La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó ayer la entrega de los informes de la Cuenta Pública del 2016 en la que revisó una parte del gasto del dinero público en ese año.
En total, realizó mil 865 auditorías; 7 de cada 10 fueron hechas a estados y municipios. La Auditoría emitió 10 mil 346 observaciones.
Tan solo en el gasto federalizado que el Ejecutivo entrega a los estados —vía gasto programable y participaciones federales—, la ASF detectó irregularidades en 98 mil 102 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe General de la Cuenta Pública del 2016, las principales entidades con observaciones son Veracruz, con 22 por ciento; Nuevo León, con 17.4; y Morelos, con 16.1 por ciento
Las razones por las que la ASF detectó irregularidades son porque no hay documentación comprobatoria de esos gastos (27.5 por ciento) y porque los recursos no fueron ejercidos (25.8 por ciento).
El Informe fue entregado a la Cámara de Diputados por Juan Javier Pérez Saavedra, encargado de despacho de la ASF.
Pérez Saavedra quedó a cargo de la Auditoría desde el 1 de enero pasado, cuando terminó el periodo de Juan Manuel Portal sin que la Cámara de Diputados eligiera a su sucesor.
En su mensaje ante los legisladores, el encargado de la ASF señaló que de la Cuenta Pública del año 2016 se han recuperado solamente 7 mil 896 millones de pesos.
7, 896
“Desde la fiscalización de la Cuenta Pública del 2001, se reportan recuperaciones por más de 123 mil millones de pesos”, expuso Pérez Saavedra.
El monto de lo recuperado podrá aumentar en los próximos meses, pues los entes observados todavía pueden corregir una mala situación.
Los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quienes recibieron el Informe de la Cuenta Pública 2016, coincidieron en la urgencia de nombrar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación a la brevedad, nombramiento que se encuentra empantanado desde diciembre pasado por la falta de acuerdos entre las bancadas.
Irregularidades bajo la lupa
El encargado de la ASF señaló que se han detectado una serie de riesgos para el país, pues en estas áreas se han detectado la mayor parte de las observaciones que tienen un impacto en la vida social y económica de México.
El primero se trata de las contrataciones que se realizan en los entes públicos, pues se realizan en un “ambiente de excesiva discrecionalidad” que propicia que haya irregularidades.
“No se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, sostiene la Auditoría Superior.
El caso más grave en el pasado ha sido el de los contratos otorgados a las universidades públicas, afirmó Pérez Saavedra, pero ya en la Cuenta Pública del 2016 se detectó también que se utilizan estos mecanismos en empresas paraestatales de los estados y de la propia Federación.
Una segunda área de riesgo es la obra pública. Y dentro de ella, se han detectado cuatro causas de deficiencia: problemas de planeación y programación de los trabajos; debilidades técnicas; insuficiencias económicas; y fallas de ejecución.
8%
La ASF alertó sobre la complejidad de la revisión del gasto de los recursos ejercidos bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), por lo que llamó a los legisladores a modificar la Ley de Obras y la Ley de APP para mejorar los procesos de transparencia.
El tercer factor de riesgo es el esquema de gobernanza de las empresas productivas del Estado, Pemex y la CFE.
Pérez Saavedra explicó que existe un problema con el gobierno de estas empresas pues aunque su fin es obtener una utilidad que beneficie al país, se toman decisiones que van en una ruta distinta.
El Informe fue entregado a la Cámara de Diputados por Juan Javier Pérez Saavedra, encargado de despacho de la ASF
Por ejemplo, se adquieren complejos industriales no vinculados directamente a los objetos sociales de estas empresas, en condiciones desfavorables o con costos de reparación irrecuperables, como ocurrió con las plantas de fertilizantes agronitrogenados.
También se detectó que se enajenan activos que son rentables y productivos para superar problemas temporales de liquidez —como la venta de gasoductos-; o que se realizan contrataciones de servicios a sobreprecio o para dar servicios a precios muy bajos.
Otra área de riesgo es que al limitar a los estados su capacidad de endeudamiento, también se hizo del manejo de fondos federales —por ejemplo, la Federación paga ahora directamente el salario de los maestros—, con lo que se disminuye su capacidad de manejo financiero.
La ASF agregó que los padrones de los programas gubernamentales como otra área de riesgo para el país, pues la información se encuentra dispersa y no es posible detectar duplicidades o abusos en el reparto de recursos públicos.