A un año y medio de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) su operación careció de indicadores, metas e información para evaluar lo que pretendía lograr en materia de audiencias, saturación y dilación del proceso de impartición de justicia, así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la auditoría de desempeño 2017-0-03110-07-009-2018 realizada al Sistema de Justicia Penal, la Auditoría señala que “debido a esta falta de información, se provocará la saturación y la dilación del proceso de impartición de justicia”.
La recomendación, hecha el pasado 25 de enero, establece que “para contribuir al cumplimiento del mandato constitucional de instrumentar el SJPA, en 2017, se operó el programa presupuestario R001 “Otras actividades” (Pp R001) con el propósito de dictaminar la procedencia de la investigación inicial; de calificar la investigación complementaria; resolver controversias; disminuir la dilación en el proceso de impartición de justicia, y la operación del Sistema de Carrera Judicial. En el Presupuesto de Egresos (PEF) se aprobaron 1,830,505.3 miles de pesos.
Además, con la Auditoría se verificó que en 2017, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizó el control de la detención previo a la imputación de siete mil 776 personas, debido a que fueron aprehendidos por los supuestos de flagrancia o caso urgente, lo que significó el 37.6% de las 20 mil 688 ingresadas a un proceso judicial en ese año; de las cuales el 92.1% (siete mil 159) fue dictaminado como legal el proceder de los primeros respondientes y del Ministerio Público Federal, y el 7.9% (617) como no legal, ya que se determinó que no se siguió el debido proceso y se ordenó su inmediata liberación, con lo cual el consejo contribuyó a detectar deficiencias en la operación del SJPA en la etapa de investigación inicial.
Respecto de la solución de controversias, de los 12 mil 855 imputados vinculados a proceso, en 2017, en el 38.1% de los casos, el CJF autorizó el empleo de soluciones alternas y formas de terminación anticipada, de los cuales el 2 % correspondió a un acuerdo reparatorio y el 33.7% a una suspensión condicional del proceso.
En cuanto a la terminación anticipada mediante procedimiento abreviado, 64.3% de los imputados renunciaron a su derecho de juicio oral a efecto de recibir una pena más corta. La Auditoría estipula que “debido a lo anterior se permite comprobar que a un año y medio de la puesta en operación del SJPA los involucrados en el proceso de procuración de justicia han empleado las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada, y no se entiende al juicio como único medio de solución de conflictos”.
Otra de las irregularidades que detectó la ASF fue en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ahí se registraron 31 mil 994 campos para la programación y realización de audiencias iniciales; 16 mil 816 correspondieron a fechas programadas para el mismo número de imputados y 15 mil 178 para las realizadas. Respecto de las programadas, en el 11.1% de los casos existieron errores de captura, y en cuanto a las realizadas, el 8.3% presentó errores, lo que limita su utilidad como herramienta para el registro y control de la operación del SJPA. Para 2018, se acreditó la realización de pruebas a fin de detectar y corregir estos errores.
También se identificó que en hubo 15 mil 178 personas a las que se les imputó la comisión de algún delito, de ellas el 84.7% se aportaron datos por el Ministerio Público Fiscal fueron válidos y suficientes para la vinculación a proceso mientras que para el 15.3% se ordenó la conclusión de la investigación inicial y su inmediata liberación, lo cual evidencia que persisten deficiencias en la operación del SJPA para la recolección de indicios por parte de los primeros respondientes y del MPF en esta etapa de la investigación.
La Auditoría Superior de la Federación sugiere en la recomendación que el Consejo de la Judicatura Federal diseñe e implemente su operación con base en un presupuesto basado a resultados, mediante el establecimiento de indicadores que le permitan evaluar su desempeño para y reducir los tiempos de proceso, a fin de contribuir a lograr una procuración de justicia pronta, completa e imparcial, mediante la operación del SJPA.
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