Así gastó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Desde 2017 –cuando inició sus funciones– hasta ahora, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) sobrevivió en la Administración Pública Federal con un gasto con el que cubrió servicios como internet, monitoreo de medios, eventos, una sala audiovisual, viajes, así como la renta de autos.

Este organismo que junto a otros 17 enfrenta su eventual desaparición, según lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en una iniciativa enviada al Congreso el pasado 18 de abril, ha gastado en su historia poco más de 28 millones de pesos en 80 contratos cuyo promedio de gasto fue de 362 mil 351 pesos.

Esta cantidad es similar a lo que le otorgó el Instituto Nacional Electoral a 80 contendientes por los 16 escaños en el Congreso de Coahuila este 2023 o lo que gasta la Cámara de Diputados al mes en honorarios del personal de las 51 comisiones ordinarias.

Así lo revela una revisión del historial de contratos del organismo en el antiguo Portal de Obligaciones y Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet.

En 2017, la SESNA inició sus trabajos como el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción, un entramado propuesto por un conjunto de organizaciones civiles para combatir un problema que en ese momento le costaba al país el equivalente al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ahora, los legisladores analizarán si es conveniente incorporarla a la Secretaría de la Función Pública.

El argumento del Ejecutivo federal en su iniciativa es que el organismo, cuyo encargo legal es impulsar una política nacional anticorrupción, duplica funciones, por lo que resulta costosa.

En qué y cómo

En 2017, cuando nació, la SESNA gastó 822 mil 350 pesos. El siguiente año su erogación ascendió a 13 millones 575 mil 758 pesos.

En 2019 –el primer año que gobernó el presidente Andrés Manuel López Obrador – el gasto fue de 5 millones 128 mil 285 pesos.

El año pasado, el monto de los contratos registrados del organismo fue por 33 mil 687 pesos, el más bajo en su historia.

El gasto mayor del organismo ocurrió en 2018 cuando contrató por 5 millones 325 mil 804 pesos el servicio de equipos de cómputo y periféricos con Ofiproductos de Computación S.A. de C.V.

Una erogación recurrente fue la generada por la organización de eventos que entre 2018 y 2022 sumó dos millones 390 mil pesos con las empresas Conceptos Avanzados en Turismo S.A. de C.V., Grupo de Publicidad Integral Togar S.A. de C.V., Alternativa Creativa 360 S.A. de C.V. y Servicios Audio Representaciones y Artistas S.A. de C.V.

En 2019 la SESNA mandó a imprimir una imagen institucional en tela. Gastó en ello 37 mil 580 pesos con las empresas Casa de Banderas Union S.A. de C.V. y Qualton Diseño S.A. de C.V.

Según la revisión de los títulos de los expedientes de sus contratos, solo dos llevan en su contenido el impulso de la política nacional anticorrupción.

Esas contrataciones sumaron 720 mil 960 pesos y fueron para relatoría de las mesas de trabajo en foros regionales, así como el servicio integral para la realización de la presentación de la propuesta de esta política ante la comisión de contralores en los estados.

La SESNA no escapó de las empresas con mal desempeño. Casanova Vallejo, que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2022 por 45 meses por incumplimiento de un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social, le rentó autos por 793 mil 185 pesos entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022.

El fin no llegó de manera abrupta

La discusión de la iniciativa del presidente López Obrador fue pospuesta para el verano con el argumento de que se requiere más tiempo para su análisis, según explicó Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, cuando el periodo ordinario de sesiones estaba por concluir en el Congreso.

Mientras, la batalla para que permanezca en la administración se mantiene. Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción se han valido de escritos para solicitarle a los legisladores convocar a mesas de diálogo y análisis antes de aprobar su desaparición.

“La iniciativa afirma que el trabajo de esta Secretaría es duplicado y costoso, pero ambas afirmaciones no tienen sustento. Lo verdaderamente caro es sepultar, en los hechos, un modelo de combate a la corrupción donde intervienen los tres poderes y los tres órdenes de gobierno”, expuso la Red de Comités de Participación Ciudadana del SNA.

