La redacción del medio que forma parte de Grupo Reforma había sufrido modificaciones por los temas de seguridad que publicaron
En el estado operan grupos del narcotráfico que realizan acciones concretas contra comunicadores a fin de que dejen de hacer su labor
El atentado a las oficinas de Grupo Reforma (Mural) en Guadalajara, saca a la luz una realidad que se sufre desde hace tiempo en Jalisco.
En la entidad con una de las tres ciudades más importantes del país, los periodistas sufren del hostigamiento tanto oficial, y ahora, con los nuevos acontecimientos, también criminal.
Y es que en el estado operan grupos del narcotráfico que realizan acciones concretas contra comunicadores a fin de que su labor deje de realizarse.
Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron los autores de los asesinatos de tres periodistas veracruzanos en agosto del año pasado.
En este contexto, el periodista jalisciense se encuentra entre dos fuegos: el crimen organizado y el gobierno local que busca a toda costa que la versión oficial prevalezca, por encima de la verdad.
Una de las líneas de investigación sobre el atentado a Mural revela que se realizó una llamada a la Policía de Zapopan la madrugada del 17 de abril, donde se anunció que fueron encontrados restos humanos en la avenida Mariano Otero en su cruce con Periférico, con lo que se presume que los delincuentes trataban de desviar la atención.
Pero además, desde hace un par de semanas, la redacción del medio que forma parte de Grupo Reforma había sufrido modificaciones por los temas de seguridad que publicaron.
Se habla de la salida de al menos un editor por amenazas del crimen.
A las 3:30 de la mañana se registró el incidente de las dos explosiones a las afueras de las instalaciones del periódico. Una en la entrada principal y otra en la trasera, por la avenida López Mateos.
En el video que captaron las cámaras de seguridad se muestra a un sujeto que se aproxima a pie a la fachada y arroja un artefacto que en segundos explota y hace que se ilumine la imagen.
Al cierre de la edición, la Fiscalía General del Estado se encontraba en el proceso de análisis de los videos.
Periodismo condicionado
Si se comparan las cifras nacionales contra las locales en materia de agresiones a la libertad de expresión y atentados a la prensa, pareciera que Jalisco se mantiene al margen. Sin embargo, diversos acontecimientos en los últimos tres años hacen creer lo contrario.
Y es que si bien es la primera vez que se registra un atentado de tipo violento a un medio de comunicación, por lo menos cinco casos de agresiones diferentes a reporteros, fotógrafos y medios de comunicación se han documentado en el estado.
El primer hecho se dio en marzo de 2011 cuando una decena de periodistas, la mayoría mujeres, señaló acoso cibernético de Alberto Jiménez Martínez, apodado “El Antena”.
Este personaje, inscrito en la nómina de la Secretaría de Finanzas del Estado, operaba para el exsecretario General de Gobierno, el panista, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
Las amenazas de La Antena orillaron al gremio periodístico local a que -de manera inusitada- uniera fuerzas y denunciara en las páginas de sus periódicos y en las frecuencias de radio las amenazas perpetradas por este funcionario público. Las presiones de la prensa obligaron la salida de “El Antena” del gabinete del exgobernador Emilio González Márquez.
Sumado a lo anterior, las periodistas agredidas iniciaron un proceso legal en contra del funcionario, mediante quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y denuncias penales en su contra.
El segundo caso se registró en mayo de 2012, cuando el reportero del diario La Jornada Jalisco, Darío Pereira Benítez, fue golpeado en plena vía pública por elementos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los policías investigadores justificaron la violencia bajo el supuesto de que el periodista había iniciado las agresiones. Y refirieron que lo habían confundido con otra persona sobre la que iban a ejercer acciones penales.
Los medios y el nuevo gobierno
También en junio del 2012, el fotoperiodista José María Martínez, del diario Milenio Jalisco, fue agredido en una manifestación en el centro de la ciudad por José Luis Arriaga Haro, suegro del hoy gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El fotógrafo capturó el momento en el que Arriaga Haro golpeaba a un anciano que con pancarta en mano reclamaba los resultados de la elección y desconocía a Sandoval Díaz como gobernador.
Arriaga Haro se abalanzó contra el hombre, y al ser fotografiado se lanzó sobre el fotoperiodista.
