Asilo político negado por desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado y negación de asilo político son los temas centrales que toca el documental Guardián de la Memoria.

De acuerdo con la directora, Marcela Arteaga, el trabajo filmado en la frontera México-Estados Unidos no solo busca dar voz a los sobrevivientes de la fallida guerra contra el narco, sino también trata de que sean ellos quienes cuentan las historias de sus hijos, padres y hermanos asesinados o desaparecidos.

Activistas, periodistas o madres en búsqueda de sus hijos son algunas de las víctimas que en el camino de buscar justicia se encuentran con amenazas en su contra y nula protección del gobierno mexicano. Ante ese escenario, la única opción que les queda para salvaguardar su vida es dejar el lugar donde viven.

En junio de este año, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el libro Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe 2018 en el cual detalla que tan solo de enero a diciembre de ese año al menos 11 mil 491 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y movilizarse internamente como consecuencia de la situación de violencia que se vive en México.

Durante la presentación del documental, José Lule, investigador de CMDPDH, explicó que en más de un caso de desplazamiento forzado en México se ha visto un patrón en común: el actuar del Ejército mexicano.

“El largometraje se centra en casos de Chihuahua pero podemos ver que los casos de desplazamiento se extendieron a más de un estado del país como resultado de una estructura política y de un ataque sistemático por parte de las Fuerzas Armadas contra la población civil”, dijo Lule.

Con base en el Informe, casi todos los casos registrados ocurrieron de manera reactiva, es decir, tras alguna agresión o amenaza directa.

Además establece que considerando las nuevas movilizaciones en 2018, al menos 338 mil 405 personas han sido internamente desplazadas de manera forzada en episodios masivos en México desde 2006.

Lule añadió que desde que se inició el gobierno de Felipe Calderón y el Ejército realizó acciones de seguridad pública, se ha comprobado que todas las cadenas de mando han cometido violaciones graves a los derechos humanos tales como asesinato que se traduce en ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada.

Tal es el caso de Rosa María Vázquez, una madre a quien en 2011 las autoridades le desaparecieron a sus dos hijos en Ciudad Juárez y tras días de búsqueda fueron encontrados enterrados clandestinamente en el desierto.

“Doña Rosi”, como es nombrada en el documental, tuvo que dejar el país luego que hombres vestidos de elementos de la Policía Federal la amenazaron con matarla si seguía buscando a los responsables por las muertes de sus hijos.

Protección a cuentagotas a víctimas de desplazamiento forzado

En el trabajo de la directora mexicana se habla de la labor de Carlos Spector, abogado de migración que ayuda a que mexicanos perseguidos por el gobierno o por el crimen organizado puedan tener asilo en Estados Unidos. Para él, dar refugio es vital ya que se trata de apoyar a víctimas que escapan de un genocidio, mexicanos que huyen de la violencia y quienes no pudieron ser protegidos por su propio Estado.

Si bien este fenómeno de desplazamiento forzado se ha dado desde 2006 como han denunciado organizaciones civiles, éste se encuentra lejos de disminuir.

La CMDPDH afirma que en 2018 se mantuvo la tendencia observada en años anteriores y los grupos armados organizados, como cárteles y del crimen organizado, así como los conflictos comunitarios, políticos y territoriales generaron niveles elevados de violencia.

Los actos violentos, documenta la Comisión, se expresaron a través de ataques armados a comunidades, enfrentamientos, asesinatos de miembros de las comunidades desplazadas, quema y destrucción de casas, negocios y desaparición de personas.

Con base en información presentada en el documental, los jueces texanos tienden a negar el asilo político a la mayoría de los mexicanos que lo solicitan bajo el argumento que no están huyendo del tipo de persecución política tradicional. Este tipo de decisiones también perjudican a quienes tienen un juicio activo debido a que se encuentran en un limbo: viven en Estados Unidos pero no pueden trabajar ni regresar a México.

En lo que corresponde al Estado mexicano tampoco hay avances para proteger a los ciudadanos de un desplazamiento forzado. La CMDPDH expresa que en México todavía no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.

También se puntualiza que actualmente el país carece de un diagnóstico oficial sobre la situación de las personas desplazadas, es decir, que se desconoce la magnitud real del fenómeno, de modo que sus víctimas permanecen desatendidas.

Eduardo Espinosa, director ejecutivo de Cencos y quien calificó al documental como una herramienta para enfrentar la realidad, comentó que esta problemática preocupa porque la actual administración continúa bajo la misma lógica de enfrentar al crimen organizado con las Fuerzas Armadas.

“La estrategia de seguridad es la misma, se va a combatir con los militares, mismos que se ha probado que no están en posibilidades de hacer labores de seguridad pública. Si no hay estrategia para desmilitarizar la nación ni fortalecer a las policías locales, estaremos propensos a tener más víctimas de violencia”, afirmó.

Paulina Souza de la iniciativa El Día Después hizo un llamado para que se detenga esa persecución y violencia hacia la ciudadanía por parte de los altos mandos.

El Guardián de la Memoria, largometraje seleccionado como Mejor Documental en el 17 Festival Internacional de Cine de Morelia, se estrenará el próximo 15 de noviembre en salas comerciales.

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