ASF halla anomalías en manejo del fideicomiso de derechos humanos y periodistas

De acuerdo con la ASF, este fideicomiso está bajo el control de la Secretaría de Gobernación (Segob); no obstante, estuvo repleto de irregularidades
Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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A través de un reporte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comunicó que se hallaron distintas anomalías en el manejo de los recursos del fideicomiso destinado para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con la ASF, este fideicomiso está bajo el control de la Secretaría de Gobernación (Segob); no obstante, dicho fondo estuvo repleto de irregularidades en cuanto a su manejo de recursos.

Por ejemplo, en el año 2018 se destinaron con 337.4 millones de pesos para RCU Sistemas, S.A. de C.V., 335.6 millones de pesos se utilizaron en el mecanismo de protección; 1.7 mdp a honorarios fiduciarios; así como 0.1 mdp a honorarios de auditoría externa. 

Entre los servicios solicitados a RCU Sistemas, S.A. de C.V. se encuentran la instalación de cámaras de seguridad de vigilancia, refugios de seguridad, vehículos, escoltas y equipo de telefonía satelital, además de otros.

No obstante, esta entidad fiscalizada no contaba con los criterios fundamentados en el en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público para para efectuar las adjudicaciones directas.

Tampoco se acreditó que las empresas a las que les solicitaron cotizaciones, se encontraban relacionadas con los servicios a contratar. Cabe señalar que RCU ha otorgado los servicios para atender las medidas del mecanismo de protección desde el año 2014”, señaló la ASF.

La institución reveló también que no hubo evidencia en cuanto a elaboración de informes, productos o resultados por parte de RCU.

Además, aunque la Segob solicitó los servicios de esta empresa en dos fideicomisos (10232 y 10233) por 368.1 mdp, la compañía en su Declaración Anual del Ejercicio 2018 presentó ingresos netos por 331.4 millones de pesos.

“Durante el ejercicio 2018 se efectuaron erogaciones por 0.3 millones de pesos por concepto de pago compensatorio de becas a 2 beneficiarios; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia del Acuerdo que autorizó el pago”, concluyó.

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