A su vez, Roberto Moreno Herrera, secretario técnico de la SESNA, mantiene desde el pasado 21 de abril en el portal del organismo un posicionamiento.

“En primer lugar, la transferencia de facultades de la SESNA al Ejecutivo federal compromete los fundamentos de coordinación y colaboración en la que todas las instituciones del Estado mexicano deben comprometerse para controlar y combatir la corrupción del país”, expone el funcionario.

Sostiene que la SESNA “ha promovido exitosamente” el desarrollo de 27 políticas estatales anticorrupción articuladas en torno a definiciones, diagnósticos y líneas de actuación comunes.

La enfermedad avanza

En paralelo al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, surgido en 2015, el problema que esta institución busca combatir empeoró en los tres niveles de gobierno.

En 2023, por tercer año consecutivo, el país apareció con una puntuación de 31 en una escala donde 0 es muy corrupto y 100 es sin corrupción en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, por lo que se ubica en el lugar 126 de 180.

Las cifras oficiales también reflejan alta incidencia de corrupción. “La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía encontró que el 86.3 por ciento de la población consideró en 2021 “frecuentes” los actos de corrupción en las instituciones de gobierno.

En este paisaje se añadió la disminución de sanciones para los servidores públicos que incurrieron en presuntos delitos por malas prácticas.

Entre 2016 y 2020, la destitución de funcionarios cayeron en 71 por ciento y las inhabilitaciones en 68 por ciento, según el estudio “¿Cómo se castiga la corrupción en México?” de César Alejandro Giles Navarro para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

La misma investigación indica que pese a que entre 2014 y 2020 se abrieron más de 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación, había solo mil 465 personas presas por delitos de corrupción en 2021. Mientras que por robo había más de 125 mil personas privadas de la libertad.

El anhelo

Entre 2011 y 2015, en un proceso sin precedentes, el Gobierno federal y organizaciones civiles debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el combate a la corrupción en un solo entramado al que llamaron Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Según el modelo que acordaron, debían ponerse de acuerdo la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

Entonces, se crearía la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) que realizaría las tareas de coordinación.

El 27 de mayo de 2015, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que le dio vida al SNA.

El 18 de julio de 2016, el Congreso aprobó su Ley General. En abril de 2023 la SESNA, que ha sido fundamental en este edificio legal, enfrenta su eventual fin mientras la corrupción continúa sin freno.

SFP: pendientes añejos

Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y transformada en 2003, la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá asumir las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), según la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para desaparecer a 18 organismos.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido dos secretarios: Irma Eréndira Sandoval, quien estuvo a cargo de diciembre de 2018 hasta junio de 2021, y Roberto Salcedo Aquino, quien en estos momentos está al frente.

Vista en el espejo de sus propios datos, la SFP –que en cuatro gobiernos ha sido la dependencia estelar en el combate a la corrupción– tiene un nivel de opacidad alto y pendientes añejos.

En sus archivos se mantienen acumulados 3 mil 734 expedientes reservados, lo que la sitúa como la dependencia con más asuntos clasificados, según el Índice de Expedientes clasificados como Reservados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En este índice aparece en segundo lugar la Secretaría de Energía con 870 asuntos; en tercero, la de Relaciones Exteriores con 655 y, en cuarto, la Secretaría de la Defensa Nacional –que puede apegarse a la seguridad nacional como argumento de sus reservas–con 594.

De acuerdo con su propio Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, la Función Pública acumula 2 mil 126 multas sin cobrar a empresas que prestaron servicios al Gobierno federal y que incurrieron en actos de corrupción.

La suma es de más de 800 millones de pesos, una cifra similar al presupuesto asignado para fortalecer los cuerpos policiacos en el país, después de que el Congreso aprobó que las fuerzas armadas realizaran tareas de seguridad pública hasta 2028.

Esas sanciones económicas las impone la dependencia a empresas que infringieron las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Las compañías amonestadas pueden recurrir a amparos; de modo que el pago de la multa puede caer en un letargo.

Un ejemplo de este rezago es la multa que la SFP impuso a entre las multas de la SFP a la Guardería ABC en 2009.