden con todo este peso social”
Yaneth Tamayo, abogada y maestra en Derecho Procesal especialista en Derechos Humanos, dice que hay una omisión estatal porque las instituciones no están capacitadas para atender estas situaciones.
Tamayo explica que no hay dependencias o personal como funcionarios públicos jurisdiccionales o no jurisdiccionales capacitados en materia constitucional y tratados internacionales para resolver situaciones como la que atraviesa Jenny.
Y al existir una capacitación nula hay una restricción de acceso a la justicia, lo cual es un derecho humano, detalla.
“Si tuviéramos un Estado capacitado y responsable y ético no tendríamos que llegar a mecanismos jurídicos, porque desde un principio que el maestro o el director de la escuela se percató de que existía bullying jurídicamente él era el responsable de hacer que estas conductas cesaran, sin embargo no lo han hecho, o porque es un omiso o porque no está capacitado, porque es un ignorante”, expone.
El bullying escolar no puede ser ignorado por la autoridad debido a que las consecuencias pueden ser tan graves como el suicidio de las víctimas, especialistas recomiendan que se capacite a funcionarios para que atiendan esta problemática
Reporte Índigo buscó la versión de Jesús Guillermo Arreguín Campos, director la Secundaria Técnica No. 9, pero no fue posible localizarlo.
