En el año que comenzó la pandemia de COVID-19 en el mundo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó fallas en la vigilancia epidemiológica del país.
Como resultado de estas fallas, la morbilidad y mortalidad por cada 100 mil habitantes de 34 enfermedades (22.7 por ciento) de las 150 sujetas a vigilancia epidemiológica aumentaron de 2013 al 2019 y en 59 (39.3 por ciento) la Secretaría de Salud no dispuso de datos de todos los años para conocer su evolución.
Tan solo en 12 enfermedades (ocho por ciento) no se registraron casos nuevos y para 45 (30 por ciento) disminuyó.
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En la lista de las 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica se encuentra la diabetes mellitus (tipo II) catalogada como una comorbilidad que hace más vulnerables a pacientes que se contagian con el coronavirus SARS-CoV-2.
En 2013, se detectaron 7 mil 656 casos de diabetes tipo II, una incidencia de 17.5 casos por cada 100 mil habitantes. En 2019, la enfermedad registró un crecimiento acelerado resultando diagnosticadas casi medio millón de personas (438 mil 393), es decir, una incidencia de 419 casos por cada 100 mil habitantes.
+438 mil
Si bien el aumento en los casos de diabetes tienen que ver en gran medida con los hábitos alimenticios de la población mexicana, también es responsabilidad de las autoridades implementar políticas de prevención.
Al respecto, la ASF concluyó que la Secretaría de Salud, con la participación del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no definieron mecanismos para que la información que recolectaron pueda ser utilizada para tomar decisiones referentes a la prevención y control de las 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica a fin de proteger la salud de las más de 126 millones de personas que habitan el país.
Esto a pesar de que para 2019 el presupuesto para dicha vigilancia fue de 553 millones 252 mil pesos.
+533
Una de las principales anomalías que detectó la ASF fue que en 2019 el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) debía de sesionar pero no lo hizo. Además, el Comité emitió 15 avisos epidemiológicos sobre padecimientos que ponían en riesgo la seguridad nacional en materia de seguridad pública, pero no se acreditó ni cuándo ni cómo se difundieron.
La Secretaría de Salud federal además no estableció mecanismos de coordinación con los Laboratorios Estatales de Salud Pública pero sí transfirió más de 88 millones de pesos a las 32 entidades federativas para la vigilancia epidemiológica pero sin sustentar las necesidades de salud de la población de cada entidad como se establece en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Epidemiología.
Finalmente, la ASF detectó que el Cenaprece no acreditó que en 2019 hubiera implementado acciones de prevención, atención y control oportuno de urgencias epidemiológicas.