Luego del encontronazo fue detenido por la Policía de Guadalajara, que al verificar su identidad –familiar del expresidente municipal de Guadalajara- concluyeron en que debía quedar libre.
Por lo anterior, más de 20 periodistas locales firmaron un comunicado de prensa en el que se manifestaban en contra de las prácticas impropias de los medios de comunicación que optaron por no publicar la nota o en su caso no consignar el nombre de José Luis Arriaga, ni su vinculación con el candidato del PRI.
Paralelo a ese hecho, un video difundido por la organización #yosoy132GDL hacía patente la situación de vulnerabilidad de los periodistas en Jalisco.
Y se denunciaba –en voz de activista españoles del Movimiento M15- que en las redacciones de los medios locales se mantenía una línea cada vez más marcada de censura a favor del entonces candidato a la gubernatura Aristóteles Sandoval.
“Hoy nos piden que hablemos por ellos, que se niegan al silencio, porque cuando defienden su derecho a la libertad de prensa de comunicar con veracidad e imparcialidad, están defendiendo el derecho del pueblo de México a ser informado”, se indica en el video.
El viernes 15 de febrero del 2013, más de la mitad de la edición 208 del periódico Reporte Indigo fue comprado de manera masiva por agentes ligados al Ayuntamiento de Guadalajara y al PRI.
En dicha edición se detallaba el juicio que Aristóteles Sandoval Díaz litigaba en un tribunal familiar en la Ciudad de México, y en el que desconocía la paternidad de un infante, hijo de la joven regiomontana Christiane Mildred Flores Campos.
Algunos medios nacionales y locales, como el Informativo Digital, Sin Embargo, Aristegui Noticias y El Informador consignaron la retirada de periódicos en sus portales.
Una investigación realizada por este medio reveló que los vehículos que habían participado en compra de esa edición pertenecían a Jesús Murillo Vargas, exempleado del gobierno municipal de Guadalajara.
Jalisco al margen de la protección
Jalisco no cuenta con una ley estatal de protección a periodistas ni protocolos de investigación especial en materia.
Con el atentado a Mural se suman cuatro agresiones a medios de comunicación en México en lo que va del año. Y se trata de la primera vez en la historia de Jalisco, según datos de la organización Artículo 19.
Dicha organización, en su último informe de 2012 denominado Impunidad Mata, refiere que uno de los tropiezos que ha tenido la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es en específico en el mecanismo de protección por la falta de vinculación de la Federación con los gobiernos estatales.
A la fecha el gobierno de Jalisco ya se adhirió al convenio de colaboración, pero no ha elaborado la legislación local que dé cabida a la protección de defensores de derechos humanos y de periodistas y por consecuente tampoco se tiene un reglamento.
Jalisco tampoco cuenta con un protocolo de investigación para casos que involucren atentados a la libertad de expresión.
“No se sabe si ya se aplican nuevos protocolos o si se tienen manuales que ayuden a mejorar la prácticas de investigación ni la protección de los periodistas”, señala el texto de Artículo 19.
A mediados del 2012, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Protección de Defensores a Derechos Humanos y Periodistas, luego de severas críticas al Estado mexicano por parte de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
En el Examen Periódico Universal -revisión que hace la Asamblea de la ONU a todos los países- México recibió recomendaciones puntuales sobre la protección a la libertad de expresión, pues el número de agresiones a medios de comunicación, periodistas y editores había crecido de manera exorbitada en los últimos 12 años.
Este fin de año el gobierno mexicano debe presentar ante la comunidad internacional avances en la materia.
Atentados a la libertad de expresión en Jalisco
Marzo de 2011, periodistas de Jalisco denuncian agresiones cibernéticas del funcionario público Alberto Jiménez Martínez “El Antena”.
Mayo de 2012, el reportero Darío Pereira Benítez fue golpeado por personal de extinta Procuraduría General de Justicia de Jalisco.
Junio de 2012, el fotógrafo del diario Milenio, José María Martínez, es agredido por el suegro del gobernador, José Luis Arriaga Haro.
Junio de 2012, periodistas lanzan alerta sobre manejo discrecional de información de algunos medios, durante las campañas políticas.
Febrero de 2013, personal del gobierno de Guadalajara y vinculado al PRI realizan compra masiva de la edición 208 del periódico Reporte Indigo.
Abril de 2013, las instalaciones del diario Mural son atacadas con dos artefactos explosivos, uno de ellos una granada.
