Así terminan los organismos y la dependencia que Sheinbaum Pardo ordenó transformar

A veces se impuso la controversia por el manejo del dinero público como en el caso del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), el bajo perfil y la falta de impacto como ocurrió con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) o la acumulación de pendientes en contra de la corrupción como en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Ahora, cada una de estas entidades en ámbitos clave de la vida pública, tomará otro rumbo, el del protagonismo con el llamado a dejar la impronta de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de México.

La SFP será la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el Inmujeres elevará su rango a Secretaría de las Mujeres y el Conahcyt pasará a ser Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. En los primeros 31 días del Gobierno federal estas instancias han permanecido sometidas a un proceso de conversión que implica ponerle punto final a su historias. Así concluyen, según sus propios datos.

Inmujeres: el organismo que se alejó de la meta

El organismo que durante 23 años tuvo el encargo legal de combatir la violencia en contra de las mujeres y desarrollar políticas que contribuyeran con la igualdad sustantiva gastó en promedio poco más de 100 millones de pesos por año, entre 2019 y 2024, de acuerdo con una búsqueda de Reporte Índigo en CompraNet. La cantidad equivale al gasto del municipio de Ecatepec durante la pandemia.

Los Centros de Justicia para las Mujeres son espacios vitales para la prevención y atención de las violencias.

Si necesitas ayuda no dudes en acercarte, obtén más información y ubica el más cercano en el siguiente link 👉 https://t.co/pVQLWYExbY pic.twitter.com/z6CuaSb8p0

— Inmujeres México (@inmujeres) November 2, 2024

La estampa de la violencia de género en México según las cifras oficiales muestran falta de impacto de los trabajos gubernamentales. De diciembre de 2018 a septiembre de 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad contabilizó 5 mil 287 víctimas de feminicidio, el máximo delito en contra de las mujeres. La cifra se disparó 137.53 por ciento en 2021 con respecto a 2015.

Conahcyt: ¿Se acabarán las controversias?

En el momento de su conversión, el Consejo con el encargo legal de impulsar el desarrollo de la ciencia en México se enfrenta a la etapa más controvertida de su historia por decisiones tomadas en este último tramo. El dinero aprobado para su operación se fue, entre 2019 y 2024, en asesorías externas para desaparecer antiguos fideicomisos. En paralelo, parte de las becas en el extranjero fueron suspendidas.

Próxima Secretaría de Ciencia y Tecnología impulsará que niñas, jóvenes y mujeres se interesen e incorporen a carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Reunión con Ángela Olazarán, premio mejor estudiante del mundo #EsTiempoDeMujeres @rosauraRuiz4 @Claudiashein pic.twitter.com/S1ucv3cBR9

— Conahcyt México (@Conahcyt_Mex) November 1, 2024

En 2023, el organismo se sometió a una nueva normativa –fue expedida la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación– que le dio el añadido de las humanidades a su quehacer. Su promedio de gasto anual en los últimos seis años con contrataciones públicas, según lo que dejó publicado en CompraNet, fue de unos 40 millones de pesos.

SFP: la dependencia destinada a asumir las funciones del INAI

El epílogo de la SFP está marcado por la votación de una reforma enviada en febrero pasado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Su transformación, según las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su “mañanera” del 15 de octubre, implica asumir las funciones del órgano de la transparencia.

La dependencia gastó en contrataciones públicas en promedio por año 359 millones de pesos en estos últimos seis años. Además, en sus archivos pervive un pendiente: más de mil multas que en veinte años no han sido cobradas a empresas proveedoras del Gobierno federal lo que suma más de 886 millones de pesos, según el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la misma dependencia.